Madrid, Barcelona y Valencia creen que el borrador que maneja el Ministerio de Hacienda de modificación del impuesto sobre la plusvalía les perjudica respecto a otros ayuntamientos, al igual que a otras grandes ciudades. Cristóbal Montoro, en aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional, debe reformar la legislación que regula este tributo que se abona en las compraventas de terrenos e inmuebles y que va a parar a las arcas municipales.

Madrid y Barcelona están gobernadas por confluencias municipalistas con presencia de Podemos, y en Valencia el alcalde es de Compromís, con participación de PSPV y Valencia en Comú. Aunque fuentes de uno de estos consistorios no quieren ver una “intencionalidad política” en la presunta discriminación, y la atribuyen a un deseo de simplificar los cálculos por parte del Ministerio, reconocen que no pueden poner “la mano en el fuego” tras la experiencia con la regla de gasto, que obliga a Madrid a hacer una serie de recortes que no se están aplicando con tanto rigor en otros lugares.

Fuentes de Hacienda aclaran a eldiario.es que no hay una propuesta cerrada y que siguen trabajando de la mano de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Se estudian determinadas opciones, “pero nada definitivo”, insisten, ya que “no se hará nada sin la FEMP”.

Por qué se tiene que modificar la plusvalía municipal

A los problemas para los ayuntamientos con el cumplimiento de la regla de gasto impuesta por Hacienda, y con la infrafinanciación en general, se une la  sentencia que decretó este año que es ilegal cobrar la plusvalía en una compraventa si no se ha dado una ganancia efectiva gracias a la misma. Esto ha generado una cascada de demandas de particulares que vendieron su casa por un valor inferior al que tenía cuando la compraron, tras la explosión de la burbuja inmobiliaria.

El gravamen municipal supone unos ingresos de alrededor de 2.000 millones de euros en el conjunto de los consistorios. Como hay casos en los que está correctamente cobrado, los eventuales cambios no afectarán a todos estos ingresos, pero sí, en principio, a una parte.

Montoro está en plena configuración de un nuevo gravamen, adaptado a la sentencia del TC. Para ello ha estado en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias, que el próximo martes abordará en su reunión mensual este asunto. La FEMP, según la  propuesta que le hizo llegar a Hacienda, considera que se debe adecuar el tributo “a la evolución real del mercado inmobiliario” y también compensar por la pérdida de recaudación derivada de la aplicación de la sentencia. También hay consenso en que cualquier reforma debe ser aplicada en un periodo transitorio. 

Lo que propone Hacienda y la respuesta de Madrid, Barcelona y Valencia

La propuesta de Hacienda, a la que ha tenido acceso este diario, aplica coeficientes que responden a un comportamiento general del mercado inmobiliario, no al particular de cada localidad. Eso supone un perjuicio para algunas localidades (y beneficio para otras), teniendo en cuenta que la caída media de precios fue muy diferente tras la explosión de la burbuja inmobiliaria.

Allí donde el mercado de recuperó antes, salen perdiendo. Tanto Madrid como Barcelona están viviendo una importante subida de precios tras tocar suelo en los años pasados, mientras que otras localidades se encuentran estancadas. Con la propuesta de Cristóbal Montoro, la capital de España cree que perderá 120 millones de euros anuales (20% sobre el anual actual). En Barcelona, a raíz de la sentencia, ya hay 35 millones de euros a retornar, y se calcula que pueden reclamarse 30 millones más. De efectuarse la reforma del impuesto como consta en el borrador de Hacienda, las pérdidas de Barcelona serían de 37 millones de euros (22% del total anual). Por su parte, Valencia perdería un 21% de su recaudación por este concepto, 6,7 millones de euros.

En 2016, Madrid ingresó 607,9 millones por este concepto vinculado a la compraventa de inmuebles, mientras que la ciudad catalana recaudó 170,7. En Valencia se recaudaron 31,9 millones. Estos ayuntamientos piden que, de aceptarse nuevos coeficientes máximos anuales para la determinación del incremento de valor, se fijen de manera individualizada para cada municipio, con lo que se conseguiría que la propuesta se adaptase a la evolución real del mercado inmobiliario. “No se puede calcular que el precio de la vivienda ha estado cayendo nueve años si en Madrid solo lo ha hecho cinco”, ejemplifican fuentes de este ayuntamiento.

Además, la propuesta de Hacienda no contempla ninguna compensación por la pérdida de ingresos, y tampoco un régimen transitorio aplicable a las posibles solicitudes de devolución de ingresos. Con él, afirman, se evitaría un vacío legal que tendrá que ser resuelto individualmente por los organismos tributarios de las corporaciones locales.

En cuanto a la propuesta de gravar, por primera vez, las transmisiones de periodos de generación inferiores al año, Madrid, Barcelona y Valencia creen que pueden afectar a agentes económicos que venden su patrimonio recién heredado por necesidad de liquidarlo. 

Tampoco están de acuerdo en que la tramitación de la reforma se haga mediante proyecto de ley, ya que se demorará varios meses, y abogan por un decreto ley con el que la solución estaría en marcha en unas pocas semanas. Los citados ayuntamientos creen que la reforma de la financiación local (aún más estancada que la autonómica) debería ser el cauce para todas estas cuestiones. Pero dada la premura del problema y la avalancha de demandas judiciales de ciudadanos, piden que se resuelva cuanto antes.

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