El documento de 19 propuestas que Vox presentó este martes al PP y que constituyen las condiciones que la formación de extrema derecha plantea para que sus 12 diputados en el Parlamento andaluz apoyen la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo presidente de la Junta de Andalucía, deja al descubierto las contradicciones del partido de Santiago Abascal sobre la política autonómica y el modelo territorial del Estado.

La primera medida que contempla el texto que los representantes de Vox llevaron a la reunión que mantuvieron con los dirigentes populares es una declaración institucional de la presidencia de la Junta “a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público” y “que promueva la libertad e igualdad de todos los españoles”.

A pesar de esa petición para poner en marcha un proceso de recentralización de las competencias autonómicas, los siguientes puntos del documento de Vox reivindican la autonomía andaluza para legislar y adoptar medidas precisamente en algunas de las materias que el partido de extrema derecha pretende devolver al Estado.

En el plano educativo, la formación que preside Santiago Abascal plantea incluso ampliar el gasto autonómico con la ampliación de la red de guarderías y llega a incorporar todo un epígrafe en el que desgrana cómo deben ser las políticas de la Junta para garantizar la “libertad de educación”. “La Junta garantizará el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación moral de acuerdo a sus propias convicciones”, apunta Vox en su documento. “Para ello se implantará 4 de 6 un ‘PIN parental’ con el objeto de que los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones”, añade.

Protección a la segregación por sexos

Tratando siempre de que la administración autonómica siga controlando los contenidos que se impartan en las clases andaluzas, el partido de extrema derecha reivindica, asimismo, una “garantía de que los centros de formación no difundirán ninguna ideología que niegue hechos científicos indubitados, con especial atención a la biología”.

Vox quiere también que la nueva Junta defienda “la coexistencia de la educación, pública, privada y de iniciativa social (concertada)”, así como proteger a los colegios que segregan por sexos: “Se desistirá del hostigamiento que la Junta ha venido ejerciendo contra los modelos educativos de educación diferenciada, consolidando el derecho de los padres a elegir el modelo educativo. Ampliando la oferta educativa, se estudiará si existe demanda suficiente para la apertura de centros públicos de educación diferenciada”, zanjan.

Entre sus propuestas, Vox plantea que Andalucía emplee sus competencias autonómicas para “reducir la disparidad de las condiciones laborales y de enseñanza entre la escuela pública y la de iniciativa social” y para “ampliar el concierto al bachillerato”, así como para promover la “libre elección de centro”.

El partido de extrema derecha contempla también que la nueva Junta ejerza sus competencias en materia de Sanidad proponiendo un Plan de Extensión de Cuidados Paliativos en la sanidad pública que refuerce las Unidades del Dolor “en toda la red sanitaria” o prestando “especial atención a las mujeres con embarazos no deseados, proporcionándoles información, asistencia y alternativas para que puedan evitar el drama del aborto”.

Competencias de Interior

La formación que preside Santiago Abascal llega a plantear incluso iniciativas para las que la Junta no tiene las competencias transferidas, como las relativas a la inmigración o al control policial, que dependen del Ministerio del Interior. Vox propone que la Junta “colabore con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados” porque, a su juicio, “la Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía”.

Otro de los asuntos para los que el Gobierno andaluz no tiene competencias es el referido al “control del fundamentalismo islámico”. Vox plantea que la Junta colabore “con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza fundamentalista” exigiendo “a las autoridades islámicas una total cooperación para la identificación y expulsión de elementos radicales, vigilando que sus enseñanzas no animen a la violencia y poniendo especial atención en la protección de la mujer”. 

Finalmente Vox llega a plantear que Andalucía pueda legislar para ciudadanos que ni siquiera residan en la comunidad autónoma. En su “plan para evitar la discriminación de los andaluces que viven en otras regiones de España” el partido propone “asistencia legal y económica de la Junta para que los andaluces que residan en otras comunidades no se vean obligados a escolarizar a sus hijos en una lengua regional”, así como “asistencia de la Junta para que los andaluces que trabajen en otras comunidades no sufran discriminaciones laborales ni de ningún tipo por razón de su origen y su lengua”. 

Las 19 propuestas del documento presentado este martes al PP –que fueron inmediatamente rechazadas por los populares, que las consideraron “inviables”– evidencian la confusión competencial de Vox y la dificultad para articular su propuesta política extremista en las instituciones.

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