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Un día más, los interrogatorios a los líderes del ‘procés’ se han convertido en una invitación a los acusados para que expongan su ideario político y presenten un panorama idílico de la Cataluña que vivió los acontecimientos del otoño de 2017 inmersa en una auténtica convulsión. Este miércoles, le ha tocado contestar al que entonces era consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, otro hombre fuerte de Carles Puigdemont. En plena soflama para explicar por qué el independentismo no acepta las leyes ni las decisiones de las instituciones españolas, ha llegado a denunciar que el Tribunal Constitucional “carece de legitimidad moral”.

Rull, como Jordi Turull un día antes, ha opinado sobre las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal llegando a calificarlas de “retóricas” y provocando varios toques de atención del presidente del tribunal, Manuel Marchena. Y como Turull, Oriol Junqueras y Raül Romeva, Rull se ha amparado en el ‘mandato de las urnas’ para justificar todas sus actuaciones. Ese mandato es el que habría surgido de las elecciones de septiembre de 2015 para llevar a Cataluña a la independencia. “Es bueno que los partidos cumplan lo que la gente vota”, ha defendido sobre la puesta en marcha de la hoja de ruta independentista.

El exconsejero ha tenido que responder a preguntas sobre el aumento de presupuesto para la acción exterior de la Generalitat  y las delegaciones de la Generalitat en el extranjero, las llamadas embajadas. Su explicación al respecto ha sido la necesidad de captar inversiones, pero además ha admitido el propósito de amplificar el “relato político” del Govern sobre la “realidad” de Cataluña.

Rull ha asegurado que en todo momento se quiso pactar el referéndum con el Estado. “Se priorizó una cautela ante un escenario en que planteamos hasta el último momento un referéndum pactado”, ha dicho y ha justificado la partida presupuestaria para la celebración del referéndum -la llamada disposición adicional 40, anulada por el Tribunal Constitucional- en una suerte de previsión para la eventualidad de que el Estado aceptara un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña.

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