La decisión del Tribunal Supremo de denegar la puesta en libertad de Oriol Junqueras complica aún más la constitución del nuevo Parlament de Catalunya, previsto para el próximo día 17 de enero. La resolución del Supremo es de una significativa dureza y envía un mensaje inequívoco a toda la sociedad catalana.

En su video-blog semanal, el director adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana, explica las consecuencias que esta decisión puede tener, a corto plazo, en la política catalana. De entrada, Junqueras no podrá ser candidato a la presidencia a la Generalitat, como solución alternativa a Carles Puigdemont, como se ambicionaba, de manera indisimulada, desde Esquerra Republicana. Puigdemont, en Bruselas. Junqueras, en la cárcel de Estremera. ¿Cómo se afronta la investidura?

De entrada, la mayoría independentista puede estar en riesgo en la sesión constitutiva del Parlament. En su conjunto (Junts per Catalunya, ERC y CUP), los independentistas cuentan con 70 diputados, dos por encima de la mayoría absoluta, fijada en 68 escaños. Hay ocho diputados electos del independentismo con graves dificultades para participar en la primera sesión. Cinco de ellos (Carles Puigdemont, Clara Ponsati, Meritxell Serret, Toni Comín Y Lluís Puig) se hallan huidos en Bruselas y serían inmediatamente detenidos en caso de regresar a España. Otros tres (Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Joaquim Forn) se hallan encarcelados, con escasas perspectivas de salir en libertad en las próximas semanas. Su participación en la primera sesión parlamentaria está sujeta a lo que pueda decidir la autoridad judicial al respecto.

Para asegurar al cien por cien la mayoría absoluta independentista en esa sesión, seis de ellos deberían renunciar al escaño, para ser sustituidos por otros tantos diputados con libertad de acción. No son decisiones fáciles de tomar, en la medida que afectan al destino personal de los afectados y ponen a prueba las malas relaciones entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, unas pésimas relaciones cada vez más evidentes.

La elección del presidente del Parlament y de la Mesa es muy importante, dada la complejidad de la legislatura. Una de las funciones de la Mesa es interpretar el reglamento. Esa potestad interpretativa se pondrá a prueba pronto si Puigdemont solicita ser investido a distancia, participando en el debate parlamentario a través de una vía telemática desde Bruselas. El reglamento no lo prohíbe, pero tampoco lo contempla de manera explícita. La presidencia y la Mesa del Parlament pueden verse obligadas a deliberar sobre esta delicada cuestión, que podría acabar recurrida ante los tribunales.

Ante esa coyuntura, los ocho escaños de Catalunya en Comú (los Comunes aliados de Podemos) cobran una especial importancia.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.