Más obstáculos para que Carles Puigdemont pueda ser investido a distancia. El informe de los servicios jurídicos del Parlament de Catalunya hecho público este lunes rechaza tajantemente dicha posibilidad, alegando que es “imprescindible” que el candidato a la Presidència de la Generalitat esté presente en el hemiciclo durante el debate de investidura.

Los letrados de la cámara catalana entienden que la naturaleza del debate de investidura hace obligatoria la presencia del candidato, con el fin de fomentar un diálogo “entre el candidato y el resto de los diputados”. Es decir, se entiende que la presencia garantiza todo aquello que “caracteriza” un debate de esta magnitud, como son “la oralidad, la contradicción directa y la garantía del principio de inmediatez”. En definitiva, que el resto de diputados puedan “ver, sentir y entender en persona el desarrollo del debate”.

Carácter personalísimo

Estos debates, con mayor intensidad que otros, se organizan ‘intuitu personae’ de manera que sin la participación directa y personal del candidato o del presidente de la Generalitat carecerían de un elemento esencial del procedimiento”

Para ello, los letrados también rechazan cualquier fórmula telemática o de delegación a otro diputado que no signifique la presencia física de Puigdemont en el hemiciclo, es decir, ningún “medio interpuesto ni sustitución de la persona que debe ser el principal protagonista de acuerdo con la ley y el reglamento”. De esta forma, se impone la tesis de que el carácter personalísimo de este tipo de debates impone la presencia del candidato en el pleno del Parlament.

El informe jurídico, encargado por la presidenta Carme Forcadell a petición del PSC, trata de arrojar luz a todas las incógnitas que esta suscitando el hecho de que un grupo de diputados electos, incluido el propio candidato a la Presidència de la Generalitat, tengan dificultades para asistir a los plenos por estar en la cárcel o en Bruselas. Entre las dudas que surgen está también el asunto de la delegación de voto para sesiones como la de constitución de la cámara, este miércoles, o la posibilidad de que se pueda bloquear esa misma sesión constitutiva a causa de la ausencia de una mayoría de los diputados.

Pero volviendo al caso de una posible votación a distancia, los letrados son muy claros. A su juicio, el “deber de asistencia presencial inherente al ejercicio de la función parlamentaria” excluye la posibilidad de “delegación o sustitución de la intervención personal del diputado en determinados debates” como es el de investidura. Lo contario, argumentan los letrados, sería incumplir la función que tienen estos debates, de acuerdo al Estatut y el reglamento del Parlament.

Tras establecer que la regla general es que corresponde a los grupos decidir qué diputado interviene en cada debate, el informe subraya que existen excepciones. Entre ellas, destaca los que se refieren al control explícito del Govern o aquellos en los que “requieren de una interlocución e interacción directas entre los diputados y el president” y cita los ejemplos de las preguntas de una sesión de control o las comparecencias solicitadas por los grupos o por él mismo.

Se hace imprescindible no sólo la asistencia de los protagonistas en el debate, sino también el cumplimiento de lo que caracteriza el debate parlamentario, es decir, la oralidad, la contradicción directa y la garantía del principio de inmediatez”

Los letrados añaden que esta obligación de asistencia es incluso mayor en los debates que suponen el arranque de una legislatura o la posible clausura de la misma, como son la moción de censura, la cuestión de confianza o la investidura. Son debates que, según el reglamento –mantienen los letrados–, “se organizan intuitu personae, de manera que sin la participación directa o personal del candidato o de presidente de la Generalitat faltaría un elemento esencial del procedimiento”.

Y añaden que la investidura no sirve para “ratificar” o “confirmar” un presidente catalán, sino establecer un “diálogo” en el que el aspirante trata de “convencer” para ser elegido. Todo ello hace “imprescindible”, concluyen, que Puigdemont no pueda presentar su programa y ser votado por la cámara a los más de 1.300 kilómetros que separan Bruselas de Barcelona.

El informe, que no es vinculante, está firmado por todos los letrados del Parlament, entre ellos el secretario general, Xavier Muro, el letrado mayor, Antoni Bayona, y seis juristas más, entre los cuales está Joan Ridao, exsecretario general de ERC.

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