La Generalitat de Catalunya contaba con informes internos en los que se reconocía que el déficit de los fondos de la Seguridad Social había ido creciendo en los últimos años en esta comunidad autónoma. Estos documentos también reflejaban que las únicas regiones que aportan de manera neta al sistema son Madrid y Baleares. A pesar de ello, los responsables políticos prometían que las pensiones de la República catalana subirían desde el minuto uno en el que se produjera la independencia y que la subida sería mayor que en el resto de España.

También admitían en los documentos internos que Catalunya es la autonomía en la que se concentra el volumen más elevado de pensiones y subsidios contributivos del Sistema de Seguridad Social -22.845 millones de gastos frente a 19.981 millones de ingresos-, que representan el 18,8 por ciento del total de España.

Reconocían así mismo que esta región tiene el peso más importante en las pensiones por jubilación y viudedad, es decir, que son las prestaciones más altas, “hecho que se corresponde con un mayor volumen de derechos contraídos por las cotizaciones realizadas previamente”, según señalaban. Además, en el informe se expone que el factor fundamental del aumento del déficit es, al igual que en el resto de España, el aumento del número del número de perceptores y las mayores cuantías de cada prestación.

Estos datos y el estudio de los fondos de la Seguridad Social en Catalunya aparecen reflejados en un informe de la Dirección General de Análisis Económico, dependiente de la vicepresidencia del Gobierno catalán, y tiene fecha de 17 de junio de este año. En él se analiza la territorialización de los fondos desde 2013 hasta 2016.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, está incorporado al procedimiento que instruye el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el que se investiga la creación de estructuras de Estado por parte del Gobierno de Carles Puigdemont y los preparativos del referéndum ilegal de independencia del pasado 1 de octubre.

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