El Ministerio de Hacienda insiste: no hubo gasto público en el referéndum de Catalunya. El ministro Cristobal Montoro ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que detalla que ni un solo euro de los españoles se dedicó a sufragar los gastos del 1 de octubre. “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos, ni la manutención de Puigdemont, pero sé que no con dinero público”, reitera.

El periodista encargado de la entrevista intenta que el titular de Hacienda se moje prometiendo que esa máxima se ha cumplido desde que la autonomía catalana está intervenida. Responde que solo habría podido ocurrir con un delito de falsificación de un funcionario conchabado con algún proveedor de la causa.

Montoro cree que si Catalunya progresa los independentistas se quedarán sin argumentos Montoro cree que si Catalunya progresa los independentistas se quedarán sin argumentos (Zipi / EFE)

Es por este motivo, dice, por el que “hay una investigación judicial en marcha, pero la malversación no requiere solo desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo”, explica Montoro en El Mundo.

Relata Montoro que la forma principal con la que se ha luchado desde el Gobierno central para frenar la independencia es haciendo que Catalunya “progrese”. “Es lo que no quieren los independentistas, porque si los catalanes progresan dentro de España los independentistas se quedan sin argumento más allá del sentimental. Yo tengo indicadores semanales de cómo va Catalunya: las ventas vuelven a subir, se están recuperando”, confiesa.

“Vivimos en un Estado que puede impedir presupuestariamente la independencia. Y es lo que hemos hecho. También hemos sacado lecciones para el futuro”, comenta Montoro sobre la experiencia de la crisis catalana.

Descartado el delito de rebelión para Puigdemont, falta juzgar el de malversación

El Tribunal Superior del land de Schleswig-Holstein descarta, por ahora, el delito de rebelión. Queda pendiente de resolución el de malversación, imputable a aquellos funcionarios que causen perjuicios al patrimonio público. Se trataría, según argumenta el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en sus resoluciones, del uso de algo más de 1,6 millones de euros del dinero del presupuesto de la Generalitat para financiar el referéndum del 1-O que el Tribunal Constitucional dictaminó que era ilegal.

¿Sobre qué se basa Llarena? En un informe de la Guardia Civil, que utiliza correos cruzados entre altos responsables de la Generalitat pero que no cuenta con la comprobación efectiva de lo que pasó al final con el dinero. También de la policía, siempre con cifras astronómicas que luego han acabado no siendo reales. Al escoger el juez del Supremo uno de esos informes como base acusatoria contra el criterio de Hacienda debilita el caso.

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