La llamada pieza política del caso ERE investiga, en realidad, una parte muy técnica del procedimiento administrativo usado durante una década (2000-2010) por el Gobierno andaluz para pagar prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis. Se le llama política porque sienta en el banquillo, desde este miércoles, a toda la excúpula de la Junta de Andalucía, encabezada por dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; seis exconsejeros; 12 altos cargos de segundo y tercer escalafón en los departamentos de Presidencia, Empleo, Economía y Hacienda e Innovación; y dos altos funcionarios sin atribuciones políticas: el exinterventor general de la Junta, responsable de fiscalizar el uso de fondos públicos; y el exjefe del gabinete jurídico.

En total 22 imputados, menos de la mitad de los que la jueza Mercedes Alaya encausó al empezar esta investigación (51) hace siete años. 15 están acusados de prevaricación y malversación de fondos y se enfrentan a penas de seis a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación para cargo público; los otros siete afrontan 10 años de inhabilitación.

¿Cómo funcionó el fraude?

Este juicio tratará de aclarar si era legal el llamado procedimiento específico, el sistema que diseñó la Junta para agilizar el pago de ayudas sociolaborales a empresas en crisis en una época convulsa y de protestas de trabajadores y sindicatos por despidos, cierre y deslocalización de fábricas. ¿Cómo funcionaba? Quien concedía el dinero de las ayudas era la Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo (epicentro del supuesto fraude), pero ésta no era quien pagaba. El control de esas ayudas por parte de la Intervención General ralentizaba el proceso y al Gobierno andaluz le urgía lograr la “paz social”.

Para acelerar el trámite, la Junta introdujo en los Presupuestos andaluces un sistema de pago, las transferencias de financiación, que hacía pasar el dinero de la Consejería de Empleo a una agencia pública en materia laboral, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego llamado IDEA. Este trasvase del dinero, según los jueces, “permitió de manera consciente que los fondos públicos destinados a estos colectivos se gestionaran sin la obligada fiscalización crítica o previa”. No había convocatoria pública de ayudas ni publicidad ni aparecía en el BOJA. Así que la Consejería de Empleo empezó a distribuir anualmente fondos públicos “a su libre arbitrio y sin procedimiento reglado alguno”.

Resultado: hubo personas que se beneficiaron del ERE de una empresa para la que jamás habían trabajado (los llamados intrusos); se favorecieron a empresas ligadas a un determinado territorio (Sierra Norte de Sevilla) por los contactos de sus alcaldes con los altos cargos de la Junta que decidían el destino de las ayudas, y por su vinculación al PSOE; se usó el dinero para un fin distinto al previsto (incluso sirvió para que el chófer de uno de los principales encausados comprase cocaína); y se pagaron sobrecomisiones “ilegales” a consultoras, aseguradoras e intermediarios que mediaban en la concesión de las ayudas. Estas acusaciones que avalan los jueces del caso son la traducción jurídica de las denuncias que el PP llevaba 20 años esgrimiendo contra la Junta, a saber: que el clientelismo del PSOE ha sustentado 35 años ininterrumpidos de gobiernos socialistas en Andalucía. “Un régimen que compraba voluntades y votos”, dicen.

Dos expresidentes

La acusación del caso ERE llega al vértice del Ejecutivo andaluz con la imputación de sus dos expresidentes, responsables de 23 años de gobiernos socialistas. Chaves fue presidente 19 años, entre 1990 y 2009. La Fiscalía le pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El PP, como acusación particular, suma un delito de asociación ilícita por el que le reclama dos años de cárcel (extiende este delito a los 22 imputados para denunciar una trama orquestada desde arriba). El delito que se atribuye a Chaves es “in vigilando”, de no haber sabido “frenar” el fraude. Pero no se le achaca una participación directa. Susana Díaz forzó su dimisión como diputado en el Congreso y la entrega provisional del carné del PSOE, en el que militaba desde adolescente y del que ha sido secretario regional en Andalucía y presidente a nivel federal.

