En temas de respeto a los derechos fundamentales dentro de la Unión Europea, Hungría y Polonia son los sospechosos habituales. Llevan años siendo criticados, amonestados e incluso amenazados por los responsables europeos con resultados escasos. Contra los dos países se está blandiendo el llamado “botón nuclear”, el artículo 7 de los tratados que puede permitir, en su aplicación extrema, desposeer a un país de su derecho de voto en las instituciones de la UE. Ayer fue la Comisión de Libertades Públicas del Parlamento Europeo la que, en un proyecto de informe, se mostró favorable a solicitar la aplicación de este artículo a la Hungría de Viktor Orbán, el mismo que este domingo, una vez más, ganó con rotundidad las elecciones.

Según la ponente del informe, la verde Judith Sargentini, “el tiempo de las advertencias ha pasado”, y se constata que Hungría supone “un riesgo grave de violación clara” de los valores democráticos de la Unión Europea. En las 26 páginas del informe se desgrana la sucesión de violaciones que se han constatado en Hungría, que afectan al funcionamiento del sistema constitucional, la independencia del poder judicial, la corrupción, los conflictos de intereses y la libertad de expresión, de asociación y de religión. Además, se destaca la discriminación a que están sometidas las minorías rumana y judía, y el trato a las oenegés, “a las que se ha llegado a tachar de agentes extranjeros”.

Se constata “un riesgo grave de violación clara de los valores democráticos de la Unión Europea”

En este sentido va la denominada operación stop Soros, la legislación especial que permitiría al Gobierno húngaro prohibir las oenegés que apoyen la emigración y que supongan un “riesgo de seguridad nacional”. Se la bautizó con el nombre del millonario húngaro-americano a quién Orbán demonizó durante la campaña electoral. El dossier húngaro se arrastra desde hace siete años en los pasillos del Parlamento Europeo, desde que en el 2011 aprobó la primera resolución sobre derechos fundamentales, en aquella ocasión sobre la ley de medios de comunicación.

El proceso se aceleró en mayo del 2017 cuando el pleno requirió la elaboración de este informe. Ahora la comisión de Libertades tiene que aprobarlo en junio y posteriormente el pleno del Parlamento en setiembre. La decisión final la tendrían que tomar los jefes de Gobierno. En su discusión de ayer, los diputados más favorables al informe fueron los socialistas, los verdes y la Izquierda Unitaria Europea.

En cambio, euroescépticos y conservadores lo criticaron asegurando que partía de falsas premisas, y ambiguo estuvo el representante del PPE, grupo al que pertenece el Fidesz, el partido de Orbán. Criticó tanto al informe como al Gobierno húngaro. A la hora de la verdad, cuando lleguen las votaciones, es previsible que el PPE apoye a su miembro.

La ponente del informe lo quiso elaborar con mucha calma y esmero, tanto que le ha llevado casi un año terminarlo, y le ha coincidido con las elecciones. Haciéndolo público cuatro días después de la victoria de Orbán se coloca en una incómoda posición: la de criticar a quién las urnas han bendecido.

El segundo país amenazado por el artículo 7 es Polonia, otro de los miembros del Grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia). En diciembre, fue la Comisión Europea quién tomó la iniciativa de solicitar la activación de este artículo para Polonia, pero concediendo un plazo extra de tres meses para nuevas negociaciones.

Dado que las negociaciones entre Bruselas y Varsovia van relativamente bien, la Comisión no muestra ninguna prisa en acelerar el proceso. Este lunes, el vicepresidente de la Comisión, Franz Timmermans, se entrevistó en Varsovia con el primer ministro Mateusz Morawiecki, y volvió cauto pero optimista.

Hungría y Polonia son dos amenazados por el artículo 7, que pueden protegerse mutuamente. Si se llegara al estadio final, a la decisión “nuclear”, la de suprimir el derecho de voto de un país, la decisión debería de tomarse por unanimidad.

Los 200 ‘mercenarios’ de Soros

Una revista húngara cercana al Gobierno publicó ayer una lista de 200 nombres que pertenecen a una supuesta red del magnate George Soros, alguien a quién Viktor Orbán, en su campaña electoral, identificó como su principal enemigo político. El artítulo de la revista Figyelö, titulado “La gente del especulador”, detalla nombres de colaboradores de oenegés como Amnistía Internacional (AI), el Comité Helsinki Húngaro, la Unión para las Libertades Fundamentales (TASZ) y la Universidad Centroeuropea (CEU) fundada por Soros. Aunque lo presenta como un trabajo de periodismo de investigación, son nombres que aparecen en las webs de estos organismos. Durante la campaña Orbán dijo que conocía los nombres de 2.000 miembros del “ejército mercenario de Soros” que trabajaban para derribar al Gobierno. La lista es un primer aperitivo.

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