“Me escuchó como si acabase de llegar desde muy lejos y negose a salir conmigo porque la luz del día turbaba su luz interior”, contaba Clovio de su encuentro con Doménikos Theotokópoulos. Resulta irónico que siglos más tarde  sea el Gobierno español el que se niega a salir a la luz límpida de las normas que el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) ha fijado una y otra vez para asegurar una Justicia realmente imparcial. El último informe del año sobre los incumplimientos españoles de los deberes impuestos, retrata el alma de la Justicia española con una precisión digna del de Toledo y que vuelve tanto más indignante la postura de indiferencia y pasotismo de la que hace gala el gobierno de Rajoy.

Más allá de los titulares vistos estos días, la lectura global del informe permite asegurar que no existe una voluntad gubernamental decidida de corregir los puntos negros de la Justicia Española, que han provocado un déficit democrático importante y que amenazan con alejar definitivamente al pueblo español de la necesaria confianza en sus instituciones. España no ha puesto en marcha de manera satisfactoria ninguna de las once indicaciones que se le hicieron desde este organismo del Consejo de Europa y, más allá de eso, queda claro que de cuatro de ellas se pasó totalmente y el resto han sido mitigadas con excusas de mal pagador. Una de estas excusas es la dificultad para formar gobierno que obligó a unas segundas elecciones y que retrasó cualquier iniciativa parlamentaria y la otra, definitivamente española como la disputa del propio Greco con la Inquisición por el tamaño de las alas de los ángeles, que ya se ha creado una subcomisión dentro de la Comisión de Justicia para analizar todas estas propuestas. Si no fueran tan europeos, tal vez supieran para qué sirve aquí crear comisiones y subcomisiones. Al fin, al menos en apariencia, intentan creer que eso, a la larga, produzca algún cambio.

Decía que el GRECO había logrado pintar el alma de la Justicia española. Lo hace. Y explica también ese diferente retrato que, según algunos lectores, se percibe en mis columnas. El informe dice textualmente que no existe duda alguna de la gran calidad de la Justicia y de la Fiscalía en España ni sobre el empeño de servicio público de jueces y fiscales a título individual. Yo también creo eso. Lo que también tiene claro el organismo dependiente del Consejo de Europa son los problemas que lastran la separación de poderes y la imparcialidad. Diseñan perfectamente un sistema en el que es la inmisión del poder político la que enfanga el sistema. El GRECO insiste en que los políticos no deberían intervenir en ningún escalón del proceso de selección de miembros de la magistratura. En un país en el que el nombre del presidente del Tribunal Supremo es nombrado de facto por el jefe del Ejecutivo. Tiran por tierra toda la reforma Gallardón, que culminó el proceso de sometimiento del órgano de gobierno de los jueces. Piden que se retrotraiga el nombramiento de los vocales al marcado por la Constitución, con la elección de los doce vocales judiciales por los propios magistrados. Añaden la necesidad de que se formulen por ley los criterios objetivos y las reglas de evaluación para los nombramientos de los presidentes de las Audiencias, presidentes de los Tribunales Superiores y magistrados del Tribunal Supremo. Por ley. Consideran que el Consejo debe volver a su configuración anterior a la deformación gallardoniana, en la que todos sus miembros colegiados tenían funciones reales y en la que no había un presidente-rey que manejara los hilos rodeado de cinco acólitos.

El informe es duro y produce una enorme desesperanza puesto que, más allá del lenguaje diplomático utilizado, lo que se trasluce es cómo un órgano encargado de poner medios para evitar la corrupción democrática señala una y otra vez dónde han llevado un sistema que cada vez es más insostenible, desde un punto de vista de limpieza democrática. Marcan un camino más amplio en el que se redacte un Código Deontológico de la magistratura para plasmar las exigencias éticas respecto a todas esas cuestiones sobre las que tenemos eventuales polémicas: quién puede patrocinar sus actividades, de quién y cómo pueden cobrar por cursos, qué regalos pueden aceptar, qué proximidades y qué círculos se consideran peligrosos para la apariencia de imparcialidad. Alega España que en algo así se ha empezado a trabajar, con reticencias en el sector habría que apuntar, pero que ni de lejos se parece a ese código concreto y público que constituya un estándar ético ante los ciudadanos.

También reparan los expertos internacionales en la laxitud del sistema disciplinario actual de jueces y magistrados, cuyas faltas prescriben a los seis meses, periodo tan exiguo que ha llevado a que muchas sean anuladas por el Tribunal Supremo por este motivo. Se extrañan, como no, de que para otros servidores de la Justicia con menos responsabilidad, este periodo se amplíe a un año. Esta situación en la que los jueces o delinquen o difícilmente cometen falta alguna es también fuente de problemas. Hay una amplia gama de incumplimientos susceptibles de sanción que quedan impunes. Y así lo dice GRECO.

El Ministerio Fiscal también les preocupa y mucho. Siguen insistiendo en la necesidad de volver a examinar la forma de nombramiento del Fiscal General del Estado y en hacer la luz sobre las relaciones entre éste y el Gobierno, que debiera ser regulada y transparente. Abogan por una mayor autonomía financiera y por un código ético. Lo cierto es que, en el campo de la Fiscalía, el gobierno ha conseguido convencerles de que se están haciendo algunas cosas que remiten de nuevo a la subcomisión. Sin solucionar estos extremos ninguna posibilidad de reforma o regeneración será posible. Lo grite en sus mítines quien lo grite. Es revelador acudir a leer, no ya las comparecencias que se han producido en la famosa subcomisión sino, sobre todo, las pregunta e interpelaciones de los representantes de los partidos, y en gran medida del Partido Popular, cuando los que acuden a ilustrarlos ponen una y otra vez el dedo en las llagas. En esas intervenciones se aprecia hasta qué punto el poder político está poco dispuesto a relajar su control. 

Todo esto tiene una influencia real y clara en el devenir de nuestra sociedad. GRECO pide una acción determinada para cumplir estas recomendaciones imprescindibles. El mundo jurídico, las asociaciones judiciales y fiscales y la sociedad española llevamos años, como ellos, clamando porque esto se produzca. Con la misma poca esperanza que anima nuestra alma como pueblo.

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