En la España democrática del siglo XXI sigue habiendo títulos nobiliarios dedicados a homenajear a quienes protagonizaron los peores crímenes de la guerra y la posterior dictadura. Las distinciones fueron otorgadas en su día, con carácter perpetuo y hereditario, gracias a una ley promulgada por el propio Franco en la que anunciaba su intención de agradecer así las “acciones heroicas” desarrolladas durante “nuestra cruzada”.

Setenta años después de la promulgación de esa legislación franquista y a pesar de que el dictador lleva más de cuatro décadas bajo una losa, un sobrino del fundador del partido fascista español ostenta el tratamiento de Duque de Primo de Rivera, un nieto del Carnicero de Sevilla posee el Marquesado de Queipo de Llano y un hijo del general que perpetró, entre otras, la masacre de Badajoz mantiene el título de Marqués de San Leonardo de Yagüe.

No son tres casos excepcionales. De los cuarenta Ducados, Condados y Marquesados otorgados graciosamente por Franco –algunos han decaído aunque podrían ser rehabilitados en cualquier momento–, unos treinta recayeron en algunos de sus compañeros de rebelión. La nobleza franquista tiene apellidos tan innobles como los de los generales golpistas Saliquet, Varela, Dávila o Vigón.  

En otros casos, los nombres de los títulos aportan una importante carga simbólica como el Condado del Alcázar de Toledo, concedido en honor del general Moscardó, o el del Castillo de la Mota en agradecimiento a Pilar Primo de Rivera, presidenta de la Sección Femenina, por haber estimulado, según se explicó en el decreto de otorgamiento, “las tradicionales virtudes de la mujer española”.

Muchos de estos títulos quedaron vacantes por la muerte de sus titulares durante el actual periodo democrático. Sin embargo, desde el primer ejecutivo de Adolfo Suárez al último de Mariano Rajoy, pasando por los de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, todos los gobiernos autorizaron a los descendientes de los golpistas a heredar el ducado, marquesado o condado otorgado en su día por el ‘Generalísimo’.

Francisco Franco saluda al ministro de Marina, Adolfo Baturone, durante una recepción en el salón del Trono del palacio de Oriente, en octubre de 1971. Detrás, el ministro del Ejército, Juan Castañón de Mena.

Francisco Franco saluda al ministro de Marina, Adolfo Baturone, durante una recepción en el salón del Trono del palacio de Oriente, en octubre de 1971. Detrás, el ministro del Ejército, Juan Castañón de Mena. EFE

Ignorando a las víctimas y sin reformar la ley

Dos de los ministros de Justicia de Felipe González, Tomás de la Quadra-Salcedo y Enrique Múgica, no dudaron en estampar su firma para garantizar a los Primo de Rivera su “derecho” a ostentar el Condado del Castillo de la Mota y para que un nieto del General Vigón pudiera mantener el Marquesado concedido a su abuelo en 1955 por su contribución “al triunfo de las Armas Nacionales (…) durante la Cruzada”.

Más recientemente, el también socialista Mariano Fernández Bermejo bendijo la sucesión en dos marquesados, los de Mola y Somosierra, creados por el dictador en memoria del general Mola y de su mano derecha en la sublevación militar, el también general Francisco García Escámez.

Tras el cese de Fernández Bermejo, su sucesor en la cartera de Justicia, Francisco Caamaño, fue el único que decidió archivar en un cajón las peticiones de sucesión que le fueron llegando. Cuando el PP ganó las elecciones en 2011 y Alberto Ruiz Gallardón fue nombrado ministro del ramo, las solicitudes volvieron a ponerse sobre la mesa para ser tramitadas con la mayor rapidez y diligencia. Hasta seis sucesiones de títulos nobiliarios franquistas fueron expedidos por Gallardón. Entre ellos algunos tan simbólicos como los marquesados de Queipo de Llano, Varela o Dávila.

Izquierda Unida y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) llevan años alzando la voz contra la pervivencia de estas altas distinciones que consideran contrarias al más mínimo espíritu democrático. Emilio Silva, presidente de la ARMH, cree que “el hecho de que todos los gobiernos de la democracia hayan aceptado renovar estos títulos concedidos a golpistas, criminales de guerra y violadores de los derechos humanos, es un síntoma de cómo la transición a la democracia fue una puerta giratoria por la que la élite franquista siguió siendo élite de la democracia”.

Por su parte, los juristas consideran que el momento para haber acabado con la “Nobleza de Franco” fue la Ley de Memoria Histórica: “Legalmente puede haber duda de que constitucionalmente se pueda hacer, ya que se trata de tomar una medida con efectos retroactivos”, afirma el experto en derecho nobiliario Álvaro López Becerra. “En cualquier caso al no hacer referencia alguna en la Ley de Memoria Histórica, las sucesiones seguirán adelante, como se viene haciendo desde hace siglos con el resto de títulos nobiliarios”.

Siglos de Nobleza, con un breve paréntesis republicano

Un mes y medio. Ese es el tiempo que tardó la II República en acabar con el privilegio que supuso, durante siglos, ostentar un título nobiliario en España. El presidente Niceto Alcalá Zamora firmó el 1 de junio de 1931, seis semanas después del fin de la Monarquía, un decreto en el que se anunciaba que, desde ese día, no se concedería “ningún título ni distinción nobiliaria” ya que, según se argumentaba, representaban  una “reminiscencia de pasadas diferenciaciones de clases sociales”.

La medida no incluía la retirada de los títulos existentes hasta ese momento, pero sí los vaciaba de todo contenido: “no conllevarán anejo ningún derecho, opción a cargo ni privilegio de cualquier clase que sea (…)”. En diciembre, la Constitución solemnizó el cambio en su artículo 25: “El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios”.

Cinco años después, el Golpe de Estado liderado por Franco revirtió la situación. Ya durante la guerra, los sublevados recuperaron en los documentos oficiales el tratamiento de marqués, conde o duque para los miembros de la antigua Nobleza. Aún así, no fue hasta mayo de 1948 cuando el ya dictador promulgó una ley que restablecía la legalidad vigente anterior a 1931 en materia de “Grandezas y Títulos del Reino”.  

El tirano se autoadjudicó “la gracia y las prerrogativas” de dar y quitar unos títulos nobiliarios que, según se decía en la Ley, “se han respetado y conservado secularmente, pues el pueblo español, amante siempre de sus tradiciones, en ningún momento dejó de reconocer e identificar a sus titulares con las dignidades que ostentaban”. Para el nuevo régimen el objetivo era doble: “mantener vivo el perenne recuerdo de las grandes glorias de la nación, a la par que expresar su gratitud a aquellas personas que le han prestado servicios relevantes”. Servicios que, por si alguien tenía alguna duda, provenían, según el texto legal, de las “acciones heroicas” de “nuestra Cruzada”.

Franco utilizó por primera vez su prerrogativa en 1948 y lo hizo con un decreto cargado de simbolismo. Lo firmó el 18 de julio y eligió a cuatro nuevos nobles muy conocidos: el líder del partido fascista español, José Antonio Primo de Rivera; el líder conservador asesinado por republicanos en 1936, José Calvo Sotelo; el general que dirigió el Golpe de Estado, Emilio Mola; y el “héroe” de El Alcázar, José Moscardó.

A partir de ahí empezó un goteo que benefició a militares, políticos y empresarios y en el que apenas se colaron nombres honorables. El Ducado de Carrero Blanco en memoria del penúltimo presidente del Gobierno de la dictadura y el de Ramiro de Maeztu fueron los últimos títulos otorgados por Franco, poco antes de morir y de ser enterrado como el gran emperador que siempre quiso ser.

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