Los efectos de los recortes del Govern de Artur Mas en guarderías se ciernen sobre el futuro president y, especialmente, sobre el responsable de la tesorería de la Generalitat. Hasta 33 municipios esperan con ansia que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) falle a su favor como lo ha hecho en los casos de l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà y Sant Joan Despí, y obligue así al departamento de Enseñanza a compensarles con 1.300 euros por niño y año durante toda la época de ajustes, que se ensañaron especialmente en la etapa de educación infantil 0-3.

“Entendemos que habrá el mismo criterio para todas las demandas de los municipios”, asegura Ana del Frago, hasta 2015 alcaldesa de Barberà del Vallès –uno de los pueblos demandantes– y responsable de Educación del PSC. La práctica totalidad de los 36 consistorios que acudieron a los tribunales para recuperar los recortes en guarderías están gobernados por los socialistas. En total, estiman que si el TSJC falla a su favor, el Govern debería pagar más de 200 millones de euros. 

A las sentencias ya conocidas de Cornellà y l’Hospitalet, este medio ha podido confirmar también otra de Sant Joan Despí. Estos tres casos, así como Terrassa, Sabadell y Esplugues, presentaron sus recursos por separado. Los otros treinta municipios –entre los cuales se cuentan grandes consistorios como Tarragona, Lleida o Santa Coloma de Gramenet– tramitaron sus recursos conjuntamente.

Ahora habrá que esperar a los recursos de casación que interpondrá la Generalitat al Tribunal Supremo. Fuentes de Enseñanza ya han dejado claro que esta será su forma de proceder con todas las sentencias presentes y futuras que vayan en la misma línea. Los municipios deberán esperar a que se resuelva este recurso para cobrar. 

De 1.800 euros por alumno a cero euros

Las guarderías pagaron mucho más caro el coste de las políticas de austeridad que otras etapas educativas en Catalunya. Hasta 2010, el departamento de Enseñanza abonaba a los municipios, a quienes corresponde la gestión de las guarderías, unos 1.800 euros por alumno y año, una cifra que suponía un tercio del coste de la escolarización. Los otros dos tercios los cubrían los consistorios y las familias.

En 2012, sin embargo, la Generalitat llegó a reducir su aportación a la mitad, 875 euros, y a partir de ese año acordó que fueran las diputaciones quienes asumieran esa partida, con lo que las guarderías desaparecieron de los presupuestos del Govern. A día de hoy, siguen siendo las diputaciones las que abonan estos 875 euros por alumno y año.

La cuantía recortada por la Generalitat tuvo un impacto desigual en función de la localidad: algunos consistorios, los más boyantes, optaron por compensarlo de sus arcas; otros se decidieron por cargarlo a las familias. 

Las sentencias dejan claro, sin embargo, que esa aportación de las diputaciones no puede sustituir la de la Generalitat, sino que solo puede complementarla. El alto tribunal catalán reconoce una “responsabilidad financiera” de Enseñanza sobre las guarderías que quedó desatendida con los recortes, y cita la Ley de Educación de Catalunya (LEC), que establece que la Administración autonómica “debe subvencionar la creación, consolidación y mantenimiento de las plazas para niños de cero a tres años en las guarderías de titularidad municipal”. 

El papel de las diputaciones, clave 

¿Cuánto cobrará cada municipio denunciante tras la sentencia? En principio, bastaría solo con multiplicar los 1.300 euros por alumno por los cursos que cita la sentencia (de 2012 a 2015) y por el número de plazas que hay en sus guarderías. En el caso de Cornellà, con 641 plazas, el montante ascendería a aproximadamente 2,4 millones. En el de Sant Joan Despí, a cerca de 500.000 euros. 

Pero en la sentencia del caso de l’Hospitalet de Llobregat hay una diferencia. También dicta que la cuantía que hay que resarcir son esos 1.300 euros –puesto que corresponde al último convenio firmado con la Generalitat–, pero precisan que habría que “descontar” lo aportado por la Diputación de Barcelona esos mismos años. Así, los demandantes calculan que la compensación para la segunda ciudad de Catalunya ascendería a poco más de un millón de euros. 

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