Carles Puigdemont fue el gran triunfador de las elecciones del 21D. Aunque eso no le garantiza ser investido. Su inesperado segundo puesto en los comicios -por delante de Oriol Junqueras y ERC-, unido a la revalidada mayoría absoluta independentista, debería garantizarle, en circunstancias normales, un nuevo mandato al frente de la Generalitat. Pero las circunstancias distan mucho de ser normales, y el president cesado por Rajoy se debate en una encrucijada en la que no todos los caminos llevan a la plaza de Sant Jaume.

“Es una decisión política”. Así se refirió la semana pasada el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, al principal interrogante que debe resolver el número 1 de Junts per Catalunya en las próximas semanas: si vuelve o no vuelve a Catalunya para ser reinvestido como president, pese a que esto significaría su más que probable ingreso en prisión.

Puigdemont, de hecho, basó prácticamente toda su campaña electoral en su retorno, bajo la premisa de que un gran resultado para su lista era imprescindible para “restituir” al Govern cesado por Rajoy. “Estoy convencido de que los catalanes no van a decapitar la Presidencia de la Generalitat ni a su Gobierno y de que vamos a poder entrar todos juntos, presidente, vicepresidente, consellers y conselleres, en el Palau de la Generalitat”, afirmó a Público en su última entrevista antes de las elecciones. Y eso mismo le exigen ahora sus aliados -y también rivales- de ERC.

“Sería sorprendente que no volviera”, manifestó la semana pasada el conseller cesado y diputado electo por ERC Carles Mundó. “La ciudadanía ha restituido democráticamente al Govern legítimo y a usted como President. Le esperamos para que comande la Generalitat conjuntamente con el vicepresident Junqueras”, presionó igualmente el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà.

Y es que los republicanos, superados -contra todas las encuestas- por JuntsxCat como primera fuerza independentista en el nuevo Parlament, han aceptado ya públicamente volver a investir a Puigdemont. Pero también han dejado claro, usando la misma lectura legitimista en la que se basó la campaña de JuntsxXCat, que en caso de el dirigente del PDeCAT no pudiera ser restituido en el cargo, el turno debería corresponder al vicepresidente cesado y líder de ERC, Oriol Junqueras -que sigue en prisión preventiva, por lo que su eventual investidura dependería igualmente del juez instructor-. Y en ningún caso a otro integrante de JuntsXCat -como en algún momento se ha sugerido desde el entorno de la candidatura-, como una especie de “president ejecutivo”, mientras Puigdemont permanecería en Bruselas como “president legítimo”.

Desde el independentismo se habían barajado también otras opciones. Como una reforma del reglamento del Parlament que permitiera investir a un candidato -Puigdemont- de forma telemática, algo que no es posible actualmente. Pero esta vía no parece tener demasiado recorrido. El Gobierno central recurriría con toda seguridad la reforma ante el Tribunal Constitucional, con lo cual quedaría suspendida cautelarmente durante cinco meses, y la investidura telemática sería inviable. Incluso aunque el alto tribunal diera finalmente la razón a la Cámara catalana, como ya ha sucedido con la reforma del reglamento que hizo posible la votación exprés de la ley del referéndum.

JuntsxCat presiona: “El estado no lo puede impedir”

“Es absurdo pretender ser presidente de una Comunidad Autónoma viviendo en el extranjero. Ya no es un problema jurídico ni político, es de sentido común”, ha afirmado este viernes el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy. “Puigdemont será investido presidente. El estado no lo puede impedir”, ha replicado JuntsxCat, en un comunicado que apela a Rajoy a que “nos diga que día piensan anular el 155”. Pero que también pone presión al resto de formaciones independentistas para que cierren filas en torno a Puigdemont, cuando se pregunta “¿cómo se puede construir la república si no defendemos antes nuestras instituciones”, o cuando señala que los catalanes votaron “para que volviera el president”, y que “lo que ha votado la gente no lo puede cambiar el Parlament”.

En este sentido, Puigdemont tiene ante sí diversas posibilidades. Puede volver a Catalunya, asumiendo su más que probable detención inmediata y su también muy probable ingreso en prisión preventiva. Esto presentaría ante la opinión pública internacional la paradoja de que sea encarcelado justo después de ser ratificado en las urnas, poniendo de manifiesto lo que el soberanismo considera como falta de garantías democráticas en el Estado. Puede seguir ejerciendo esta presión desde Bruselas. Y, en cualquiera de los dos casos, JuntsxCat y ERC deberían dilucidar si prefieren formar gobierno ya con otro president o forzar el calendario y seguir presionando a Rajoy. Un Rajoy, por otra parte, célebre por su capacidad para el dontancredismo.

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