El año 2017 no podía concluir de manera más funesta para comunidades autónomas y ayuntamientos. Tras cinco años de supervisión y amenaza de intervención de sus cuentas públicas, encorsetando las inversiones y los gastos que pueden realizar las administraciones, el Ayuntamiento de Madrid sufría los efectos más temidos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, conocida como Ley Montoro.

Aludiendo un superávit de 2.000 millones de euros para las inversiones que tenían previstas para las cuentas de 2018, el delegado de Hacienda Carlos Sánchez Mato se negaba a realizar los ajustes solicitados por el Ministerio de Hacienda para el Plan Económico-Financiero de 2017 y 2018, en aras de “cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el techo de gasto”. Manuela Carmena cedía finalmente a las presiones de Cristóbal Montoro para destituir al concejal Sánchez Mato y presentar los presupuestos “financieramente sostenibles” que deseaba dicho ministerio, retirando así su guadaña del Ayuntamiento de Madrid.

Entre las críticas al ministro destaca el sesgo partidista detrás de su decisión, teniendo en cuenta que localidades como Jaén incumplen reiteradamente la Ley Montoro”, que estuvo gobernada por el actual secretario de Estado de Hacienda.

“En el caso de Madrid no está justificada la intervención, hay una discriminación frente a otras comunidades autónomas y ayuntamientos que están en peor situación y respecto de los que el Ministerio de Hacienda no ha tomado estas medidas. Aunque la ley es clara y habilita a Montoro para la decisión que ha ejecutado, hay que modificar esa norma porque con la reducción de deuda que se está acometiendo, como en el caso en Madrid, la regla de gasto sea tan estricta e imposibilite muchas inversiones e infraestructuras y estrangule el gasto social”, reprocha Carlos Cruzado, presidente de Gestha y miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal.

La acción del delegado de Hacienda ha sido aplaudida en los sectores más progresistas de la economía y de la sociedad por la apabullante reducción de deuda del municipio en más de 2.000 millones, superando con creces las directrices de reducción de deuda del Ministerio de Hacienda. Mientras, durante el mismo período, la Comunidad de Madrid liderada por Cristina Cifuentes ha ampliado en 4.517 millones su deuda.

Pese a estas cifras, desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aseguran que la acción económica de Sánchez Mato dista de ser brillante, como se proclama desde el Palacio de Cibeles. “Que hayan reducido la deuda por encima de lo que era el plan de ajuste de Madrid significa que no ha habido inversiones a desarrollar. Aunque no compartamos la ley, esta establece que si el dinero que has presupuestado no lo gastas en inversiones financieramente sostenibles tienes que ir por la vía de reducir deuda, cuando esa deuda la podrías llevar a más largo plazo”, sostiene el presidente de la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP Manuel Robles.

En el abanico de inversiones que la Ley Montoro considera “financieramente sostenibles” se encuentran servicios como el agua, el tratamiento de residuos, medio ambiente o transportes, siempre que tengan una vida útil superior a los cinco años. En el caso de Madrid, la compra de una nueva flota de autobuses de la EMT que contemplaba el Plan Económico-Financiero (PEF) quedaría excluida de esta categoría, así como otros 576 proyectos de obra pública que incumplirían la regla de gasto para 2017.

Amén de la criticada Ley de Estabilidad Presupuestaria que trae de cabeza a los ayuntamientos, el principal escollo que impide a las corporaciones locales desarrollar inversiones reside en la llamada regla de gasto. Este cálculo impide que “el gasto público crezca anualmente por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española”.

Yago Álvarez, miembro de la Red Municipalista contra la deuda ilegítima y los recortes, carga contra el Ministerio de Hacienda, aunque reconoce que desde el Ayuntamiento de Madrid han intentado darle la vuelta a la legislación haciendo una reinterpretación de las “inversiones financieramente sostenibles”: “La ley está siendo utilizada de una manera totalmente arbitraria y con objetivos políticos. El propio ministerio cambió los cálculos de la regla de gasto respecto al ejercicio anterior. Según le convenga, Montoro ha hecho referencia a los datos de 2012 o al año anterior para justificar económicamente la intervención”.

