La ley mordaza, la reforma laboral, el recorte de las pensiones, las leyes educativas… Todas las políticas impulsadas por el PP durante la legislatura del rodillo de su mayoría absoluta siguen en vigor dos años después de que las elecciones del 20 de diciembre de 2015, la primera de las dos convocatorias de las generales, dejaran al partido en minoría.

Doce meses después de que el segundo mandato de Rajoy echase a andar, tras casi un año de Gobierno en funciones, las leyes más polémicas impulsadas por el PP entre 2011 y 2015 siguen vigentes, los presupuestos de 2017 se han aprobado sin sobresaltos, el presidente superó una moción de censura presentada por Unidos Podemos y hasta ha podido aplicar el artículo 155 de la Constitución por primera vez en la historia de la democracia. Y todo sin apenas desgaste.

Se esforzó en remarcarlo durante el cierre político del año el propio Rajoy, una vez celebrado el último Consejo de Ministros del curso. Su comparecencia sirvió un balance triunfal de sus casi seis años de Gobierno. “2017, un año ganado para la estabilidad de España”, llegó a decir el presidente, que presumió de los últimos datos económicos y las optimistas previsiones económicas hasta el año 2020. “Mi Gobierno y yo hemos dedicado muchas horas de diálogo y negociación con distintos grupos políticos”, subrayó Rajoy, quien alardeó del acuerdo alcanzado “con siete partidos” para sacar adelante las cuentas públicas del año anterior y de otro más reciente, el que alcanzó con sindicatos y patronal esta semana para subir el salario mínimo profesional (siempre que se alcancen las cifras macroeconómicas que están en la letra pequeña del acuerdo).

El presidente solo ve un peligro en el horizonte, la inestabilidad política derivada de la situación de Catalunya que “obligó a modificar sus previsiones económicas para 2018”, y anticipa que en un año España quedará fuera del procedimiento de infracción del déficit, lo que daría aire al Gobierno y la posibilidad de abrir la mano en el gasto durante las vísperas electorales de 2020. Nada hace pensar a Rajoy que a nivel estatal su partido puede hundirse como sí le ha pasado en Catalunya donde es última fuerza.

El PSOE, mientras, se prepara para una legislatura larga. Su secretario de Organización José Luis Ábalos descartó este viernes que su partido vaya a solicitar la convocatoria de elecciones anticipadas a raíz de la crisis catalana. El monotema independentista prácticamente ha acallado las críticas al Gobierno durante los últimos meses e incluso los socialistas han renunciado a reprobar (tal y como avanzaron que harían) a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por las cargas del 1 de octubre.

De los anuncios que protagonizaban hace dos años la oposición sobre el fin de una época apenas quedan titulares de prensa. La historia es conocida. A finales de 2015 los partidos la oposición celebraron la derrota del Partido Popular y auguraban el fin de la era de la austeridad y de cuatro años de recortes y pérdidas de libertades. El candidato socialista Pedro Sánchez soñaba con llegar a Moncloa con los votos de Unidos Podemos y Ciudadanos para desmontar las reformas que había llevado a cabo Rajoy en la legislatura 2011-2015. El pacto no pudo ser, se repitieron las elecciones y el panorama que dejaron las urnas en junio de 2016 fue similar.

Leyes congeladas en el Congreso

Albert Rivera acabó apoyando a Rajoy y los socialistas –tras una hecatombe interna que derrocó a su líder– facilitaron la investidura del candidato del PP con su abstención. Corrían aquellos tiempos en que los dirigentes de Ciudadanos prometían condicionar la política del Gobierno.  El PSOE, regido por una gestora que lideraba el presidente asturiano Javier Fernández, aireaba la idea de que España se gobernaría desde el Parlamento, donde prometía “crujir” al PP, según dijo entonces el diputado Eduardo Madina.

A pesar de que la beligerancia de la mayoría de partidos se mantiene contra algunas de esas reformas –contestadas con multitudinarias manifestaciones en la calle– y de los acuerdos que han escenificado algunas formaciones para erradicar las políticas más controvertidas, la tramitación parlamentaria aún no ha dado sus frutos o se ha quedado en meras declaraciones de intenciones o en derrotas simbólicas para la formación de Rajoy. El PP ha perdido votaciones en el Congreso de proposiciones no de ley que no tienen efecto más allá de dejar en el diario de sesiones textos que instan al Gobierno a dirigir de una u otra forma su gestión. 

A través de ese mecanismo el Congreso ha pedido al Gobierno, de momento sin éxito,  que derogue la ‘ley mordaza’, acabe con la reforma laboral, iguale los permisos de maternidad y paternidadreforme el sistema de financiación autonómica o cambie la LOMCEderogue la reforma de la administración local que quita a los ayuntamientos las competencias sobre servicios sociales, entre otras decenas. 

A pesar de la existencia de una amplia mayoría contraria a buena parte de las medidas ‘estrella’ de Rajoy, los prometidos cambios de la oposición se aletargan en medio del procedimiento parlamentario.

