Roger Torrent viaja esta semana a Ginebra, donde tiene previsto reunirse con miembros de las Naciones Unidas y cargos políticos del país helvético. El presidente del Parlament estará en la ciudad suiza este miércoles y este jueves “con el objetivo defender los derechos políticos de todos los diputados y denunciar las ingerencias ilegítimas del Estado” en la cámara catalana, ha informado el hemiciclo catalán en un comunicado.

El viaje de Torrent se realiza después de que el magistrado Pablo Llarena vetara por segunda vez la investidura de Jordi Sànchez, desoyendo la resolución no vinculante del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que instaba a respetar los derechos políticos del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

La respuesta del presidente del Parlament fue anunciar una querella contra el juez instructor del Tribunal Supremo por prevaricación, al entender que no respeta los derechos políticos de Sànchez, a quien mantiene en prisión preventiva en Soto del Real desde hace seis meses. Legalmente, sus derechos políticos siguen intactos.

Desde la ONU confirmaron a la agencia Efe que Roger Torrent había solicitado una reunión. No obstante, aclararon que ni el alto comisionado, Zeid Ra’ad al Hussein, ni su “número dos”, Kate Gilmore, se encuentran esta semana en Ginebra, por lo que se está estudiando aún qué funcionario podría recibirle. Tampoco está en sesión el Comité de Derechos Humanos de la ONU, de acuerdo con otras fuentes, por lo que sus miembros no se encuentran en Ginebra esta semana.

Se da la circunstancia que en Ginebra están la secretaria general de la formación de Torrent, Marta Rovira, que reapareció la semana pasada tras semanas de silencio mediático y la jefa de filas de la CUP en el Parlament la pasada legislatura, Anna Gabriel, que poco después del revuelo que generó al llegar ha mantenido un perfil bajo.

De hecho, contra Gabriel no hay orden internacional de entrega, sólo una orden de detención en España y el delito por que el que ha sido procesada, desobediencia, no acarrea penas de cárcel si no inhabilitación para el desempeño de cargos públicos.

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