La propuesta del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Melchior Wathelet de dictaminar como “no válido” el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, tiene en vilo a los pescadores andaluces. El motivo reside en su aplicación indebida al Sáhara Occidental y las aguas adyacentes, que fue denunciada por la organización Western Sahara Campaing (WSC) ante el Tribunal Supremo de Reino Unido.

Tanto el sector pesquero andaluz como el consejero del ramo, Rodrigo Sánchez Haro, se mostraron este pasado jueves preocupados por esta situación y han señalado que pedirán ayudas para el sector si llegara la sentencia del TUE en el mismo sentido que la propuesta del abogado general del TUE antes del 14 de julio, fecha en la que expira el acuerdo. Asimismo, este viernes se producirá una reunión a tres bandas con el el Gobierno para analizar las medidas a tomar.

El actual protocolo de pesca entre Bruselas y Rabat entró en vigor en febrero de 2007

El actual protocolo de pesca entre Bruselas y Rabat entró en vigor en febrero de 2007 por un periodo de cuatro años y ha sido renovado en dos ocasiones, la última en 2013. De hecho, la Comisión Europea pidió este lunes autorización a los Veintiocho para una nueva actualización, puesto que las disposiciones actuales expiran el 14 de julio de este año.

La Justicia europea se pronunció en diciembre de 2016 sobre el acuerdo comercial entre la UE y Marruecos y anuló un dictamen posterior que había revocado dicho acuerdo por considerar que se estaba aplicando indebidamente en el territorio del Sáhara Occidental. Sin embargo, este asunto no afectaba al acuerdo de pesca.

El pueblo saharaui “no ha dispuesto libremente de sus recursos naturales”

En las conclusiones sobre el acuerdo pesquero presentadas este miércoles, Wathelet ha destacado que el pueblo saharaui “no ha dispuesto libremente de sus recursos naturales” como obliga el derecho a la libre determinación, por lo que la explotación pesquera por parte de la UE de las aguas adyacentes al Sáhara Occidental “no respeta el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui”.

Del mismo modo, el abogado general llega a la conclusión de que Bruselas “ha faltado a su obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la vulneración por parte de Marruecos del derecho a la libre determinación” del Sáhara Occidental, así como “su obligación de no prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de dicha situación”.

“La contrapartida financiera abonada por la UE a Marruecos debería beneficiar casi en exclusiva al pueblo del Sáhara occidental”, señala el abogado

En segundo lugar, Wathelet señala que el 91,5% de las capturas de la explotación prevista en el acuerdo se da en aguas adyacentes al Sáhara Occidental, por lo que “la contrapartida financiera abonada por la UE a Marruecos debería beneficiar casi en exclusiva al pueblo del Sáhara occidental”. Sin embargo, el magistrado añade que el protocolo “no recoge las garantías jurídicas que son necesarias para que la explotación pesquera redunde en beneficio” del pueblo saharaui.

En este sentido, las conclusiones concluyen que “el acuerdo de pesca y los demás actos impugnados no respetan ni el principio de soberanía permanente sobre recursos naturales, ni las normas de Derecho internacional comunitario que son de aplicación a la celebración de acuerdos internacionales de explotación de los recursos naturales de los territorios ocupados, ni la obligación de no reconocer una situación ilegal”.

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