“Fue en error brutal”. Con estas palabras definió durante el juicio el expresidente del Palau, Fèlix Millet, el saqueo que él mismo, junto a Jordi y Gemma Montull, perpetraron en el auditorio. La sentencia del caso Palau, conocida este lunes, ha cifrado el expolio en algo más de 23 millones de euros.

Repasamos las claves de una sentencia de 549 páginas que muestra la impunidad y la corrupción que reinó en el Palau bajo la era Millet, y de la que los magistrados de la Audiencia de Barcelona consideran probado que se benefició Convergència.

La “cañería” de Ferrovial a CDC no era del 3% sino del 4%

La sentencia ha confirmado lo que en Catalunya era un secreto a voces: que Convergència se financiaba a través de comisiones a cambio de obra pública. El fallo otorga plena credibilidad a lo que el fiscal Emilio Sánchez Ulled definió como un “cañería” de mordidas de Ferrovial a CDC a través del Palau, que no era del popular 3%, sino del 4%. Lo describió gráficamente Jordi Montull durante el juicio: “Primero era el 3% pero luego fue el 4% porque Convergència quería más dinero”.

La trama, describe la sentencia, funcionó del siguiente modo entre 1999 y 2009: primero Ferrovial y CDC pactaban “anualmente y por anticipado” el importe del total de obra pública que se adjudicaría a la constructora desde la Generalitat o ayuntamientos de CiU. A cambio, el partido recibía el 4%. Para llevar a cabo el cobro, Fèlix Millet y Jordi Montull idearon la creación de un ciclo de conciertos, conocido como “Palau-100”, patrocinado por Ferrovial pero cuyo único objetivo era enmascarar las mordidas.

La comisión que Ferrovial y CDC pactaron era del 4% del importe del total de las adjudicaciones obtenidas, confirma la sentencia. Esta cantidad se la repartían entre CDC (2,5%) y Fèlix Millet y Jordi Montull, que se quedaban un 1,5% como intermediarios. De este porcentaje, un 80% se lo quedaba Millet y un 20% Montull.

El tesorero de CDC, condenado; ¿y sus dirigentes?

Si bien ni la Fiscalía no pudo probar qué dirigentes de CDC estaban implicados en la trama, la sentencia deja claro que los tesoreros no pudieron urdirla solos. Remarca el fallo que Osàcar y Torrent, además de recoger los sobres con las mordidas, “garantizaban que otros responsables del partido, que no han podido ser determinados” ejercieran la influencia necesaria “a fin de asegurar el flujo de adjudicaciones” de obras públicas pretendido por Ferrovial a cambio de las comisiones.

Las comisiones por valor de 6,6 millones se pagaron primero en sobres en efectivo (3,7 millones) a los extesoreros de CDC, Carles Torrent (fallecido en 2005) y Daniel Osàcar (condenado a 4 años y cinco meses de cárcel). Más tarde, el sistema se “sofisticó”, coincidiendo con la entrada de Gemma Montull a la dirección financiera del Palau, que ideó, junto al resto de condenados, un sistema de facturas falsas para esconder las comisiones, que ascendieron a 2,3 millones. La última de las vías fueron los convenios falsos entre el Palau la CatDem, la fundación de CDC, por valor de 0,6 millones.

Según la sentencia, Osàcar, Torrent y los dirigentes que no han sido identificados fueron “la clave de bóveda en CDC que permitía el funcionamiento del entramado de cobro de comisiones a cambio de obra pública”. En la época de los hechos (1999-2009) el secretario general de CDC era Artur Mas, que siempre ha negado tener conocimiento de cómo se financiaba el partido y ha puesto la mano en el fuego por Osàcar, ahora condenado. Dimitió como presidente del PDeCAT la semana pasada.

Por qué los directivos de Ferrovial terminan absueltos

La clave en la absolución de los directivos de Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, está en que los hechos por los que estaban acusados –el pago de patrocinios al Palau que en realidad eran comisiones a CDC– están prescritos. En concreto, la sentencia señala que el último ingreso de Ferrovial al Palau fue en febrero de 2006, y los directivos no fueron procesados hasta seis años después, uno y tres años año más que el plazo de prescripción de los delitos de administración desleal y tráfico de influencias.

