En tiempos digitales no se pueden perseguir delincuentes con métodos analógicos. Es la premisa con la que parte la Comisión Europea para plantear nuevas reglas que hagan más fácil y sobre todo, más rápido el acceso de la policía a las pruebas electrónicas. Se refiere a correos electrónicos, mensajes de texto, documentos localizados en la nube o identificación de direcciones IP. Actualmente esto es relativamente rápido si la prueba está almacenada en el mismo país, pero cuando hay que cruzar una frontera, todo el proceso se dilata enormemente restando eficacia a la actuación policial. Con los métodos en vigor, cuando, en el transcurso de una investigación, la policía de un país solicita este tipo de pruebas electrónicas a otro estado de la Unión Europea tarda en obtenerlas unos cuatro meses. Si nos vamos fuera de la UE el plazo se alarga hasta casi un año. La propuesta presentada ayer permitiría reducir estos períodos de forma drástica, 10 días como norma general y seis horas en casos de urgencia.

En palabras de la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, se trata de poner la policía al día: “Equipar a las fuerzas del orden del siglo XXI con métodos para luchar contra el crimen, exactamente como los criminales usan métodos del siglo XXI para cometer los crímenes”. Según los datos que maneja la comisaria, en más de la mitad de las investigaciones que se realizan hoy en día, se requiere solicitar evidencias electrónicas en otro país.

Otro dato significativo es que las peticiones a los grandes servidores de internet, como Facebook, Google, Microsoft, Apple y Twitter, han aumentado un 70% entre el 2013 y el 2016.

En casos de urgencia, el plazo para entregar correos, SMS y otros datos guardados en la nube se reduce a 6 horas

El cambio obligaría a las compañías tecnológicas que tienen su sede social en otros países de la Unión Europea, pero también a las que estén situadas en países terceros. La capacidad para actuar fuera de la UE es esencial porque, si no fuera el caso, las tecnológicas con base en Estados Unidos no se verían afectadas, con lo cual caería en picado la eficacia de las medidas. Todas las compañías tendrán que designar a un representante legal dentro de la Unión Europea, al cual se dirigirán las peticiones para obtener las pruebas electrónicas. Es lo que en lenguaje técnico denominan una orden europea de producción.

Se trata de simplificar y acelerar un proceso que se eterniza cuando hay que cruzar fronteras. Si actualmente la petición tiene que seguir un circuito enrevesado que involucra a la policía y la judicatura de todos los países afectados, la nueva norma traza un atajo expeditivo. La policía de un país sólo necesita la autorización de un juez del mismo Estado, para solicitar los datos directamente a la compañía en cuestión, sin importar donde esté situada. Y la tecnológica deberá facilitar las pruebas directamente a la policía del país de origen.

La comisaria europea de Justicia considera que se trata de “una revolución del sistema de cooperación judicial de la Unión Europea”, y ha precisado que la reforma se aplicaría a investigaciones de terrorismo o de crímenes graves. Según los argumentos de Bruselas, la legislación incluye garantías de protección de los derechos fundamentales. Exige la intervención de un juez, indispensable para lanzar el proceso, y también hay ciertos límites, sólo se puede solicitar para delitos que en el país de origen estén penados con un mínimo de tres años de cárcel.

Esta legislación europea se propone después de la adopción en Estados Unidos este año de la Cloud Act, la normativa que da cobertura legal a las autoridades norteamericanas para la petición de correos electrónicos basados en el extranjero. La ley se aprobó tras una larga lucha de las autoridades con Microsoft, porque la compañía tecnológica se resistía a entregar los mensajes de un presunto traficante de droga. El motivo que alegaba es que los datos estaban almacenados en un servidor en Irlanda, por tanto fuera de la jurisdicción norteamericana.

La propuesta de la entrega exprés de pruebas electrónicas se acompañó de un paquete de otras iniciativas que se refieren a la seguridad de los documentos de identidad, el acceso de las autoridades a información financiera en las investigaciones policiales, y la compraventa de sustancias para fabricar explosivos caseros. Según el comisario de Interior, Dimitris Avramópulos, todas buscan mejorar la seguridad de los europeos: “Los terroristas y los delincuentes son rápidos cambiando sus estrategias y usando nuevas herramientas para hacernos daño. Hoy mostramos que somos más rápidos e inteligentes”.

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