Teodora es una mujer de El Salvador de 34 años que acaba de salir de prisión. Hace dos meses. Allí pasó los últimos once años de su vida. Alejada de los suyos y de su hijo que entonces tenía tres años. Entre rejas. Como una criminal. Su delito fue que su cuerpo de manera natural diera a luz a un hijo muerto. Aquel fatídico viernes 13. Era julio del 2007. Aquel trágico día que, embarazada de nueve meses, fue a trabajar al Liceo Canadiense. Aquel día que empezó a sentirse mal y llamó a emergencias porque sentía que su bebé estaba a punto de nacer.

Nadie la ayudó. Nadie se presentó a auxiliarla. Teodora tuvo que salir a la calle y allí dio a luz, medio mareada. Como pudo. En plena calle, sin asistencia. Al alumbrar a su hijo, sin embargo, no escuchó llanto alguno. Perdió mucha sangre y mientras se desmayaba sabía que aquello no iba bien. El niño no lloraba. La policía se presentó en el lugar y en vez de socorrerla la arrestó.

Vieron el feto sin vida. “Vos lo habéis matado”, le dijeron. La esposaron y la trasladaron a comisaría. Perdió la conciencia y cuando despertó estaba engrilletada a la pata de la cama. Su delito fue que su bebé nació muerto. Le imputaron los cargos de homicidio con agravante de parentesco. Como si ella lo hubiera matado. No era sólo el trauma de perder a un hijo recién nacido sino que además en ese momento tenía que afrontar la acusación más grave. En El Salvador la interrupción del embarazo está tipificado en el código penal y castigado con penas de 30 años de cárcel.

“Las mujeres que llegamos a la cárcel por dar a luz a un bebé que nace muerto o por un aborto no tenemos voz, nadie nos escucha”, denuncia la mujer. “En el centro penitenciario no nos hacen caso porque somos personas que hemos matado a nuestros bebés”. Teodora habla con una firmeza pasmosa a pesar de pasar tantos años bajo el yugo de la injusticia. Es inocente aunque su país no la considere así. “Mi inocencia no ha sido comprobada, para mi nación sigo siendo culpable, sigo siendo la mujer que mató a su hijo”.

Tras once años reclusa en un centro de San Salvador, la Agrupación Ciudadana para la despenalización del aborto de El Salvador, que cuenta con la colaboración del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, se interesó por su caso y presentó un recurso de indulto en el 2016 que finalmente culminó en su liberación el febrero pasado. Logró que le conmutaran la pena, aunque no fue declarada inocente.

Como Teodora hay otras 25 mujeres en esta situación. Encerradas por perder a sus hijos o por abortar. Todas ellas son pobres, sin recursos para pagarse un buen hospital o un buen abogado. La ley castiga a los médicos que no avisen a las autoridades en caso de detectar un posible caso de aborto pero esto en la práctica solo ocurre en los hospitales públicos. No hay ninguna mujer presa que fuera asistida en un centro privado. La discriminación no es sólo una cuestión de género sino también una cuestión social. La falta de recursos imposibilita y golpea de lleno a las mujeres con menos recursos. Como Teodora, son empleadas domésticas, mujeres de zonas rurales, con poca educación.

La abogada de la Asociación Bertha de León avisa que estas mujeres “en lugar de recibir la asistencia médica y la atención psicológica que necesitan para superar el trauma, son alertadas al sistema de penal y son esposadas. Muchas no entienden que está pasando, porque están convalecientes en una cama, con la presión baja. Muchas no llegan a comprender que están procesadas por uno de los delitos más graves de El Salvador”.

Teodora luchó desde la cárcel para formarse y buscar un halo de luz entre tanta injusticia. En su camino se cruzó la Agrupación por la Despenalización del Aborto, que combate este tipo de abusos. El código penal fue modificado en El Salvador en 1997 endureciéndolo hasta tal punto que la interrupción del embarazo quedó prohibida en cualquier supuesto. La legislación en vez de avanzar sufrió un retroceso. Ya no importaba que hubiera violación, incesto, malformación del feto o riesgo para la vida de la madre, nada está justificado.”Queremos denunciar públicamente en todo el mundo esta situación. No es un tema de libertad, es un tema de vida”, avisa la asociación.

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