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La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha acusado al PP de lanzar «falsedades» sobre el contenido del proyecto educativo asegurando que el Gobierno no tiene intención de cerrar centros de Educación Especial, y ha minimizado el adoctrinamiento en los libros de texto frente a las críticas de Ciudadanos.

Lo ha dicho en el Pleno del Congreso al responder a una interpelación del PP para que explicara si la reforma educativa va a garantizar el derecho a una educación de calidad y a la libertad de enseñanza, y a una pregunta de Ciudadanos sobre qué hace para evitar el “adoctrinamiento ideológico” en los centros de toda España.

De los 60.000 libros de texto que hay en España, “apenas” un 0,2 % tienen un adoctrinamiento reconocido, ha aseverado Celaá, que ha recordado que ni las comunidades ni el Gobierno central “autorizan ni publican” esos manuales.  Se trata de un dato del gremio de editores de España, ha aclarado la ministra.

“Adoctrinamiento es insultar a los hijos de los guardias civiles, llamar a la huelga separatista en los colegios públicos, ridiculizar sistemáticamente lo español, manipular los libros de texto e imponer una lengua”, ha respondido el diputado de Ciudadanos. Si Albert Rivera gana las elecciones “no habrá paseítos románticos por la Moncloa con el supremacista Torra” y “no trabajará para que salgan militantes de nuestras escuelas”, ha añadido.

La titular de Educación ha explicado que, siguiendo la Constitución, el proyecto de ley educativo respeta las competencias y defiende del castellano y las lenguas cooficiales.

Durante su interpelación sobre su reforma educativa, Celaá ha asegurado: “este Gobierno no tiene ninguna intención de cerrar los centros de Educación Especial, ninguna”, “no habrá cierre de centros de educación especializada”. No obstante, la portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, le ha asegurado que las familias afectadas estaban “muy preocupadas” y que el próximo sábado se van a manifestar en alguna ciudad.

Según datos del Ministerio de Educación, en el curso 2017-18 había 36.436 alumnos matriculados en alguno de los 473 centros de Educación Especial (194 públicos y 279 concertados y privados).

En su reforma educativa -no va a poder tramitarse en el Parlamento tras el anuncio de elecciones generales- se hablaba de “Evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas” en cuanto a que el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, desarrollaría un plan para que en el plazo de diez años los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.

Además de negar que la reforma implique el cierre de centros de Educación Especial o especializada, Celaá ha recalcado que el proyecto de ley mantiene lo recomendado por la Convención de los Derechos del Menor y que por ello se va a seguir incorporando a alumnos con diversidad funcional en centros ordinarios si sus familias quieren.

Moneo ha exigido que no se pretenda convertir los centros de Educación Especial en “mero apoyo” de los centros ordinarios para el alumnado con “grandes necesidades”.

La ministra también ha acusado al PP de extender el “mantra” de que el Gobierno socialista ataca la libertad de elección de los padres y ha dicho que la reforma no va en contra de la escuela concertada. Pero ha criticado la “nueva concertada” que hace “competencia desleal a la concertada y a la privada” porque su objetivo no es el educativo si no que responde más a intereses empresariales.

Celaá y Moneo también se han enzarzado dialécticamente hablando al referirse a los trabajos para el pacto educativo. La primera ha acusado al PP de romper el pacto con la propia Lomce mientras que la segunda ha criticado que el PSOE se levantara de las reuniones al exigir una inversión educativa del 5% del PIB que luego no ha reflejado el Ejecutivo en el proyecto de los Presupuestos.

Moneo ha añadido que la “ley Celaá sea una vuelta a la LOE de 2006, precisamente un argumento similar al utilizado por la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Ione Belarra, quien ha acusado a Celaá en una pregunta de “desempolvar la LOE” con “propuestas obsoletas”.

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