De la conocida trama de bebés robados implantada en España solo existe, hasta el momento, una cifra oficial. La que el juez Baltasar Garzón aportó en su querella contra el franquismo en el año 2008. Treinta mil desapariciones forzadas infantiles ocultadas como adopciones ilegales hasta 1954.

“A partir de esta fecha, se pierde la cuenta pero sin duda somos uno de los colectivos más numerosos de España y de los menos escuchados”. María Bueno, coordinadora y portavoz de la Plataforma Internacional ‘Te estamos buscando’ relata a Público como muchas víctimas integradas en el colectivo han trabajado desde el pasado mes de septiembre para preparar una petición ante el Congreso de los Diputados que permitiera crear el primer Pacto de Estado contra la “corrupción y la invisibilidad de la trama de los bebés robados”, aclara Bueno, Los datos globales hablan de” casi cien mil casos de niños desaparecidos” desde la guerra civil al inicio de la década de los 90, cuando se producen las últimas adopciones.

La sorpresa de Bueno y las miles de victimas llegó en la tarde del jueves cuando obtuvieron respuesta de la Mesa de Peticiones del Congreso de los Diputados, sobre la posibilidad de iniciar un “Pacto de Estado en amparo de todas las víctimas afectadas por las desapariciones forzadas y adopciones ilegales en todo el territorio español”. Se trata del primer punto de inflexión. Y de una futura postura a través del conocimiento profundo de los partidos políticos que componen la Mesa.

El texto de la Cámara, firmado por el Presidente de la Comisión de Peticiones, Jorge Fernández Díaz, informa a este colectivo que “vista la solicitud de un Pacto de Estado contra la impunidad de los casos de bebés robados y adopciones ilegales en España, se acuerda dar traslado de la misma a los Sres. Portavoces de los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados”.

La Plataforma ‘Te estamos buscando’, creada en Julio de 2017, tiene sedes en España y Reino Unido y delegaciones en Andalucía, Catalunya, País Vasco, Navarra y Valencia. Su objetivo es dar amparo a víctimas afectadas por la trama, actuando en casos como la reciente sentencia de la supuesta ‘bebé robada’ Ascensión López.

“Llevamos adelante desde la Federación Coordinadora X24 el indulto de Ascensión que terminó sin prosperar y siendo juzgada la propia víctima por el mero hecho de querer conocer sus orígenes biológicos a los que tiene derecho legítimo. Con este Pacto de Estado buscamos que todas las víctimas se encuentren protegidas y puedan llegar hasta el final”.

Esta Plataforma engloba también a personas que buscan a hijos o hermanos que en su día, al nacer, fueron sustraídos de manera ilegal en España y otros países europeos como Gran Bretaña, Irlanda,o Francia. La portavoz María Bueno, también preside otras asociaciones de victimas como Alumbra la Coodinadora x24. En medio de todos los trámites burocráticos es otra víctima más. “Ha sido la única fórmula para buscar a mi hija”. La hija de Bueno fue supuestamente sustraída en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción el 24 de diciembre de 1981. Dio a luz a solas en un paritorio con un solo informe médico que certificaba que la niña llevaba “meses muerta en el útero”.

María Bueno en una foto antigua con su madre

María Bueno en una foto antigua con su madre

Una primera conclusión por parte de todos los partidos

El trámite para el debate de la investigación llegará a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso. En las sesiones realizadas se emitirán una serie de conclusiones para confeccionar el posible Acuerdo, “con todos los colores políticos”, apuntan desde esta Plataforma Internacional.

Así reza el informe entregado al Congreso, al que ha tenido acceso Público. “Todos los colectivos de bebés robados de España llevan años de lucha y grandes esfuerzos por recuperar a nuestros hijos, hermanos y padres biológicos.
Sería una gran desvergüenza y una indignidad humana que aquellos que nos representan y gobiernan no hicieran nada por todas las víctimas de todo el Estado español.”

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó España para analizar la implicación del Estado español en la investigación del escándalo de los niños robados

Bueno recalca como, a nivel internacional se han elaborado recientes informes instando al Gobierno de España para que de una vez reparen con la verdad y la justicia estos crímenes considerados de lesa humanidad.

El pasado mes de mayo, la comitiva de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó España para analizar la implicación del Estado español en la investigación del escándalo de los niños robados. Jude Kirton-Darling, euparlamentaria lamentaría “el abandono, la indefensión y la falta de investigación satisfactoria por parte de las autoridades públicas que los peticionarios, víctimas y asociaciones de víctimas afirman haber sufrido hasta ahora”.

Propuestas y herramientas para el Pacto de Estado

La confección del Pacto de Estado por parte de la Plataforma ‘Te estamos buscando’ pide al Congreso que el Estado reconozca la desaparición forzada como un “delito permanente y una forma extrema de violencia contra las madres y sus hijos”.

“El Gobierno ha resolver las desapariciones de manera eficaz y rápida, de forma que esté concluida en un plazo de tiempo razonable”

Instan al Estado a investigar rápidamente los casos de niños víctimas de desaparición forzada. “El Gobierno ha resolver las desapariciones de manera eficaz y rápida, de forma que esté concluida en un plazo de tiempo razonable”.

Además en el futuro Pacto de Estado reclaman “pleno acceso y la capacidad de actuar de los familiares de las víctimas en todas las etapas de la investigación y del enjuiciamiento de los responsables”. El resultado de las investigaciones judiciales debe “ser públicamente accesible para que la sociedad en su conjunto conozca los hechos concernientes a las desapariciones” forzadas de niños.

La última medida sería la creación de una base de datos y un banco de ADN público y dependiente del Estado que permitiera el cruce genéticos entre madres y posibles familiares de primea línea. “Los laboratorios no muestran la información genética de forma pública por la ley de protección de datos. Necesitamos la tutela del Estado para resolver las posibles compatibilidades que existan de forma transparente y pública”, concluye Nieto.

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