Los Mossos d’Esquadra han puesto marcha un nuevo plan operativo bautizado como Minerva para hacer frente a una primavera de movilizaciones. Los últimos episodios protagonizados por los Comitès en Defensa de la República (CDR), en los que se han intensificado las protestas, han significado un punto de inflexión para la policía catalana, que ha diseñado un nuevo operativo para blindar algunos edificios sensibles de la judicatura, de la política y para la protección de personalidades. El análisis de la situación que hacen los Mossos es que el encarcelamiento de los exconsejeros de la Generalitat y la detención en Alemania de Carles Puigdemont, del 23 y 25 de marzo, suponen un nuevo escenario de mayor reivindicación en Catalunya que acarrean situaciones de mayor conflictividad.

Situaciones como la quema de algunos contenedores en Barcelona y cortes de carreteras en algunos puntos de Catalunya podrían volver a producirse, según los Mossos. Por ello se mantendrá a los efectivos en guardia para responder este tipo de situaciones en cualquier punto del territorio y así “mantener el funcionamiento de la actividad ordinaria de Catalunya”. En el caso de altercados con un elevado nivel de conflictividad, los Mossos decretarán el nivel de máxima alerta y se desplegarán las unidades de orden público para dar una “respuesta adecuada a los incidentes que se produzcan y se intensifiquen de manera proporcional”. El operativo, que dirigirá por el máximo responsable del cuerpo, el comisario jefe Ferran López, empezará a funcionar hoy y tiene como fecha de caducidad el 22 de mayo.

Mayor conflictividad

Los Mossos creen que los encarcelamientos de los exconsellers y la detención de Puigdemont suponen un nuevo escenario de mayor reivindicación en Catalunya

El despliegue es similar al dispositivo Àgora, que se activó en los días próximos a la votación del 1 de octubre y estaba destinado a la protección de los enclaves más sensibles. En el documento entregado a los mandos, la dirección de los Mossos subraya que los últimos episodios de protesta se han producido después de decisiones judiciales y, por esta razón, se desplegará el dispositivo Toga para reforzar la seguridad en edificios judiciales como el TSJC, la Ciutat de la Justícia y la sede de la Fiscalía Superior de Catalunya. Se hará lo propio con las sedes de formaciones políticas que se consideren más “vulnerables o amenazadas”, como las de Ciudadanos, PSC,y PP, donde ha habido un repunte de pintadas.

También se protegerán las instituciones europeas con sede en Catalunya a sabiendas de que las próximas decisiones judiciales sobre las órdenes de extradición se emitirán desde Alemania, Reino Unido y Bélgica. Y se custodiarán edificios de la administración general del Estado, como la Delegación del Gobierno, el Banco de España, Hacienda y las comisarías de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

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