La acusación popular en el caso abierto por el ‘procés’ en el Supremo, que ejerce el partido Vox, pedirá que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, testifique ante el tribunal si sus explicaciones al juez sobre su negación de que haya habido malversación para pagar el 1-O no les satisfacen. Los letrados Javier Ortega y Pedro Fernández, en representación de Vox, han hecho este anuncio a los medios de comunicación en una comparecencia celebrada ante la sede del Supremo.

Consideran que la gravedad del delito de malversación cometido en el proceso soberanista impulsado por políticos y líderes sociales en Catalunya, que según un informe que obra en manos del juez se acerca a los dos millones de euros, es comparable con la gravedad de las manifestaciones del ministro Montoro negando ese mismo delito.

Montoro ha dejado a España en una posición complicada en el ámbito internacional, han señalado. De hecho, el juez del caso del ‘procés’ en el Supremo, Pablo Llarena, le pidió ayer por escrito al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que explique “a la mayor brevedad posible” por qué considera que no se utilizó dinero público para el referéndum independentista del día 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

En una providencia el magistrado explicaba esta decisión en que varios procesados han declarado ante él que Montoro expresó “su certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017”.

Ello contradice las fuentes de prueba del sumario, decía el juez, que ha procesado a varios de los implicados por el delito de malversación, consistente precisamente en la utilización de dinero público en fines ilegítimos, por ejemplo el citado referéndum.

Ahora la acusación popular baraja que, si estas explicaciones al juez no le parecen válidas, pedirán que venga como testigo o, incluso si se pone de manifiesto que no ha cooperado con la causa en tanto que último responsable de la Hacienda catalana en aplicación del control sobre la Generalitat derivado del artículo 155 de la Constitución, podrían llegar a las acciones penales contra él.

Si las explicaciones no bastan “estudiaremos además posibles acciones penales por dejación de funciones o incluso falsedad por parte del ministro, en una actuación que consideramos intolerable”, ha señalado Ortega.

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