Una norma no escrita siempre ha empujado a jueces y fiscales a intervenir lo mínimo en una campaña electoral. Ni autos ni detenciones que no resultasen imprescindibles durante los 15 días de mítines y actos políticos antes de la votación.

Pero claro, eso fue antes de que el Supremo imputase a la máxima autoridad de Catalunya y a su número dos en el Govern un delito de rebelión, la acusación más severa que se puede atribuir a un cargo público. Desde entonces, todo el proceso electoral en Catalunya está contaminado por el procés y sus repercusiones judiciales. Las decisiones de los tribunales se han sucedido cada día desde la pegada de carteles y han condicionado todo el debate político. 

El ambiente ya estaba viciado desde antes de que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell leyera la declaración unilateral de independencia que votaron los independentistas el 27 de octubre por la tarde tras 24 horas de titubeos del entonces president, Carles Puigdemont. La convocatoria del referéndum del 1 de Octubre y las manifestaciones de los días posteriores en Barcelona motivaron las primeras denuncias contra las caras visibles del independentismo. Un juzgado de primera instancia investigaba desde mucho antes todo lo relacionado con el procés, a raíz de una denuncia de Vox.

El resto de la historia, tras la declaración unilateral de independencia, es conocida: el Gobierno puso en marcha el artículo 155, destituyó a todos los cargos políticos de la Generalitat, la Fiscalía presentó denuncia contra los líderes independentistas por los delitos más graves del Código Penal y la Justicia echó a andar.

A Puigdemont y a cuatro de sus consellers la primera citación de la Audiencia Nacional les pilló en Bélgica. La otra mitad del Govern entró en prisión después de declarar en la Audiencia Nacional. Ese era el contexto cuando arrancó una campaña muy polarizada en la que el Partido Popular y Ciudadanos se disputaban la autoría del artículo 155 mientras el independentismo clamaba contra los “presos políticos”.

La víspera del comienzo, el Tribunal Supremo ratificó la orden de prisión contra el candidato a la presidencia de ERC Oriol Junqueras y los líderes civiles del procés. Esa decisión, que el magistrado Pablo Llarena fundamenta en el riesgo de reiteración delictiva, ha condicionado ya toda la carrera hacia las urnas. A partir de ahí las noticia siguieron llegando de los juzgados.

El primer día de mítines Llarena retiró además de la euroorden que pedía la extradición de Carles Puigdemont para no renunciar a ninguno de los delitos por los que persigue al expresident. El candidato de Junts per Catalunya sabe desde entonces que en cuanto ponga pie en territorio español será detenido, igual que sus compañeros de gabinete. Pese a ello Puigdemont ha manifestado esta semana en una rueda de prensa por videoconferencia desde Bruselas su intención de volver al Palau de la Generalitat si gana las elecciones.

Con los sumarios en marcha, la prensa ha ido tirando del hilo de las investigaciones y se han ido conociendo detalles de la hoja de ruta independentista. Afloró la agenda moleskine del supuesto cerebro del procés, Josep Maria Jové, ex secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat,y detalles sobre la actuación de los Mossos, que también se están investigando.

El Supremo ordenó nuevas diligencias y dio pistas sobre futuras imputaciones. De momento, pide datos sobre la número dos de Junqueras en Esquerra, Marta Rovira, al resto del llamado “comité estratégico” y  ha extendido la investigación a la sociedad civil que participó en el referéndum, los llamados comités de defensa del referéndum y de la república.

Desde prisión, Junqueras y el resto de los candidatos alegan que se está vulnerando su derecho de participación electoral y piden sin éxito salir en libertad, mientras la lista de Puigdemont remonta en las encuestas. Los líderes de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) encarcelados desde el 16 de octubre, Jordi Cuixart, que no va en ninguna lista, y Jordi Sànchez –número dos de JxCat– llaman a la participación en las urnas mientras en la calle se repiten actos para que abandonen la prisión.

La situación no tiene antecedentes en la historia democrática de España y monopoliza el discurso independentista en mítines, entrevistas y debates electorales. Ni siquiera el Gobierno de Mariano Rajoy, que había mandado mensajes al exfiscal general del Estado, José Manuel Maza, fallecido de forma repentina en Buenos Aires, de que lo que menos convenía a Catalunya era una campaña electoral con los candidatos encarcelados.

Incluso el Tribunal de Cuentas, un organismo fiscalizador que actúa de acuerdo con sus propios plazos, muy alejado del debate partidista y que lleva años de retraso en la fiscalización del gasto público,  ha irrumpido en mitad de la campaña para pedir el embargo de las viviendas que el expresident Artur Mas aportó como garantías para la fianza por su responsabilidad en la consulta anterior, del 9 de noviembre.

 El calendario de los juzgados ha querido además que la Audiencia Nacional abordase esta semana el asunto de la pitada al Rey durante la final de Copa que disputaron el Barcelona y el Atlhetic de Bilbao en 2015. Santiago Espot, el presidente de Catalunya Acció, otra entidad soberanista, está acusado de delitos grandilocuentes – injurias al Rey y ultraje a España– por animar desde su grupo de Facebook a recibir con silbidos al Rey Felipe VI en los prolegómenos del encuentro. La Fiscalía pide multas para él de 14.400 euros. La acusación le atribuye: “un plan preconcebido y planificado con el deliberado y firme propósito de ofender y menospreciar al Jefe del Estado español y al himno nacional, por lo que ambos representan como símbolos para los sentimientos colectivos identificados con la nación española”.

Por si no hubiese suficiente ruido con los procesos judiciales relacionados con el independentismo y el procés, el lunes expiraba también el plazo que un juzgado de Huesca había dado al Museo de Lleida para que devolviese 44 piezas del Real Monasterio de Villanueva de Sijena (Aragón). Los técnicos del Gobierno de Aragón llegaron de madrugada escoltados por la Guardia Civil. La  salida de las obras se produjo entre cargas de los Mossos d’Esquadra contra un grupo de manifestantes que protestaban contra lo que consideraba un expolio. 

La devolución de los bienes ordenada por un juzgado y retransmitida en directo por los medios de comunicación ha sido convertida por el independentismo en una nueva afrenta del Estado a Catalunya.

Y todo cuando en el Supremo apenas acaba de arrancar probablemente la causa más delicada de la historia reciente de España que no solo va a condicionar la campaña sino también los pactos postelectorales y previsiblemente la formación de un Gobierno que se antoja muy complicada si se atiende a lo que dicen las encuestas y a los vetos cruzados que se han impuesto los distintos partidos.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.