Jueves, 7.30 de la mañana. No ha amanecido aún en Valladolid.  Dos familias velan a sus muertos en el tanatorio El Salvador. Las salas están en silencio y nada interrumpe el duelo. Está a punto de desplegarse una operación policial sin precedentes en una empresa funeraria. A algunos agentes se les ha citado muy temprano sin detallarles el destino ni su cometido.

A las 8:10 seis vehículos de la policía irrumpen en el aparcamiento: de ellos salen decenas de agentes con chalecos amarillos. Una furgoneta con antidisturbios flanquea el dispositivo. La orden judicial de entrada y registro es el último trámite de una investigación por estafa que apunta a un fraude millonario. Se ha bautizado como Operación Ignis, aludiendo al dios del fuego, y en el sumario abundan las evidencias de que la empresa ha estado cambiando los ataúdes antes de incinerarlos para sustituirlos por cajas de peor calidad y revenderlos.

Es el desenlace de una investigación que arrancó en 2017 y en la que ha colaborado activamente la Agencia Tributaria. En el centro de todo, el Grupo Salvador, líder en pompas fúnebres en Valladolid capital y la provincia. Dos de sus sociedades mercantiles están implicadas. Los investigadores sospechan que habría estafado a un número de clientes todavía por determinar.

En la mesa del juez hay indicios de que el grupo de tanatorios ha estado vendíendo féretros de maderas nobles, de los que se sacaba a los fallecidos justo antes de incinerarlos para introducirlos en ataúdes más baratos. Los féretros más lujosos se salvaban del fuego para revenderlos a otras familias. Eso es lo que detallan los informes policiales.

Ahora decenas de agentes y dos funcionarios de aduanas de la Agencia Tributaria toman el tanatorio de Valladolid para registrar exhaustivamente todas las oficinas, hacer volcados informáticos, recuperar archivos en papel y decomisar discos duros. Buscan pruebas de un fraude que se remonta 20 años atrás y que los investigadores cifran en “millones” de euros sin afinar cantidades. En el despliegue se mezclan agentes de distintos grupos, Policía Científica, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Homicidios, Delitos Tecnológicos… y sólo algunos mandos estaban al tanto de la operación. 

Durante las dos primeras horas, con el edificio semivacío, los agentes trabajaron con rapidez mientras los empleados de la empresa intentaron mantener la calma. La instalación no se precinta durante los registros: más familiares siguen llegando para velar a sus seres queridos.  “No pasa nada, es rutinario”, tratan de despejar cualquier sospecha los trabajadores de la empresa, algunos con el gesto desencajado.

Los teléfonos fijos de El Salvador suenan sin parar. Algunos de los empleados admiten en voz baja que lo que se hacía con los féretros en las cremaciones no era un gran secreto en la empresa.

Sospechas de que también se revendían las flores

La desconfianza se instala entre los familiares que tratan de que se respete su duelo. Varios deciden abandonar el tanatorio con las coronas que habían encargado para sus fallecidos.

Hasta las flores están bajo sospecha. Los investigadores dan por hecho que no solo se reciclaban las cajas, también los ramos y centros se revendían a varias familias. 

Se producen las primeras detenciones: dos de los trabajadores que supuestamente participan en el traslado de los cadáveres y son sospechosos de los cambiazos. Uno de estos empleados reside en el mismo complejo y los agentes lo arrestan en su casa, pasadas las 11 de la mañana, recién levantado de la cama. Su mujer, explicaron fuentes del caso, se despachó con una cascada de insultos hacia su marido. “Es que eres bobo, es que eres tonto”, le repetía. El hombre, azorado, se disculpó ante los agentes por la actitud de su esposa. El resto de detenciones, hasta 15 se efectuaron en cuatro domicilios, en la funeraria que El Salvador tiene junto a los juzgados de Valladolid y otro tanatorio en una localidad próxima.

Entre los detenidos están el matrimonio dueño de Grupo Salvador y dos de sus hijos. La hija menor, que suele estar al frente del tanatorio de Valladolid, no fue detenida, aunque pasó toda la mañana facilitando documentación a los agentes así como la entrada de los otros edificios del complejo: el viejo tanatorio, la parte trasera de la capilla, y otra zona de oficinas.

A media mañana acompañada de un abogado recurrió a un experto en comunicación empresarial para atender a la prensa. El comunicado llega por la tarde y alude al supuesto chantaje de un extrabajador. 

Varios agentes pidieron acceder al horno crematorio del tanatorio de Valladolid. Los registros pronto se extendieron a otras instalaciones de la empresa: en Santovenia de Pisuerga se produjeron nuevas inspecciones.

Del tanatorio de Valladolid siguieron saliendo cajas de documentación durante toda la jornadas. Tres secretarias judiciales supervisaban la operación.

A pesar de que ya han trascendido las 14 detenciones, todas vinculadas al Grupo El Salvador, la empresa de tanatorios niega cualquier tipo de ilegalidad en una nota remitida a los medios. El comunicado defiende que en 2017 la empresa sufrió  un “chantaje económico” por parte de un ex trabajador que reclamaba “diversas cantidades económicas a cambio de no revelar determinadas prácticas irregulares que él, supuestamente, habría cometido”.

“Ante la grave acusación e irrealidad de los hechos objeto de chantaje” Grupo El Salvador, presentó una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía por un “posible delito de extorsión” y se incoaron unas diligencias previas que acabaron en un juicio en el que el ex trabajador, jubilado de la empresa en febrero 2015, fue condenado “como autor de un delito de extorsión a la pena de un año de prisión”. 

Según el relato de la empresa funeraria, aquella sentencia “indicaba textualmente que el acusado chantajeó a la empresa, con el objetivo de que fuera mejorada su pensión de jubilación, y sin que en la citada sentencia se determinará actuación irregular alguna por parte de la empresa”. El Grupo El Salvador reconoce a continuación que las actuaciones judiciales ahora en marcha “son una pieza separada” del anterior procedimiento judicial y “fruto de la denuncia interpuesta anteriormente por  el  Grupo El Salvador”. En ese primer procedimiento, añade la nota, se personaron como acusación particular “con el firme propósito del esclarecimiento de los hechos y depurar responsabilidades, que en su caso, pudieran derivarse”.

El comunicado finaliza aludiendo a los “rigurosos controles que aseguran y garantizan  la total transparencia en los procesos de incineración, con el objetivo de que sus clientes tengan la tranquilidad de que se cumple su voluntad en el servicio que se ofrece. Todos los crematorios del Grupo El Salvador cuentan con salas desde la que los familiares pueden ver cómo el ataúd entra en la zona de cremación”.

El juzgado, la fiscalía y los investigadores de la Policía, ajenos a la nota de la empresa, siguen escrutando toda la documentación requisada en los tanatorios y cruzando datos con la Agencia Tributaria. La operación no está cerrada. Y los delitos que se imputan a los catorce arrestados son los de estafa continuada y pertenencia a organización criminal. El sumario ya no está bajo secreto reforzado. A última hora del jueves, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones convocó a la prensa para el viernes y explicar “los detalles de la operación”.

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