Radiotelevisión Española gastará en 2018 un total de 380 millones de euros en mantener a su plantilla, de casi 6.300 trabajadores. Ahora bien, a esta cantidad hay que sumarle una partida presupuestaria que ascenderá a 63,3 millones y que servirá para pagar a los 1.098 exempleados de la casa que siguen bajo el paraguas del Expediente de Regulación de Empleo de 2006. De media, cobrarán 57.650 euros por cabeza.

Esta medida laboral ha estado rodeada de polémica desde que, en junio de 2015, el Tribunal de Cuentas presentara un informe en el que afirmaba que este ERE costará 1.722 millones de euros en el período 2007-2022. De esta cantidad, todavía quedan por amortizar 217, según los datos que figuran en los registros de la Institución.

Llama la atención que en períodos en los que Radiotelevisión Española tuvo que asumir duros recortes que mermaron su presupuesto en casi el 20%, sobre todo a partir de 2012, el Estado gastara cantidades multimillonarias en las retribuciones de este personal. En concreto, en 2012 desembolsó 169,2 millones; en 2013, 151,6; en 2014, 136,9; en 2015, 121,79; en 2016, de 103,2; y en 2017, de 83,2.

Este Expediente se presentó con Carmen Caffarel de directora general de este medio de comunicación y con Pedro Solbes de ministro de Economía. Su coste anual ha mermado paulatinamente debido a que una parte de los trabajadores incluidos en este plan de bajas ya se ha jubilado, aunque todavía faltan por pagar más de 200 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas criticó en su informe la manga ancha que tuvieron sus promotores a la hora de calcular la retribución de los empleados que decidieron acogerse a esta medida. De hecho, el Plan de Rentas contemplaba hasta 38 elementos salariales variables, pese a que “algunos de los cuales, por su naturaleza, sólo pueden cobrarse durante un período limitado de la vida laboral” y, por tanto, no debieron incluirse en el cálculo de la base salarial, denunció la Institución.

Este documento también critica la subida salarial anual del 2,5% que pactó RTVE con los 4.150 despedidos, complementaria a la que compensa cada 1 de enero el incremento del IPC y que entre 2007 y 2022 tendrá un coste por cada uno de los empleados que se acogió a este plan de bajas de entre 12.816 y 157.897 euros.

Esto supone que un periodista que dejara el ente público en 2006 cobre actualmente un sueldo más alto que si aún prestara sus servicios para la radiotelevisión pública.

Enorme coste económico

El ERE se aprobó tras el pacto alcanzado por RTVE y los representantes de los trabajadores. Este acuerdo contemplaba la institución de una Comisión Mixta Paritaria de Interpretación y Aplicación del ERE cuyas decisiones han sido, como poco cuestionables, puesto que algunas de ellas han excedido las competencias que tiene asignadas. “Debido a su complejidad, no se ha podido cuantificar ni siquiera de una manera aproximada el importe económico que estas decisiones han supuesto”, criticó el Tribunal de Cuentas.

Uno de los objetivos de este ERE fue el de rejuvenecer la plantilla. Sin embargo, después de más de una década sin convocatorias de empleo público y sin plantear un plan de bajas bajas voluntarias o forzosas, 6 de cada 10 trabajadores tienen más de 50 años y sólo el 15% cuenta con menos de 40. Si se mantiene esta inercia, en 2022 el 71% del personal de convenio se encontrará, al menos, en la quinta década de vida.

Mención especial merece también la “conflictividad judicial” que ha generado el Expediente de Regulación de Empleo, que se ha plasmado en 950 demandas ante los tribunales en las que se han visto implicados 3.300 empleados, con el coste que eso ha supuesto para el erario público, según destaca el Tribunal.

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