A la espera del informe de los letrados del Parlament de Catalunya, el Gobierno de Mariano Rajoy ya tiene el suyo sobre una posible investidura telemática o delegada elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno. Además, desde el Partido Popular, así como las otras formaciones del bloque del 155 ya han afirmado que recurrirán cualquier intento de investidura del líder de Junts per Catalunya y expresident sin estar presente en la cámara catalana, ya sea a través de una pantalla o delegando el discurso en un diputado de su formación.

En el informe, al que ha tenido acceso La Vanguardia, los servicios jurídicos detallan que la normativa de la cámara y el Estatut exigen la presencia del candidato en el hemiciclo autonómico.

“El propio reglamento (del Parlament) no contempla la posibilidad de una presentación no presencial y no cabe por el carácter personalísimo del acto de presentación”, afirma el Ejecutivo en el documento, refiriéndose al artículo 146.1.

“La sesión de investidura del president de la Generalidad se inicia con la lectura, efectuada por uno de los secretarios, de la resolución del presidente del Parlament en la que propone un candidato a la presidencia. A continuación, el candidato presenta, sin límite de tiempo, el programa de gobierno y solicita la confianza del Pleno. Salvo que el presidente del Parlamento considere oportuno suspender la sesión por un tiempo no superior a las veinticuatro horas, interviene a continuación un representante de cada grupo parlamentario, durante treinta minutos cada uno”, recoge el artículo mentado en el primer punto. En el segundo, otorga al candidato los turnos de réplica que necesite.

Además, el informe señala que el Estatuto de Autonomía de Catalunya establece además en su artículo 73.2 que el Parlament puede requerir la presencia del Govern y de sus miembros en el pleno y en las comisiones, en los términos que establece el reglamento de la cámara.

Así las cosas, el candidato a la presidencia de la Generalitat pretende formar un Gobierno cuyos miembros tienen la obligación de acudir presencialmente al Parlament cuando sean requeridos a ello, por lo que no cabe entender -en opinión del Ejecutivo- que no sea capaz de presentarse físicamente en el momento en que solicita la investidura de la Cámara.

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