Por contra, la prescripción del delito de blanqueo del que ha sido condenado Osàcar, es de 10 años, por lo que el extesorero no se ha podido beneficiar de la prescripción.  La sentencia considera probado que Ferrovial pagó comisiones del 4% a cambio de “como mínimo” cuatro obras públicas: un pabellón en Sant Cugat, la Ciudad de la Justicia, la línea 9 del metro y la obra de revestimiento de la acequia Bellet en Tarragona, todas ellas adjudicadas en el último gobierno de Jordi Pujol (1999-2003).

Un expolio acreditado de más de 23 millones

Millet confesó justo cuando estalló el caso Palau que se había apropiado de 3,3 millones de euros del auditorio. Pero pronto las auditorías y los informes de Hacienda elevaron a mucho más esta cifra. Finalmente, la sentencia acredita que el expolio del Palau de la Música por parte de Millet y Montull asciende a poco más de 23 millones de euros entre 2000 y 2009. 

Los magistrados relatan en su sentencia que Millet, Jordi  y Gemma Montull “pusieron en práctica una estrategia encaminada a disponer, ilícitamente, de cuantiosos fondos” del auditorio, para destinarlos “bien a gastos particulares de ellos o sus familias, bien a fines desconocidos”. Pero, en cualquier caso, todos “ajenos” a los intereses de la entidad de donde procedían: el Palau de la Música

Del total del saqueo, al menos siete millones de euros se los embolsó Fèlix

Millet, incorporándolos a su patrimonio. Por su parte, Jordi Montull se quedó 1,3 millones.

Viajes y obras en casa: el destino del saqueo

Que Millet y Montull utilizaron para sus fines el Palau de la Música como si fueran sus propietarios lo demuestran los “cuantiosos fondos” de la institución que, según la sentencia, destinaron a gastos personales. Reformas en sus respectivas viviendas de l’Ametllà del Vallès y Teià, las bodas de las hijas de Millet, viajes a una docena de países… Todo ello se ha demostrado que se sufragó con dinero de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y del consorcio de la entidad. 

Millet y Montull giraron a la institución cultural facturas por obras en sus viviendas por valor de al menos 2,8 y 2,6 millones de euros. El prohombre también usó su poder para cargar a las cuentas del auditorio las bodas de sus dos hijas, Clara y Laila, celebradas en el Palau “sin satisfacer alquiler alguno”. En total, 164.269’93 euros que pagó de nuevo la institución cultural, incluido un almuerzo por valor de 28.000 euros y una decoración de 11.000. 

Otro capítulo que acredita el despilfarro de las familias Millet y Montull a cuenta del Palau es el de sus viajes de placer. La sentencia acredita 648.000 euros de la institución dedicados a pagar sus visitas de turismo en Maldivas, Dubai o la Polinesia. Los viajes se contrataban a la empresa Viajes Baixas, S.A, según consta en la sentencia, y los gestionaban personalmente Jordi y Gemma Montull. 

¿Entrarán en la cárcel los condenados?

Es difícil. Los únicos condenados que podrían entrar en prisión son los que tienen las penas más elevadas: Fèlix Millet (nueve años de y ocho meses), Jordi Montull (siete  años y seis meses) Gemma Montull (cuatro años, seis meses y 22 día) y Daniel Osàcar (cuatro años y cinco meses). La Fiscalía no ha decidido si pide una vistilla para ejecutar la sentencia antes de que el Supremo resuelva los recursos que plantearán varias partes, empezando por Convergència y los Montull.

Fuentes jurídicas apuntan que el delicado estado de salud de Millet, Montull y Osàcar complica su ingreso en prisión, y añaden que habitualmente sólo los condenados a penas de más de 7 años entran en prisión antes de que el Supremo se pronuncie sobre el recurso. Gemma Montull es, pues, quien más números tiene para terminar pisando la cárcel, pese a su pacto con la Fiscalía.

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