Francia afronta a partir de hoy la huelga ferroviaria más masiva desde 1995, que amenaza con paralizar el país de arriba abajo. Los funcionarios de la SNCF, la empresa pública que tiene el monopolio de los servicios ferroviarios franceses, han anunciado paros de dos días de cada cinco hasta finales de junio, con el objetivo de mostrar su rechazo a la liberalización del sector, anunciada por el presidente Emmanuel Macron como medida estrella de su mandato.

La huelga ferroviaria resulta el mayor desafío desde que el joven presidente francés llegó al Elíseo en mayo del 2017. Está en juego un servicio básico, que utilizan 4,5 millones de usuarios al día, pero también una empresa pública de gran envergadura, pieza clave en un país de Estado fuerte como es Francia.

Macron defiende la reforma ferroviaria como necesaria para modernizar el sector, abaratar el coste del servicio, que asegura ser un 30% más caro en comparación con sus homólogos extranjeros, y reducir la insostenible deuda que acumula la empresa, de un total de 46.000 millones de euros.

La reforma propuesta por el presidente pasa por permitir operar a competidores privados –lo que viene obligado por los acuerdos de la Unión Europea–, convertir la empresa en sociedad anónima (lo que facilitará la entrada de nuevos accionistas en la empresa), eliminar trayectos secundarios que no son rentables y acabar con el estatus laboral especial del que durante décadas han gozado los cheminots, tal como se conoce a los trabajadores públicos de la SNCF.

Esta última es, sin duda, la medida más polémica, que ha desatado el mayor malestar entre los sindicatos, quienes han asegurado que llegarán hasta donde haga falta para impedir la revocación de sus derechos. De la liberalización del sector depende que alrededor de 130.000 empleados públicos –el 90% de la plantilla de SNCF, entre los cuales hay conductores, directivos, controladores, supervisores y oficinistas– mantengan privilegios como conservar el trabajo de forma vitalicia, un seguro médico complementario, posibilidad de una vivienda, una jubilación temprana y una buena pensión.

Según un comunicado de los sindicatos de la SNCF, la reforma de Macron será en vano: “Destruirá el servicio público ferroviario por puro dogmatismo ideológico” y “no arreglará ni la deuda ni los fallos de los servicios”. La movilización de los trabajadores es clara y contundente. La dirección de la SNCF, bajo el mando de Guillaume Pepy desde el 2008, ha previsto que el conflicto sea duro: habrá 36 días de huelga en tres meses.

A lo largo del día de hoy –una jornada que los franceses ya tildan de “martes negro”–, la SNCF prevé que funcionen sólo un tren de alta velocidad por cada ocho (un 12% de los TGV) y un tren regional por cada cinco. Parece que sólo el tráfico internacional se ha librado de la movilización, con tres trenes Eurostar sobre cuatro en funcionamiento y una circulación normal en Bélgica. Aunque, como contrapartida, no saldrá ningún tren hacia España, Italia ni Suiza.

Para evitar los colapsos, el Gobierno lleva días alertando a los ciudadanos de que busquen alternativas de transporte al tren, como el uso de coches compartidos o autobuses. Pero por si la afectación de la movilidad terrestre fuera poca, la aerolínea emblema del país, la privatizada Air France, también ha anunciado movilizaciones a lo largo del día de hoy y huelgas los 7, 10 y 11 de abril. Los empleados reclaman un alza de los salarios del 6%. La compañía cancelará el 25% de su vuelos previstos.

Las semanas que vienen se antojan complicadas para Francia, que corre el riesgo de repetir las grandes protestas del 1995 contra el gobierno derechista de Alain Juppé, que entonces había propuesto una oleada de reformas de los sistemas de protección social y las pensiones. Los ferroviarios fueron entonces la punta de lanza del conflicto, como recordaba estos días el líder del principal sindicato, CGT, Philippe Martinez. Protagonizaron una huelga total de trenes y transporte público en París durante tres semanas. Los paros ganaron fuerza y salieron dos millones de personas a la calle, manifestaciones que acabaron obligando a Juppé a dar marcha atrás en sus planes.

Macron aboca Francia a un conflicto que puede acabar tomando esta dimensión y que seguro que partidos de la oposición –la ultraderecha y la izquierda populista– aprovecharán en su contra para hacer temblar la presidencia de este joven liberal y europeísta.

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