“Una solemne manifestación de generosidad”. Así ha respondido  Carles Puigdemont a la pregunta de eldiario.es sobre quién pagó el 1-O. Los jueces, la Fiscalía y la Guardia Civil sospechan que el 1-O no lo pagó la solidaridad sino la Generalitat. Y han empezado a recabar indicios de ello mientras el Govern ha negado por dos veces ante la Justicia haber destinado dinero público al 1 de octubre.

Ya bajo la intervención del 155, todos los departamentos de la Generalitat han aportado al juez de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, un certificado en el que aseguran que no se ha efectuado o que no tienen conocimiento de gasto público alguno en el 1-O. El  sustituto de Ramírez Sunyer en la instrucción de la causa, el magistrado Jaime Conejo, no se lo cree y ha pedido al ministerio de Hacienda ordenar a las conselleries que detallen cuánto gastaron en el referéndum.

En concreto, el oficio remitido a Hacienda es una réplica del que se envió a la Generalitat y que no ha satisfecho al magistrado. Pide al ministerio desglosar el coste del 1-O, incluido la estancia de los observadores internacionales, y detallar a qué partida y conselleria se cargó. Pero también afecta a la actividad política de los partidos independentistas, ya que el juez quiere saber el coste de los dos actos conjuntos que JxSí y la CUP hicieron durante la campaña  previa al 1-O en Tarragona y en Barcelona.

La respuesta de Hacienda será la tercera sobre el gasto público en el 1-O. La primera fue el pasado dos de noviembre ante la magistrada Carmen Lamela. Las defensas de los exconsellers aportaron un documento de la interventora general de la Generalitat, al que el Supremo, a diferencia de la Audiencia Nacional, sí ha dado credibilidad.

En el documento, la interventora certificó que se ha cumplido con la anulación por parte del Constitucional de los 6,2 millones de euros para el 1-O incluidos en los presupuestos catalanes. Es decir, que no se había destinado al referéndum esta cifra, que Ramírez Sunyer había barajado desde el principio de la instrucción como cantidad presuntamente malversada.

Los contratos marco, una copia del 9-N

De las pesquisas que ha efectuado la Guardia Civil hasta ahora, se aprecia que la Generalitat replicó la fórmula del 9-N para llevar a cabo el 1-O. El Govern usó los contratos marco que ya tenía con varias empresas proveedoras habituales de la administración para el referéndum. Lo apuntó el exnúmero dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, en su ya famosa libreta ‘Moleskine’.

De esta forma, tras el fracaso del primer concurso de urnas, el Govern evitó tener que licitar cada uno de los aspectos concretos de la votación, algo que hubiera sido de inmediato detectado y frustrado por la intervención que Hacienda mantiene a las finanzas catalanas desde 2015. Cabe recordar que el exconseller de Economía, Andreu Mas-Colell, tildó hace dos años este control de Hacienda de “155 encubierto”. 

Los contratos marco, según el instituto armado, se usaron en al menos tres aspectos de la votación: el desarrollo de la web de voluntarios,  el envío del correo postal a través de Unipost y la publicidad institucional del 1-O en medios de comunicación que distribuyó la empresa Focus. Con esta empresa la Generalitat tiene un acuerdo para poner en anuncios en los periódicos de todo tipo de campañas gubernamentales –tráfico, salud pública, etc–, que la Guardia Civil sostiene que sirvió  para publicitar el anuncio de las vías de tren de la Generalitat de cara al 1-O (y que los grandes medios rechazaron emitir).

Lo mismo ocurrió el 9-N, por ejemplo, con los ordenadores de la consulta: el Govern de Artur Mas se sirvió del acuerdo marco que tiene con Telefónica para proporcionar tecnología a los colegios para conseguir los ordenadores para la votación, que posteriormente se distribuyeron en los centros escolares.

Mas no llegó ni a ser juzgado por malversación de fondos públicos porque los contratos marco eran anteriores a la suspensión del 9-N que acordó el Constitucional. Sin embargo, los ordenadores forman parte de la factura del 9-N que el expresident ha tenido que pagar ante el Tribunal de Cuentas y que ha supuesto el embargo de su piso.

¿Gastos de la ANC?

Mientras el juez Conejo indaga el gasto de la Generalitat las páginas web sobre el referéndum, los medios informáticos utilizados en la emisión y escrutinio de los votos y de los dispositivos electrónicos que fueron adquiridos para verificar los sufragios emitidos en relación con el censo disponible, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha abierto otra línea de investigación.

En la providencia por la que Llarena pidió identificar a todo el “comité estratégico” del ‘procés’, el magistrado también solicitó a la Guardia Civil que le diera cuenta de “actuaciones acordadas” entre los partidos políticos, el Govern, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural para que las entidades independentistas “sufragaran” gastos relativos al 1-O y a la independencia de Catalunya.

Igual que el magistrado Conejo en Barcelona, Llarena ha pedido otro informe sobre los fondos públicos eventualmente destinados al 1-O. Todo ello mientras el libro ‘Operació urnes‘, publicado por los periodistas del diario ARA Laia Vicens y Xavi Tedó, asegura que fue un particular (Lluís), y no la Generalitat, quien pagó 100.000 euros por las urnas del 1-O. ¿Gasto público encubierto o ejemplo de la “generosidad” argüida por Puigdemont?

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