Los exconsellers residentes en Bélgica, Toni Comín, MeritxellSerret y Lluis Puig comparecerán mañana, jueves, en Bruselas ante un juez de instrucción que decidirá si impone medidas cautelares a esos tres políticos reclamados por la Justicia española, confirmaron fuentes cercanas al caso.

El pasado 26 de marzo, la Fiscalía de Bruselas informó de que los exconsellers catalanes en Bélgica se habían puesto a disposición de la Justicia del país y decidió no citarles por el momento a comparecer ante un juez por considerar que no hay riesgo de fuga. Las fuentes agregaron que el proceso formal será similar al del pasado noviembre, en el marco de una primera euroorden cursada por la Audiencia Nacional española.

Los tres se pusieron a disposición judicial el pasado 26 de marzo y el juez decidió no citarles por el momento al no prever riesgo de fuga

En aquella ocasión, la Fiscalía pactó con los implicados una entrega discreta en una comisaría, fueron trasladados ante el juez y éste dejó en libertad sin fianza a los tres políticos mencionados, junto el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la exconsellera Clara Ponsatí, quienes entonces se encontraban también en Bélgica.

Se les impuso, no obstante, medidas cautelares, de manera que tenían prohibido abandonar el territorio belga sin el permiso de un juez y tenían la obligación de declarar su domicilio en Bélgica y de acudir personalmente a las convocatorias de la Policía o de las instancias judiciales.

El 5 de diciembre, el magistrado del Tribunal Supremo que se hizo cargo del caso, Pablo Llarena, retiró las euroórdenes contra los cinco políticos secesionistas huidos a Bélgica, y volvió a activarlas el pasado 24 de marzo.

Si se repite el esquema seguido en noviembre, el juez de instrucción deberá fijar una fecha para la vista del caso en la Cámara del Consejo de Bruselas (juzgado de instrucción), que tendrá quince días para decidir si les extradita o no. Contra esta decisión cabe recurso ante el Tribunal de Apelación y, después, ante la Corte de Casación, que tendrán ambos quince días para decidir.

Según el procedimiento que rige las euroórdenes -que permiten la ejecución simplificada de mandatos de arresto de un país de la UE por parte de otro- los países tienen en total 60 días a partir del arresto de las personas buscadas para decidir sobre su entrega, plazo que puede ampliarse a 90 días en circunstancias excepcionales.

En diciembre ya se les impuso medidas cautelares: se les concedió libertad pero tenían la obligación de declarar su domicilio en Bélgica y no podían abandonar el territorio belga

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