En la interpretación arbitraria que realiza el Ministerio de la regla de gasto coinciden la Red Municipalista y la FEMP. Para la primera, la Ley de Estabilidad Presupuestaria Europea establece que tiene que haber una estabilidad en el conjunto de las administraciones, pero no recoge en ningún apartado que tenga que exigir la misma disciplina a un municipio que a la administración central. “Es una interpretación ventajosa que se saca de la manga Montoro”, concluye Yago Álvarez. “Todos queremos cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero hay que adecuar la regla de gasto española a la europea para que deje de ser tan restrictiva hacia los ayuntamientos. El computo de las inversiones debería realizarse cada cuatro años como en Europa, y no computar para la regla de gasto cada año como sucede en España”, detalla Manuel Robles (FEMP).

En opinión de Carlos Cruzado, detrás de la intervención y arbitrariedad del Ministerio de Hacienda existirían otros objetivos que distan de lo económico: “Por el criterio que ha seguido en los cinco años de aplicación de esta ley, se puede llegar a pensar que hay otros condicionantes que sean más políticos que económicos. El ministro está restringiendo el gasto de los ayuntamientos para compensar el incumplimiento de comunidades autónomas y del Estado. Es bastante claro que puede utilizar ese superávit de los municipios para ajustar las cifras a los objetivos de déficit que pide Bruselas, como ya hiciera en 2016”.

Para Aurelio García, profesor en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), Hacienda “se está cebando con el eslabón más débil, porque es mucho más difícil resolver los problemas económicos de las comunidades autónomas”. Las cifras oficiales para el tercer semestre del 2017 avalan su tesis, las corporaciones locales registran un superávit del 0,51% del PIB, superando los 5.900 millones de euros. Las comunidades autónomas se quedan en 1.267 millones de superávit, aunque la deuda de las mismas ha aumentado en 30.104 millones desde 2015. En cambio, la deuda de las entidades locales ha bajado en 6.293 millones durante el mismo período, estableciendo una amplia brecha a favor de los ayuntamientos de 253.844 millones de euros menos de deuda.

“Las corporaciones locales en el año 2011 tenían en depósito unos 10.700 millones. En seis años esos depósitos se han duplicado en 23.500 millones de euros, que es el 2% del PIB. Es una cantidad absolutamente brutal. Hay ayuntamientos como el de Madrid que tiene depósitos por valor de 1.120 millones de euros y no puede gastarlos. En algún momento habrá que abrir la mano, porque las corporaciones locales han hecho un esfuerzo importantísimo en el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria”, asegura Aurelio García (IEB).

Mientras que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calificaba en su último informe de diciembre de 2017 como “muy probable” el cumplimiento del objetivo de estabilidad por parte de los ayuntamientos, las comunidades autónomas se quedaban en un “probable” debido a la mala situación que acarrean la Región de Murcia, Aragón, Cantabria, Extremadura y Comunitat Valenciana.

Esto, sumado al incumplimiento de la regla de gasto, ha generado la cólera de Montoro, alertando con una carta a las comunidades incumplidoras para que reduzcan el gasto.

La comunidad que tiene visos de seguir los pasos de Madrid es la Comunitat Valenciana, debido a los constantes avisos del ministro y a la negativa del presidente autonómico, el socialista Ximo Puig, a realizar nuevos ajustes en los presupuestos.

Preguntado en el Congreso de los Diputados por una posible intervención de Hacienda, Cristóbal Montoro señaló: “Tenemos la obligación de hacerlo por la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por eso insistimos, para todos, para evitar que tengamos que entrar en los renglones coactivos de la ley, deben cumplir”.

Aunque el consistorio madrileño ha supuesto la gran primera intervención en base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Montoro se adelantaba a finales del mes de octubre haciéndose con el control directo de las cuentas de la Generalitat de Cataluña, como paso previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

“La intervención de las cuentas catalanas tenía un objetivo exclusivamente político. Se utilizó la Ley de Estabilidad Presupuestaria como una excusa, pero realmente no se está aplicando la ley. Si hubieran seguido los parámetros de incumplimiento de la ley y del techo de gasto deberían haber intervenido Murcia hace muchos años”, detalla Alain Cuenca, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares.

Según Yago Álvarez, al margen de la austeridad, la Ley Montoro entra dentro de un plan neoliberal para hacer cada vez más pequeñas las administraciones públicas: “Se habla mucho del techo de gasto, pero se habla muy poco de la tasa de reposición que también establece dicha ley. Con la tasa de reposición cero se impide realizar remunicipalizaciones de servicios públicos y contratar personal, aunque se haya jubilado. Esta medida ha provocado que el propio ciudadano califique la gestión de servicios públicos como desastrosa y avale la entrada de la empresa privada a la administración pública”.

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