Catalunya puede tener un nuevo presidente al finalizar este mes y otro Govern y, con él, el artículo 155 de la Constitución pasará a la historia. Será automático. Así lo prevé el acuerdo aprobado por el Senado y el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de octubre. No se necesita un decreto de la Moncloa que lo liquide, ni que el Senado acuerde el fin de su vigencia. La toma de posesión del Ejecutivo surgido de las elecciones del 21-D supondrá el fin de la intervención de las instituciones catalanas.

Ni la formación de la Mesa del Parlament con una mayoría independentista, ni el hecho de que se intente forzar el reglamento con una posible investidura a distancia de Carles Puigdemont influirá en la vigencia de la aplicación del artículo 155, según aseguran fuentes gubernamentales a La Vanguardia. Si bien es cierto que el Gobierno central podría pedir una ampliación de la vigencia, pero esa hipótesis no está a día de hoy sobre la mesa.

El Gobierno prevé llevar al TC cualquier acción ilegal del nuevo ejecutivo catalán

Lo que ocurra en las instituciones catalanas surgidas de las elecciones puede ser objeto de recursos, ya sea ante el Tribunal Constitucional o ante los tribunales ordinarios, pero esas causas no tienen nada que ver con las que llevaron al Gobierno a aplicar el 155.

Una vez constituido el Govern de la Generalitat queda por ver qué relaciones mantendrá con el Ejecutivo central y si Mariano Rajoy prevé hacer algún gesto dirigido al nuevo equipo catalán surgido de las elecciones que él mismo convocó.

El presidente del Gobierno no lo tiene previsto. No se producirá el reconocimiento de la identidad catalana que desde determinados sectores sociales se le pide. Y eso puede hacer que Mariano Rajoy esté más solo que ahora en su planteamiento sobre Catalunya: lo que exigirá el PSOE, aseguran las fuentes consultadas, es precisamente un nuevo planteamiento sobre Catalunya que, por otra parte, choca de frente con la posición de Albert Rivera que no quiere ni oír hablar de nada que pueda interpretarse como un triunfo soberanista.

Rajoy recibirá al nuevo president en cuanto se lo pida, pero sólo para hablar del día a día

Rajoy, dicen fuentes de su entorno, recibirá de forma inmediata al nuevo president de la Generalitat cuando este se lo pida, como siempre ha hecho con los mandatarios autonómicos, aseguran, incluidos los catalanes. En su entorno recuerdan que a Puigdemont lo recibió cuando le llamó. E incluso antes de que el president catalán lo hiciera, se mostró dispuesto a hacerlo con quien creía que era el president, en una broma que le hicieron en una radio catalana.

Pero esa futura conversación tiene límites: con el president de la Generalitat quiere hablar de inversiones, de infraestructuras, de cómo revertir los efectos económicos y sociales del proceso soberanista. Rajoy está dispuesto, aseguran, a intentar un “diálogo constructivo”, sobre pretensiones realistas y, como dice el presidente del Gobierno, siempre dentro de la ley. Las 46 demandas que Puigdemont trasladó en abril de 2016 a Rajoy, todas menos la relativa a la celebración del referéndum, podrían ser el marco de diálogo entre presidentes.

Rajoy cree que la normalización institucional de Catalunya en su relación con el Gobierno central y con el resto de España es una condición indispensable antes de poder plantear alguna solución a las pretensiones de identidad catalana. Por eso cree que primero debe darse un diálogo y una relación multilateral con Catalunya. Con ese fin, el presidente del Gobierno central pondrá el énfasis en la participación de Catalunya, a través del nuevo Gobierno y el nuevo presidente, en los escenarios multilaterales abiertos. En concreto, desde la Moncloa se habla de la conferencia de presidentes o de los órganos que están estudiando el nuevo sistema de financiación y en los que Catalunya por el momento se ha negado a participar.

Sectores del PP piden a Santamaría que responda por el fracaso de la operación diálogo

Según el reglamento de la conferencia de presidentes, debe celebrarse en el primer trimestre de cada año –la última tuvo lugar el 27 de enero de 2017– y el Gobierno considera que sería bueno esperar a que Catalunya tuviera nuevo presidente para que pudiera acudir a la reunión y, si lo hiciera, creen, se daría un paso en la buena dirección.

Desde el Gobierno también se espera que el futuro presidente de la Generalitat esté dispuesto a comparecer en el Congreso, ante la comisión que estudia el modelo territorial, porque Mariano Rajoy fija ahí, y mediante acuerdo entre los representantes de la soberanía nacional y los titulares de las comunidades autónomas, la posibilidad de plantear las modificaciones que den respuesta a las aspiraciones de Catalunya.

Otra decisión que tendrá que tomar Rajoy es si asume la tutela de las relaciones con Catalunya o las sigue dejando en manos de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que es quien ha tenido la responsabilidad del diálogo con el Govern de Puigdemont en la última legislatura, en lo que se dio en llamar operación diálogo, que ha sido muy criticada por parte de sectores del Gobierno y del PP. Alguno la califica de “fracaso”, del que tendrá que dar explicaciones y que será aprovechado por los contrarios a la vicepresidenta en una posible carrera sucesoria. De todas formas, Rajoy no piensa ahora en eso, sino en recuperar un diálogo lo más normal posible.

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