Unidos Podemos y sus confluencias han presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que insta al gobierno a renunciar a una nueva licitación de las autopistas de peaje cuyas concesiones prescriben entre 2018 y 2021, una situación que afecta, explicaron los diputados Irene Montero, Yolanda Díaz y Antón Gómez-Reino, al 70% de las que se explotan bajo este régimen en España. Se trata de más de 1.000 kilómetros de autopistas de peaje de competencia estatal que terminarán su período concesional antes de agosto de 2021 y, por lo tanto, volverán a manos públicas, tanto su propiedad como su gestión.

Al mismo tiempo, la proposición también reclama que se cancelen los pasos que el ministerio de Fomento está dando para la reprivatización de las radiales quebradas que tuvieron que ser rescatadas con dinero público, merced a unas cláusulas que los gobiernos autonómicos del PP que las impulsaron habían firmado, y por las que las pérdidas debían ser asumidas integramente por el erario en caso de quiebra, asegurando el riesgo cero de la operación de las compañías privadas.

La AP-7 podría ser gratuita entre 2019 y 2021, salvo si el Gobierno realiza una nueva concesión

La primera medida afectaría a las autopistas de peaje AP-6 (Villalba-Adanero) –contra cuyo concesionario, Iberpistas (Abertis), hay abierto un expediente en el Ministerio de Fomento por la gestión de la nevada del pasado fin de semana y cuya consejera y ex ministra socialista, Elena Salgado, estaba precisamente ayer en el Congreso declarando en la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera–, cuya concesión expira el 29 de enero de 2018; la AP-1 (Burgos-Armiñán), que revierte el 30 de noviembre de 2018; la AP-7 (Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante) y la AP-4 (Sevilla-Cádiz), todas ellas prescriben el 31 de diciembre de 2019; y, finalmente, la AP-7 (tramos Montmeló-La Jonquera, Barcelona-Tarragona, y Montmeló-El Papiol) y la AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo), cuyas licitaciones decaen el 31 de agosto de 2021.

En cuanto a las radiales en bancarrota y tras cuyo rescate Fomento había comenzado los trámites para devolverlas a manos privadas, se trata de nueve tramos: la R-2 (Madrid-Guadalajara), la R-3 (Madrid-Arganda), la R-4 (Madrid-Ocaña) la R-5 (Madrid-Navalcarnero) el Eje Aeropuerto de Barajas T-4 (M-12), la AP-41 (Madrid- Toledo), la AP-36 (Ocaña-La Roda), otro tramo de la AP-7 (Cartagena- Vera) y la circunvalación de Alicante.

Antón Gómez-Reino subraya que todas las autopistas del peaje son fruto de dos gobiernos muy concretos: “El de Franco y el de Aznar”

Los diputados del grupo confederal recordaron que unas y otras autopistas privatizadas proceden de dos periodos políticos muy concretos, el franquismo (el primer grupo) y el aznarismo (el segundo), explicó Antón Gómez-Reino. La diputada gallega Yolanda Díaz explicó que ya es hora de asumir el derecho a la movilidad de todos los españoles por vías de alta capacidad” y aludió, además, a la afectación del modelo de peajes en el sector de los transportistas.

El grupo es partidario de, una vez recuperada la titularidad de estas vías, suprimir los peajes. Pero insisten en que no es momento para reprivatizarlas, toda vez se ha demostrado, sostienen, que la gestión privada no ofrece ninguna mejora en la calidad del servicio, como quedó claro el pasado fin de semana, cuando los accesos norte a Madrid de pago (la autopista del Guadarrama y sus ramales procedentes tanto de Ávila como de Segovia) quedaron cerrados durante casi 20 horas, mientras que la autopista de Burgos (A-1) de titularidad pública, permaneció abierta al tráfico, pese al mal tiempo, durante todo el fin de semana.

“No se trata de negociar con las concesionarias”; insistió la portavoz del grupo, Irene Montero, “sino de no renovar las concesiones que concluyen, y de mantener como públicas las autopistas que ya han sido rescatadas”. “La línea de actuación es clara”, se explica en la proposición no de ley: “estamos ante la oportunidad de acabar con la anomalía de los peajes, con la privatización de parte de las infraestructuras de transporte terrestre, definiendo una red pública que debe ser gestionada de forma única, acabando con los agravios tanto a los territorios como a las usuarias y usuarios, con las tarifas abusivas y la mala gestión de las grandes empresas del sector, dando por terminado un modelo de negocio que nace en el franquismo y tiene su remedo en el neoliberalismo de amiguetes de Aznar”.

La propuesta tiene forma de proposición no de ley toda vez que la potestad para reprivatizar las autopistas quebradas y realizar una nueva licitación de las que expiran es del Gobierno.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.