Vista de la sala de la Audiencia de Sevilla donde se juzga la macrocausa de los ERE. EFE/Raúl Caro

Vista de la sala de la Audiencia de Sevilla donde se juzga la macrocausa de los ERE. EFE/Raúl Caro

Para Griñán, el fiscal exige seis años de prisión por malversación de fondos y 30 de inhabilitación por prevaricación. Las penas para él son más severas que para Chaves, porque se le juzga por su etapa como consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, y se le acusa de no haber atendido los 15 informes de la Intervención General de la Junta que advirtieron sobre el mal uso de las transferencias de financiación y las posibles irregularidades en la concesión de ayudas. Griñán dimitió como presidente en 2013, acosado por los ERE. Le relevó Susana Díaz, que más tarde le forzaría a entregar su acta en el Senado y el carné del partido.

Ambos están jubilados. A ninguno se le acusa de apropiación ilícita ni de haberse enriquecido a costa del erario público durante su mandato.

Seis exconsejeros

Los dos exconsejeros que más carga penal soportan son los de Empleo: José Antonio Viera, titular de la cartera entre 2000 y 2004, ha sido señalado por la Guardia Civil como “pieza clave” en el fraude de los ERE. Se enfrenta a ocho años de cárcel por malversación y 30 de inhabilitación por prevaricación. Viera, sin embargo, fue el último imputado porque le protegía su aforamiento como diputado del PSOE en el Congreso. Mantuvo su acta incluso después de que Chaves y Griñán dimitieran. El partido defiende la inocencia de sus expresidentes, pero ha dado la espalda a Viera y a su sucesor al frente de Empleo, Antonio Fernández.

Antonio Fernández fue viceconsejero de Viera antes de relevarle al frente de la cartera (2004-2010). Está acusado de los mismos delitos, de prorrogar el sistema de pagos de ayudas bajo sospecha e incluso de incluirse a sí mismo en el ERE de una empresa suya. Es el único exconsejero que ha pasado por prisión, donde Alaya lo encerró durante meses.

También comparte la misma pena por los mismos delitos el extitular de Innovación entre 2004 y 2009, Francisco Vallejo, cuyo departamento gestionó muchas de las ayudas sospechosas a empresas en crisis. Vallejo fue otro hombre fuerte del Gobierno de Chaves. Su nombre estaba entre los posibles sucesores del expresidente, hasta que la causa le hizo caer en desgracia.

La que fuera número dos de Griñán en la Consejería de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, se enfrenta a las mismas penas que él, acusada de haber desoído los informes que advertían de posibles irregularidades en la concesión de ayudas. Aguayo fue posteriormente nombrada consejera de Hacienda en el primer Gobierno de Griñán (2004-2009), hasta que fue destituida por Susana Díaz.

Los otros dos exconsejeros están imputados únicamente de un delito de prevaricación y se enfrentan, como Chaves, a diez años de inhabilitación por no haber detectado y “frenado” el fraude a tiempo. Se trata del número dos del expresidente, el histórico exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías; y la exconsejera de Economía entre 1994 y 2004, ex ministra de Fomento con Zapatero y exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones), Magdalena Álvarez. El juez sostiene que ambos conocían y aprobaron el procedimiento irregular para financiar los ERE.

12 altos cargos de Empleo, Innovación y Hacienda

Las imputaciones descienden en el escalón de responsabilidad de las tres consejerías directamente implicadas en el fraude. Cuatro exviceconseros: Agustín Barberá, de Empleo; y Jesús María Rodríguez Román, de Innovación, que se enfrentan a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación. José Salgueiro, exnúmero dos de Economía y Hacienda; y Antonio Lozano, exviceconsejero de Presidencia, imputados ambos por prevaricación se enfrentan a diez años de inhabilitación. En el caso de Lozano, su implicación tiene más que ver con su labor como exdirector general de Presupuestos en la etapa de Griñán como consejero.