Las proposiciones de ley encallan en el fárrago del Congreso y el Gobierno usa el veto para frenar aquellas que entiende que suponen una modificación presupuestaria. En otros casos los intentos de legislar  se quedan bloqueados en el trámite de las enmiendas

Ese es el caso, por ejemplo, de la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsó Jorge Fernández Díaz y que fue denunciada por todos los partidos, incluso Ciudadanos que se abre a reformar algunos aspectos que considera inconstitucionales. El Congreso admitió a trámite sendas iniciativas de PSOE y PNV para modificar la ‘ley mordaza’, pero están congeladas por lo que la norma que causó un gran revuelo contra el Ministerio del Interior sigue funcionando.

También la prisión permanente revisable, que ha sido cuestionada por toda la oposición y por parte de la judicatura por instaurar en la práctica la cadena perpetua, sigue vigente. El Congreso aceptó la tramitación de una iniciativa del PNV para abolirla con la abstención de Ciudadanos y el rechazo del PP. 

Pero hay más.  En un debate de dos horas de duración, el PP acabó en solitario con casi 30 años de justicia universal en España. Fue en febrero de 2014, justo después de que la Audiencia Nacional imputara a varios exdirigentes chinos por el genocidio en el Tíbet. Todos los grupos, salvo el PP, pidieron en febrero de este año recuperar la justicia universal pero el efecto no es vinculante. ERC presentó una proposición de ley para recuperarla pero sigue congelada en el trámite de enmiendas

También relacionado con la Justicia fue la  modificación exprés de la ley orgánica del Tribunal Constitucional por la que el PP le dio poderes para inhabilitar y suspender a cargos electos. La reforma estaba pensada para afrontar la crisis catalana y el objetivo eran los políticos independentistas, en ese momento Artur Mas. Toda la oposición se opuso. La propuesta para acabar con ese cambio también está congelada. El PSOE contribuyó a esa dilación ante el cariz que estaba tomando el desafío secesionista.

De la reforma laboral -que rebajó a 20 días la indemnización por despido y simplificó las condiciones para presentar expedientes de regulación de empleo- tampoco se ha tocado una coma, a pesar de que su derogación fue la gran promesa con que PSOE y Podemos se presentaron a las elecciones en 2015 y 2016.En el Congreso sigue la propuesta para igualar las condiciones de los trabajadores de contratas y subcontratas y también ha pasado el filtro el proyecto de ley para la igualdad retributiva de hombres y mujeres. 

Acabar con la LOMCE fue otro de los acuerdos de la oposición durante la mayoría absoluta de Rajoy. De momento se ha suspendido el efecto académico de las reválidas y se modificaron algunos aspectos puntuales. Hay un acuerdo para alcanzar una nueva ley educativa en el que también participa el PP. Sin embargo,  la ley que impuso José Ignacio Wert sobrevivirá al menos dos años por el retraso de los trabajos y en la oposición temen que la nueva norma no llegue a ver la luz esta legislatura.  

Tampoco se ha puesto fin a la reforma que hizo Cristóbal Montoro de la ley de administración local por la que los ayuntamientos no pueden ofrecer determinados servicios sociales y que da la potestad a Hacienda de intervenir las cuentas de los consistorios, como ya ha sucedido en Madrid.

A pesar de que el Gobierno aseguró que no dejaría sin atención primarias a las personas inmigrantes en situación irregular, la exclusión del sistema sigue siendo una realidad. Todos los grupos, excepto PP y Ciudadanos,  se comprometieron con las organizaciones a acabar con la exclusión “lo antes posible” a través de la acción legislativa. Eso sucedió hace tan solo tres meses. El copago farmacéutico sigue vigente.

Los grupos celebraron  haber doblado el pulso al PP al llegar a un acuerdo para reformar la ley para elegir al presidente de RTVE por consenso y a través de un concurso público. En tres meses debería haber un nuevo nombre en ese cargo. Sin embargo,  ha fracasado el último intento de los partidos para ponerse de acuerdo en la fórmula de concurso para elegir al consejo de administración del ente público. Ahora las Mesas del Congreso y el Senado tendrán que decidir si se renueva de acuerdo a la anterior norma aprobada por el PP que permite que la elección sea por mayoría simple o si se rige por la nueva que exige que se nombre por mayoría absoluta integrada por al menos cuatro grupos.

Entretanto, los profesionales de los medios públicos siguen denunciando casos de manipulación informativa, que según el Consejo de Informativos, se han agravado durante la crisis catalana. No hay fecha aproximada para relevar a la actual dirección, como no la hay para desmontar las políticas implementadas durante los años de la mayoría absoluta de Rajoy. 

El propio presidente dio este viernes signos de comodidad, descartó una crisis de Gobierno porque cree que está funcionando bien y dio a entender que a la vuelta de vacaciones encarrilará la negociación de los presupuestos de 2018, que no ve peligrar.

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