El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión cautelar de la Llei de Canvi Climàtic decretada tras la impugnación presentada en diciembre por el Gobierno central contra esta ley del Parlament. Así, la Generalitat obtiene la luz verde para recuperar la implantación del impuesto de CO2 a los coches, una de las medidas más destacadas de la ley. En ella, se creaba un tributo destinado a gravar determinados vehículos en función de sus emisiones (nominales) de CO2 (el principal gas de efecto invernadero causante del cambio climático). Debía entrar en vigor este año, pero quedó bloqueada por el recurso del Gobierno al Constitucional.

Con esta decisión judicial, se levanta la suspensión sobre todos los artículos impugnados de la Llei de Canvi Climàtic excepto la prohibición de permisos de exploración de gas o petróleo de esquisto mediante la fractura hidráulica (fracking), práctica de perforación que no podrá vetar la Generalitat. No obstante, esto no implica ningún pronunciamiento definitivo del TC, que deberá entrar en el futuro en el fondo de los asuntos impugnados (tal vez con una sentencia esperable dentro de algunos años).

Mientras, fuentes de la Administración autonómica indicaron que, tras levantarse la suspensión , ya se ha empezado a trabajar para poner en marcha las medidas tendentes a instaurar este impuesto ambiental, pionero en España.

En cualquier caso, su aplicación práctica dependerá de la formación del nuevo gobierno catalán y de la recuperación de sus competencias autonómicas suspendidas. “Ahora el impuesto al CO2 de los coches no es inconstitucional”, resalta Marta Subirà, secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat en funciones en el gobierno catalán

Al quedar la suspensión sin efecto, la Generalitat trabaja con la intención de que el impuesto se pueda empezar a recaudar lo antes posible; entraría en vigor en el 2019, y “previsiblemente con efectos en el presente ejercicio”, dice una nota del Departament de Territori i Sostenibilidad..

“Los argumentos dados por el abogado del Estado, al pedir que se mantuviera la suspensión, son poco sólidos, interpreta el Constitucional”, añade. Con el nuevo impuesto, el Gobierno catalán quería gravar los coches mediante un tributo gradual por tramos en función del nivel de CO2 nominal del vehículos (información que da el fabricante).

Dos fondos

La idea era aplicar una primera fase a todos los vehículos con una emisión de 160 gramos de CO2 por kilómetro, mientras que a partir del 2020 se extenderá a los coches que arrojen a la atmósfera más de 120 gramos de CO2 por kilómetro. Por ejemplo, un turismo medio que emita entre 120 y 130 gramos de CO2 pagaría unos 5,50 euros, mientras que a uno que arrojara más de 235 gramos le corresponderían unos 84 euros al año.

El nuevo impuesto será diferenciado y deberá ser tramitado por la Agència Tributària. Con estos recursos, se perseguía nutrir un doble fondo para Generalitat (con un montante total de unos 90 millones anuales).

Se crearía un Fons Climàtic y un Fons del Patrimoni Natural, para financiar la protección de espacios naturales. El Fondo Climático servirá para fomentar las fuentes renovables, la descentralización de redes, el autoconsumo eléctrico, las viviendas energéticamente eficientes o la movilidad sostenible.

Al meollo de la ley

El recurso al TC contra la ley afectaba al meollo de las políticas en materia de cambio climático. Se recurrieron los artículos que fijaban objetivos para alcanzar un 50% de energía renovable en el 2030, contra el apoyo al autoconsumo con fuentes renovables, contra la fecha para poner fin a las nucleares, o contra la planificación para evaluar la reducción de emisiones de gases en Catalunya (presupuestos de carbono).

Incluso, se recurrieron artículos que simplemente dejaban por escrito actuaciones de la Generalitat que ya venían siendo llevadas a cabo (como la valoración de las emisiones de gases invernadero en los procedimientos de evaluación ambiental o la estrategia de adaptación al cambio climático). La impugnación levantó una ola críticas, como la de Teresa Ribera, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales: “Me parece de locos impugnar esta ley”, dijo en su momento. “Me parecería bien que el Gobierno se adelantara y se planteara una reforma tributaria para todo el Estado; pero lo que me parece de locos es que no se haga nada y encima se impida que los demás lo hagan”, esgrimía la que fue secretaria de estado de Medio Ambiente del PSOE., gran valedora de esta ley.

Marta Subirà, secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern en funciones Marta Subirà, secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern en funciones (Ana Jiménez)

Procedimiento: argumentos pocos sólidos.

En los litigios de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional puede mantener la suspensión cautelar de una ley recurrida hasta el momento en que se pronuncie con una sentencia definitiva; pero debe entender que se tienen que dar circunstancias muy justificadas para sostener el veto.

En este caso, el Constitucional solicitó al abogado del Estado que expresara qué motivos justificaban el mantenimiento de la suspensión, sin que estos argumentos hayan sido asumidos por el Alto Tribunal.

En el caso de la impugnación contra los artículos que regulan el impuesto de CO2, el abogado del Estado pidió que se mantuviera la suspensión citando los precedentes de inconstitucionalidad de otros impuestos creados por otras comunidades autónomas donde había una coincidencia con otros tributos creados previamente creados por el Estado.

Sin embargo, el TC considera que el abogado del Estado hizo un uso excesivamente genérico de la argumentación y no invocó ningún caso concreto para sustentar su argumentación, sin que tampoco explicara los daños de imposible o difícil reparación que se podrían producir si se levantaba la suspensión de la ley.

Planta fotovoltaica en La Salut. en Badalona Planta fotovoltaica en La Salut. en Badalona (Ajuntament de Badalona)

Objetivos sobre renovables y autoconsumo

El tribunal ha desestimado la impugnación entendiendo que el Estado no sólo debe invocar los perjuicios sino que los debe demostrar o, cuando menos, razonar de manera consistente sus razones. En este caso se encuentran los artículos relativos a la energía.

La Abogacía del Estado, en base a un informe del Ministerio de Energía, cifraba en 8.200 millones de euros la inversión necesaria para alcanzar el objetivo de la ley de un 50% de energías renovables en 2030. En relación al objetivo relativo al desarrollo de normativas que favorezcan el autoconsumo energético, no cuantificaba los costes pero se limitaba a decir que podría producir perjuicios de tipo técnico y económico sobre el sistema eléctrico.

El Tribunal Constitucional, en sus consideraciones, replican haciendo ver que, en el primer caso, la ley no impone estas inversiones ni establece sanciones u otras consecuencias jurídicas. Además, puntualiza que estas inversiones podrían ser asumidas voluntariamente por el sector privado o financiadas por la omunidad autónoma, por lo que no se producirían los supuestos efectos negativos.

En relación al autoconsumo, dado que las normas a que se hace referencia aún no están aprobadas, y que al Estado no le ha sido posible hacer ningún tipo de cuantificación, debe prevalecer la presunción de legitimidad constitucional de la que goza la Llei de Canvi Climàtic

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