El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena  ha reclamado este lunes a la Guardia Civil un informe sobre la presunta participación de los partidos políticos, las entidades soberanistas y diversos particulares en “una estrategia para lograr la independencia” de Catalunya. El juez abre así la investigación más allá de la cúpula política a buena parte de la red de apoyo social independentista.

Una de las referencias en las que se basa Llarena para establecer el perímetro de la investigación es el documento Enfocats, incautado al número dos de Junqueras en la redada del 20 de noviembre en varios departamentos de la Generalitat. Este documento, que el magistrado considera una hora de ruta independentista, prevé la creación de dos comités de coordinación, uno llamado “Estratégico” y otro “Ejecutivo”.

El documento Enfocats establece, además, quién debería participar en cada comité, por cargos, dejando sin embargo abierta la interpretación sobre varios de ellos. Por ejemplo, se habla de “representantes independentistas de prestigio social”, sin indicar cómo se elegirían ni cuántos. De los sí definidos con concreción se desprenden cerca de una veintena de nombres. El juez pide investigar a todos ellos, y a otros no identificables.

Comité estratégico

Según aparece en el documento, el comité estratégico estaría formado por los destituidos president y vicepresident del Govern, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente. En estos momentos Puigdemont se halla en Bélgica, ya no reclamado por la justicia española pero sí con una orden de arresto si entra en territorio español. Por su parte, Junqueras está interno en la cárcel de Estremera desde el pasado 3 de noviembre. 

Artur Mas y Marta Pascal, como presidente y secretaria general del PDeCAT, y Oriol Junqueras y Marta Rovira, con los mismos cargos en ERC, también serán investigados por la nueva petición del Supremo. Tanto Mas como Pascal continúan teniendo cargos orgánicos en su partido, pero no concurren a las elecciones. Diferente es la situación de Rovira, que acude en las listas de ERC como la sucesora de Junqueras y como presidenciable en ausencia del primero.

También serán investigados los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas. Estos son, en el caso de Junts pel Sí, Jordi Turull, hasta que entró en el Govern (julio 2017) y posteriormente, Lluís Corominas, en el papel de presidentes, y de nuevo Rovira como portavoz. Turull ya está acusado, entre otros, de los delitos de rebelión y sedición, por su pertenencia al Govern. Por estos cargos le fue dictada prisión provisional, que abandonó la semana pasada. Ahora se presenta en las listas del PDeCAT. Corominas, por su parte, anunció un paso atrás de la primera línea política.

En la misma categoría que los anteriores, esta vez por parte del grupo parlamentario de la CUP, aparecerían como objeto de la investigación Mireia Boya, presidenta del grupo en la legislatura pasada y actual candidata anticapitalista por Lleida, además de quien fuera la portavoz, Anna Gabriel, que no concurre en listas al 21D.

También participarían en el organismo que se ordena investigar los presidentes de la ANC, Jordi Sánchez, y de Omnium, Jordi Cuixart, ambos en prisión en la actualidad, así como la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, que es actual alcaldesa de Villanova y la Geltrú.

El documento también invita a este comité a los directores de las oficinas del desarrollo de autogobierno, una denominación sobre las que estarían la Secretaría para el Desarrollo del Autogobierno, la Oficina para la Mejora de las Instituciones del Autogobierno y el Instituto de Estudios del Autogobierno. Sus responsables eran, hasta que fueron suprimidos por orden ministerial gracias al 155, Víctor Cullell,  Josep Maria Reniu y el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, respectivamente. 

Comité ejecutivo

En el documento Enfocats aparece también la creación de un segundo comité, mucho más escueto y de carácter claramente técnico que el juez decide dejar fuera de la investigación ordenada a la Guardia Civil.

En este segundo comité estarían los secretarios generales de Presidència y Vicepresidència, Joaquim Nin Borreda y Josep María Jové. Este segundo fue detenido en la redada del día 20 de septiembre y fue precisamente a quien se le habría incautado el documento que sirve de guía al magistrado Pablo Llarena sobre los presuntos líderes del independentismo.

Además de estos, están los directores de las oficinas del desarrollo de autogobierno y “profesionales expertos”, según anuncia el listado sin especificar más. También se desprende de este documento que a este comité ejecutivo podría ser llamado cualquiera de los consellers o secretario general “según las temáticas a tratar”.

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