En México, las carreteras se han convertido en blanco de la delincuencia. Durante 2017 se registraron más de 4.000 robos, el 89% de ellos con violencia. En lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto se cometieron 14.974 asaltos. Autobuses de pasajeros, vehículos particulares y camiones de carga transitan por caminos asechados por el crimen.

La inseguridad ha generado la insurgencia de los llamados ‘justicieros’ o ‘vengadores anónimos’, que han acabado con los delincuentes al hacer justicia por su propia mano. Estas operaciones delincuenciales forman parte de otro de los ‘modus operandi’ de la delincuencia organizada que acecha al país.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que, de enero de 2013 a noviembre de 2017, se cometieron 14.974 robos en carretera; de los cuales, 12.504 fueron con violencia. Los camiones de carga han sido los preferidos por el crimen, pues hay registro de 6.030 delitos; le siguen los vehículos particulares, con 1.378 y los autobuses de pasajeros con 1.104, indican las Estadísticas de Incidencia Delictiva del Fuero Común.

En el sexenio previo al mandato de Enrique Peña Nieto como presidente de México, bajo la administración de Felipe Calderón Hinojosa, en el país se cometieron 13.362 robos. Durante ese periodo, las cifras de la violencia en vías terrestres fueron escalando de manera significativa: de los 982, registrados en 2007, ascendieron a 3.450 en 2012.

Daniel Canjuma López, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, dice que esta es una violencia vinculada al crimen organizado, derivada de la disputa por territorios y rutas. “Podemos observar que no es una violencia generalizada en el país y que se da en aquellos estados y municipios donde hay una actividad importante de los grupos criminales en términos de poderío y de generar un dominio de situaciones que otorga el espacio, como puede ser el tránsito o una plaza”.

La evolución de la incidencia de este tipo de delitos y de las reacciones de los empresarios, hacen suponer que las acciones de las autoridades, tanto federales como locales, respecto de la atención de este fenómeno no han sido las más adecuadas, manifiesta la organización Inteligencia Pública, en su análisis ‘Robo en carreteras: la urgencia de su atención’.

Estos hechos perjudican al sector transportista, uno de los más importantes de la economía mexicana, e impactan en las tomas de decisiones de los inversionistas extranjeros.

Los vengadores

La violencia que ha pretendido amedrentar a los pasajeros en los autobuses y despojarlos de sus pertenencias ya se ha enfrentado a los llamados ‘justicieros’ o ‘vengadores anónimos’.

En julio de 2017, un ‘justiciero’ frustró el asalto a un autobús de transporte público en la Ciudad de México. Alrededor de las 06:50 horas del 7 de julio, un hombre con corte tipo militar ejecutó a otro de, aproximadamente, 25 años, quien pretendía despojar de sus pertenencias a los usuarios.

A partir de 2006, comenta Canjuma López, pudimos ver en México un recrudecimiento de la violencia en todos los aspectos, y que ha hecho un nicho en los medios de comunicación que documentan a aquella vinculada al crimen organizado.

También, dice el investigador del Inacipe, se ha visto una diversificación de las modalidades delictivas que implica que la criminalidad ya no solo se está dedicando al tráfico de armas y drogas, como en las décadas de 1980 y 1990: ahora hay secuestros, trata de personas, ‘piratería’, robo de vehículos.

“El transporte de carga es un blanco muy importante para este tipo de organizaciones porque activan el mercado negro de mercancías; al final del día, monopolizado por algunas células delictivas”, indica el maestro en Criminología y Política Criminal.

Decreto legislativo

El alza en el robo en las carreteras y caminos del país así como el incremento en las pólizas de seguros han provocado que la Cámara Nacional del Transporte de Carga urja a las autoridades a que se trate el tema como un asunto de seguridad nacional, pues toda la cadena productiva, de comercio y del transporte de pasajeros ha sido afectada.

Ante este panorama, el 28 de noviembre de 2017, el Senado de la República aprobó las modificaciones al Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de delitos carreteros, en el que aplicarán una pena de 6 a 12 años de prisión para quien cometa el delito de robo a autotransporte. Cuando el robo sea el propio vehículo, el castigo será de siete a 15 años de prisión.

El dictamen legislativo reconoce que la zona de más alto riesgo en el robo de autotransporte se ubica en la ruta Estado de México-Puebla-Veracruz, conocida por los transportistas y conductores como el ‘Triángulo de las Bermudas’. También, que los estados con mayores índices delictivos son Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Ciudad de México.

Érika Ramírez

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