En la oficina en Budapest del Comité Helsinki Húngaro, una de las principales oenegés de derechos humanos de Hungría, y la única del país que desde hace 20 años proporciona asistencia jurídica a solicitantes de asilo, se respira inquietud ante las elecciones generales de este domingo. Los sondeos otorgan la victoria al primer ministro conservador nacionalista, Viktor Orbán, en el poder desde el 2010, que en campaña ha martilleado con dos asuntos que hasta ahora le han reportado popularidad en amplios sectores de la sociedad magiar: la “amenaza migratoria” y la supuesta injerencia en el país del multimillonario estadounidense de origen húngaro George Soros.

El Comité Helsinki Húngaro (HHC, por sus siglas en inglés) –así llamado por razones históricas vinculadas a un acuerdo firmado en la capital finlandesa en 1975– figura en esas dos obsesiones de Fidesz, el partido de Orbán, pues trabaja con refugiados, y recibe financiación de George Soros. El magnate no sólo tiene en Budapest la Universidad Centroeuropea (CEU), un centro universitario privado de inspiración liberal y alumnado húngaro e internacional, que Orbán ha sometido a acoso con normativas ad hoc. Además, a través de su fundación Open Society, el octogenario Soros inyecta dinero abundante a entidades de promoción de la democracia, el liberalismo y la protección de las minorías en países ex comunistas.

Según Viktor Orbán –que en su juventud fue becado por Soros–, las actividades del multimillonario judío atentan contra lo que el populismo de Fidesz considera intereses nacionales de Hungría, y por ende también incurren en ese pecado las organizaciones húngaras que él financia. Ahora está pendiente de aprobación en el Parlamento un paquete legislativo denominado sin medias tintas Stop Soros, que prevé obligar a las oenegés que reciben financiación internacional (de la UE, la ONU, fundaciones privadas…) a inscribirse en un registro para autorizar sus actividades, gravar en un 25% el montante de esa financiación, y posibilitar el alejamiento de su personal, húngaro y extranjero, de áreas de detención de migrantes.

Una ley llamada ‘Stop Soros’ perjudicaría a grupos pro migrantes como el Comité Helsinki Húngaro

“Durante los últimos tres años, es decir, cuando empezó a perder popularidad, el Gobierno ha invertido miles de millones de dinero público en demonizar a los migrantes, a través de una campaña de odio, porque el populismo se alimenta del miedo”, explica en la oficina del Comité Helsinki Húngaro Gábor Gyulai, director del programa de refugiados de la entidad. Así, a inicios del 2015, el Ejecutivo organizó una consulta nacional sobre “inmigración y terrorismo”, con anuncios en todo el país con este mensaje a los migrantes, escrito en húngaro, lengua que difícilmente estos conocen: “Si venís a Hungría, no podréis quitar puestos de trabajo a los húngaros”. También un cuestionario enviado por correo a los ciudadanos incluía preguntas como esta: “Hay quien piensa que la mala gestión de la cuestión migratoria por Bruselas puede tener algo que ver con el incremento del terrorismo. ¿Está usted de acuerdo con esa visión?”.

En el referéndum sobre cuotas de refugiados en la UE que convocó Orbán en octubre del 2016, el Gobierno insertó anuncios en televisión con frases como: “Desde el inicio de la crisis migratoria, han muerto en Europa más de 300 personas en ataques terroristas”. Y en esta campaña electoral, un cartel de Fidesz muestra a una multitud de supuestos refugiados bajo un sucinto y contundente mensaje: “Stop!”.

Con las insinuaciones negativas contenidas en esos escritos, el Gobierno de Orbán señala a la inmigración como un gran riesgo para Hungría cuando la realidad, siempre tozuda, le desmiente con las cifras. En el 2015, pico de la crisis migratoria, Hungría recibió 177.135 solicitudes de asilo (la mayoría de los refugiados en tránsito por este país buscaba alcanzar Alemania), pero la valla que el Gobierno construyó en la frontera sur en septiembre de ese mismo año frenó en seco las solicitudes. En el 2016, fueron 29.432, y el año pasado ya sólo 3.397.

“Orbán ha destruido el sistema de asilo, con cuotas de admisión de una persona al día por día laborable en las dos únicas zonas de tránsito, es decir 10 personas por semana; y devoluciones en caliente, pues la valla existe, pero la gente la cruza igual”, relata Gyulai. Hubo así el año pasado 9.136 devoluciones arbitrarias desde el interior del territorio húngaro hacia Serbia, según recuento del HHC.

Hay pues pocos refugiados en el país, y sin embargo, el relato del miedo al extranjero espoleado por Fidesz ha cuajado en este país de 9,8 millones de habitantes, todavía poco habituados a la gente de fuera. Lo trágico es que, mientras esto ocurre, Hungría pierde población (más de medio millón de húngaros han emigrado, la mayoría a partir del 2010) y necesita mano de obra que la inmigración podría suplir; faltan informáticos, enfermeras, albañiles, y personal de hostelería.

Si gana Fidesz estas elecciones con mayoría holgada, las cosas pueden complicarse mucho para entidades como el Comité Helsinki Húngaro. “A partir de inicios del 2017, los ataques del Gobierno empezaron a dirigirse contra las oenegés que ayudan a los migrantes, hubo un cambio de tono; se nos difama diciendo que nuestras actividades van contra el interés nacional”, prosigue Gábor Gyulai. En la céntrica oficina del HHC, a dos pasos de la bella y monumental sinagoga de Budapest, Gyulai y sus colegas temen que las normas del paquete Stop Soros sean aprobadas por un Orbán victorioso y acaben estrechando su capacidad de actuación. “Pero no nos rendiremos”, proclama Gyulai, muy convencido.

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