Las ‘intromisiones’ de los ministros de Hacienda y de Justicia sobre datos de la causa seguida en el Tribunal Supremo por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos han comenzado a pasar factura en el proceso judicial y a generar las primeras consecuencias.

El magistrado Pablo Llarena ha tomado cartas en el asunto después de comprobar que varios de los procesados que tiene encarcelados se le han encarado durante las declaraciones indagatorias celebradas esta semana. Por un lado, le acusan de haberles convertido en “presos políticos” y de actuar motivado por “presiones políticas” como demuestra los “vaticinios” del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre lo que iba a ocurrir en el procedimiento.

Por otro lado, varios de los procesados han sostenido en estas últimas declaraciones ante Llarena que la rebelión ha quedado desacreditada por la decisión de la Justicia alemana y la malversación, por las afirmaciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que no se había destinado dinero público a la organización de 1-O, en contra de la investigación.

”A la mayor brevedad posible”

Las declaraciones de Montoro han tenido más consecuencias ya que el propio magistrado le ha requerido para que informe “a la mayor brevedad posible” sobre el soporte objetivo concreto de sus declaraciones, algo que el magistrado destaca que contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa.

Las afirmaciones del ministro resultan especialmente relevantes dado que Hacienda se encuentra personada en la causa como acusación particular a través de la Abogacía del Estado por la presunta existencia de un delito de malversación de caudales públicos. Llarena advierte a Montoro que han sido varios los procesados que han alegado, tras sus declaraciones, “la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros”.

Las afirmaciones de Catalá sobre la causa penal seguida por los delitos de rebelión y malversación en el Tribunal Supremo también han servido de munición para los procesados encarcelados, quienes ven sus manifestaciones como una clara existencia de control político frente al judicial.

”Vaticinios” de Catalá

El exconseller Josep Rull cree que la demostración de que se trata de un juicio político es que diversas personas, como el ministro de Justicia, han ido vaticinando lo que iba a ocurrir con los procesamientos, las fechas de éstos, las inhabilitaciones políticas, la celeridad en la instrucción e incluso han adelantado términos de la sentencia. A su juicio, esto supone o bien que el tribunal no actúa independientemente sino movido por presiones políticas o bien que “todos los que hablan tanto son oráculos”, aseguró este martes en su declaración en el alto tribunal.

En unas declaraciones públicas en febrero, Catalá ya daba por hecho que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y los excargos del Govern en prisión o fugados serían suspendidos en primavera para ostentar cargo público una vez el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictara auto de procesamiento por rebelión. Precisamente, el mismo día que empezaba esta estación del año, el magistrado comunicaba a las partes que dos días después serían citadas para notificarles el auto de procesamiento.

Sobre la previsión de que sean suspendidos de sus cargos, previamente debían ser procesados por un delito de rebelión y estar encarcelados. El mismo 23 de marzo, Llarena ya acordó el ingreso en prisión de varios exconsellers que seguían en libertad. Para que queden apartados de ejercer un cargo público, primero la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo tiene que resolver los recursos contra el auto de procesamiento, que podría ocurrir en el plazo aproximado de un mes.

Mensajes fortalecidos

En una entrevista en el programa Espejo Público el pasado 1 de febrero, Catalá adelantó que después de que Llarena firmara “dentro de uno dos meses” el auto de procesamiento y antes de que haya sentencia firme “para otoño o final de año”, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que en delitos como el de rebelión, los procesados “se sacan de la escena de la representación pública y de ejercer actividades políticas”.

Las diversas declaraciones de ambos ministros ha fortalecido el mensaje de los encarcelados por el delito de rebelión, quienes al ver la respuesta de la justicia de Alemania de rechazar el encarcelamiento de Puigdemont, ven una puerta abierta para conseguir su libertad.

Es más, en este tramo de procedimiento y después de haber asegurado en anteriores ocasiones que acatarían la Constitución, ahora han decido cambiar la línea de defensa y ven factible conseguir que se asuma -sobre todo internacionalmente- que se trata de un juicio político, que no han cometido ningún delito y que se les ha vulnerado todo tipo de derechos.

Ante este escenario, un ministro de Justicia adelantando decisiones judiciales, y un titular de Hacienda contradiciendo los datos que maneja el juez y la Guardia Civil, entorpece una causa judicial que inevitablemente se acabará revisando ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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