Hay dos exdirectores generales de Trabajo, Francisco Javier Guerrero y su sucesor Juan Márquez, que absorben el principal foco de la acusación porque ellos gestionaban directamente el llamado “fondo de reptiles”. Guerrero es la pieza angular del caso ERE, la persona que más tiempo ha pasado en prisión hasta la fecha. Chaves, que asegura que nunca lo conoció personalmente, se refirió a él cuando dijo que el caso se reducía a “cuatro o cinco golfos”. Se enfrentan a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.

También están imputados los dos exdirectores generales del ente público IDEA que recibía las transferencias de financiación de Empleo y daba salida a las ayudas supuestamente fraudulentas. Se trata de Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete, ambos encaran ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación. El último escalafón implicado es el de los exsecretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo: Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado y Lourdes Medina, los tres comparten los mismos delitos y penas que sus superiores.

Dos altos funcionarios ‘in vigilando’

La lista la cierran dos altos funcionarios cuyo cometido era vigilar y fiscalizar el uso de fondos públicos por parte del Gobierno andaluz. Se trata del exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, que se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación; y el exjefe del gabinete jurídico, Francisco del Río Muñoz, letrado y asesor legal del Ejecutivo andaluz en el periodo investigado.

La declaración de Gómez será clave porque choca con la de otros encausados. El exinterventor defiende que elevó al Gobierno 15 informes advirtiendo de la posible arbitrariedad en la concesión de ayudas, cuestionando las ampliaciones presupuestarias que se aprobaron de la partida de la que salía el dinero (hubo hasta 22), y sostiene que todas sus alertas fueron desatendidas. Griñán replica que “nunca, jamás” recibió un “informe de actuación”, esto es, un “código rojo” que alertase de un delito de menoscabo de fondos públicos y que obligara a una intervención urgente.

¿Dónde está el dinero?

El dinero defraudado sale de la partida presupuestaria 31L, dotado de 854,8 millones de euros durante los diez años que abarca la investigación. Es el llamado “fondo de reptiles”, como lo ha denominado la persona que lo gestionaba, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, pieza central del caso ERE. Entre 2000 y 2010 hubo 6.096 trabajadores andaluces prejubilados que se beneficiaron de estas ayudas, la gran mayoría de forma legal. Entre ellos hay 126 imputados, los llamados intrusos, que se beneficiaron ilícitamente de 12 millones de euros.

El fraude no absorbe toda esa partida presupuestaria. La Fiscalía Anticorrupción cuantifica el perjuicio a la Hacienda pública en 741 millones de euros (el dinero que se abonó). La Junta reclama por la vía administrativa el reintegro de 135,4 millones de euros de los ERE, pero por ahora sólo ha recuperado 4,6 millones, un 3,4%.

Más de 100 testigos

El juicio arranca este miércoles con las cuestiones previas de las partes, pero podría prolongarse más de seis meses. Está previsto que testifiquen 115 testigos, la mitad por parte de las defensas y la otra mitad de las acusaciones, representadas por el Ministerio Público, el Partido Popular y el pseudosindicato Manos Limpias. La Junta de Andalucía estaba personada como parte afectada, pero fue expulsada del proceso cuando solicitó el archivo de la pieza política al considerar que no existió una trama orquestada y dirigida desde arriba.

Los abogados defensores presentarán los informes que Griñán, Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez encargaron a cinco catedráticos de Hacienda Pública y Derecho Administrativo, y que avalan el mecanismo presupuestario usado en los ERE. El informe defiende que si hubo irregularidades, éstas no estaban en el diseño del modelo de pago, sino en la gestión que se hizo de las ayudas (acusan así a los responsables de la Consejería de Empleo). Las transferencias de financiación, cuestionadas por los jueces, se contemplaban en las leyes de Presupuestos autonómicos que eran aprobadas cada año por el Parlamento andaluz.

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