La Corte Suprema tiene este miércoles en sus manos el futuro del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el político más carismático y mejor valorado de Brasil según las encuestas, que se enfrenta a la posibilidad de terminar en la cárcel por corrupción.

El Supremo Tribunal Federal determinará si se acepta un hábeas corpus presentado por la defensa de Lula para evitar su encarcelamiento, tras haber sido condenado en segunda instancia a doce años de prisión. Si el recurso fuera aceptado, el expresidente podría permanecer en libertad mientras se tramiten las dos últimas apelaciones posibles, pero si fuera negado podría ir a la cárcel en cuestión de días.

La capital brasileña amaneció hoy con la seguridad reforzada, restricciones de tránsito y unos 4.000 policías en su zona centra

La capital brasileña amaneció hoy con la seguridad reforzada, restricciones de tránsito y unos 4.000 policías en su zona central, en previsión de incidentes por el anuncio del veredicto que determinará la suerte del expresidente.

Diversos grupos que respaldan la tesis de que Lula es objeto de una “persecución política” han anunciado que se manifestarán frente al Supremo hoy, pero también harán lo mismo aquellos que consideran a Lula culpable de corrupción y quieren verle tras las rejas.

Manifestantes colocan una pancarta en apoyo al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Espalanade de los Ministerios, en Brasilia Manifestantes colocan una pancarta en apoyo al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Espalanade de los Ministerios, en Brasilia (AP)

Para evitar posibles enfrentamientos, las autoridades decidieron que ambos bandos serán separados por vallas metálicas y tendrán un sitio particular para seguir las incidencias de la audiencia, en el área externa de la sede del Supremo.

También fue cerrado al tránsito la Explanada de los Ministerios, una céntrica avenida en la que se encuentran todos los edificios del poder público y en uno de cuyos extremos se encuentran el Palacio presidencial, el Congreso Nacional y la sede de la Corte Suprema.

Si el habeas corpus fuera negado Lula podría ir a la cárcel en cuestión de días

La sociedad brasileña sigue profundamente dividida un año y medio después de que la presidenta Dilma Rousseff fuera acusada y destituida de su cargo en medio de un escándalo de corrupción y una crisis económica.

Las tensiones aumentaron el martes por la noche cuando el comandante del ejército de Brasil intervino con tuits pidiendo a la corte que proteja la impunidad. Eso sacudió los nervios en todo Brasil, que soportó una dictadura militar de 1964-85 y tiene una larga historia de golpes que interrumpen los regímenes democráticos.

Concentración a favor del encarcelamiento de Lula en Sao Pablo el pasado martes Concentración a favor del encarcelamiento de Lula en Sao Pablo el pasado martes (Rodrigo Capote / Bloomberg)

El general Eduardo Villas Boas escribió que el ejército junto con “todos los buenos ciudadanos, repudia la impunidad y respeta la Constitución, la paz social y la democracia”. Villas Boas escribió que el ejército se mantendría en su papel constitucional. Pero los oficiales retirados han advertido que los militares no tomarán a la ligera al Tribunal Supremo, que ha rechazado casi todas las apelaciones similares en los últimos dos años, al dictaminar que Lula podría permanecer libre en la apelación.

El general de la reserva del ejército, Luiz Lessa, dijo el martes al periódico Estado de S.Paulo que los militares tendrían que intervenir si se permitía que Lula se convirtiera en candidato en las elecciones. El ejército dijo que esa era su opinión personal.

Una condena confirmada en apelación prohíbe a un candidato buscar un cargo electo durante ocho años

Una decisión del Supremo a favor de Lula sería un impulso para los esfuerzos del primer presidente de clase trabajadora de Brasil por salvar su carrera política de los escándalos de corrupción que han sacudido al sistema político y especialmente a su Partido de los Trabajadores, que ocupó la presidencia desde 2003 hasta mediados de 2016.

Pero no liberaría a Lula para postularse a la presidencia en octubre. Según las leyes electorales de Brasil, una condena confirmada en apelación prohíbe a un candidato buscar un cargo electo durante ocho años. Algunas exenciones se han hecho en el pasado, y la decisión final en el caso de Lula sería tomada por el máximo tribunal electoral de la nación, siempre y cuando Lula presente una solicitud para ser candidato.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reacciona durante un acto en defensa de la democracia hoy, lunes 2 de abril de 2018, en Río de Janeiro El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reacciona durante un acto en defensa de la democracia hoy, lunes 2 de abril de 2018, en Río de Janeiro (Antonio Lacerda / EFE)

Lula supervisó años de crecimiento robusto y caída de la desigualdad durante un boom de las materias primas y ha dicho que quiere postularse nuevamente para la presidencia en octubre.

Sus seguidores ven la condena como una estratagema para evitar que regrese al poder. El Partido de los Trabajadores dijo que los comentarios del comandante del Ejército ampliamente difundidos por los medios brasileños habían ejercido una presión indebida sobre la Corte Suprema para que dictaminara en su contra.

Lula está acusado de corrupción y lavado de dinero por favorecer a la constructora OAS a cambio de sobornos por valor de 3,7 millones de reales

En este proceso, Lula está acusado de corrupción y lavado de dinero por favorecer a la constructora OAS a cambio de sobornos por valor de 3,7 millones de reales (1 millón de dólares) en contratos con la petrolera estatal Petrobras que la empresa habría recompensado con un apartamento en la playa para el exmandatario. Lula fue declarado culpable en agosto y condenado a 10 años de prisión por ello. En enero, un tribunal de apelaciones confirmó por unanimidad su condena y aumentó la pena de prisión a 12 años.

Además, ya fue imputado en otros seis casos, en su gran mayoría por corrupción y vinculados con la Lava Jato, la operación que destapó una gigantesca red que desviaba recursos de Petrobras, la mayor empresa de Brasil.

El juez Sergio Moro, responsable de la Lava Jato, aceptó en agosto pasado la denuncia de la Fiscalía en un proceso en que Lula está acusado de corrupción y lavado de dinero por obras que constructoras favorecidas en contratos de Petrobras hicieron en una casa de campo frecuentada por la familia de Lula en la ciudad de Atibaia.

El exjefe de Estado también está acusado de recibir un terreno para levantar la sede del Instituto Lula y afronta una denuncia por un presunto intento de comprar el silencio de un exalto funcionario de Petrobras.

Lula fue imputado por facilitar supuestamente la financiación de obras de Odebrecht en Angola, recibir sobornos a cambio de prorrogar incentivos fiscales para fabricantes de vehículos e incluso liderar una “organización criminal” presuntamente organizada por el Partido de los Trabajadores (PT) y favorecer a una empresa sueca de aviones militares en una licitación.

Un tribunal de apelaciones confirmó por unanimidad su condena y aumentó la pena de prisión a 12 años

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