los espejos en los que se miran las defensas de los independentistas

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«Existe un hilo a lo largo de la historia democrática mundial en relación al lema No pasarán», ha asegurado este martes el abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, durante la vista oral del juicio contra los 12 líderes independentistas. El letrado aludía al grito de la Guerra Civil porque la Fiscalía lo pone en boca de su defendido durante una de las manifestaciones por las que le acusan de rebelión.

Según ha explicado Salellas, esas mismas palabras aparecían en la camiseta de una miembro de las Pussy Riot durante una acción que fue condenada en Rusia pero que, posteriormente, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos consideró libertad de expresión.

Durante las algo más de seis horas de juicio, las defensas han aludido a una docena de casos, algunos de ellos internacionales pero otros incluso juzgados en esa misma sala, para reforzar sus argumentos. Del grupo de rock ruso Pussy Riot, al caso Atutxa, de la lucha de los kurdos en Turquía a las manifestaciones en Azerbayán, pero también la manifestación de Aturem el Parlament, en la que paradójicamente participaron como acusación algunos de los ahora acusados.

Estos han sido los casos más destacados citados por las defensas:

Rasul Jafarov contra Azerbaiyán

El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) dictó en 2016 una sentencia según la que la detención del abogado y activista Rasul Jafarov violaba sus derechos. 148 presos fueron liberados en las siguientes horas, aunque las organizaciones de derechos humanos denunciaron que aún quedaban presos políticos en las cárceles de Azerbaiyán.

La represión contra las ONG, activistas sociales, políticos de la oposición y periodistas independientes venía intensificándose durante los años previos a la celebración de los Juegos Europeos, que se celebraron en la capital, Bakú, en 2015. «Azerbaiyán organiza los Juegos Europeos en un contexto de represión incesante y generalizada», denunció Amnistía Internacional.

Aturem el Parlament

El 15 de junio de 2012, en plena acampada del 15M en Barcelona, el Parlament de Catalunya se reunión con el objetivo de aprobar unos presupuestos que recortaban de forma drástica el gasto en servicios públicos. Una manifestación con el lema de «paremos el Parlament» se concentró ante la Cámara legislativa. «Varios parlamentarios fueron rodeados e increpados por grupos de personas que les impedían el acceso al Parlament, mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos, creando un fundado temor en su seguridad personal», aseguró la Fiscalía.

Por aquellos hechos fueron encausados 19 activistas, por delitos contra las altas instituciones del Estado. Ejercía la acusación, además de la fiscalía, el propio Parlament y el Govern de Artur Mas, del que formaban parte los ahora acusados Jordi Turull, Josep Rull y Santi Vila. Los manifestantes primero obtuvieron la absolución en la Audiencia Nacional pero, tras el recurso, la sala segunda en la que hoy se sientan los independentistas condenó a ocho de ellos. El caso ahora está pendiente de sentencia en Estrasburgo.  

Caso Atutxa

El Tribunal Supremo condenó en 2008 al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y a dos miembros de su mesa, Kontxi Bilbao y Gorka Knörr, a una pena de inhabilitación y multa. Los tres diputados, del PNV, EB-IU y EA respectivamente,  se habían negado a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, en el que se agruparon los diputados de Batasuna tras la ilegalización del partido. La sentencia, redactada por el mismo Manuel Marchena que ahora juzga a los independentistas catalanes, consideró que los tres vascos habían desobedecido una resolución judicial. 

Los diputados tuvieron que esperar casi una década para que el tribunal de garantías de Estrasburgo les diera la razón y condenara a España por aquella sentencia, al considerar que el tribunal no fue «independiente e imparcial». La abogada Olga Arderiu ha citado este precedente pues su defendida es Carme Forcadell, expresidenta del Parlament y a la que también se le acusa de no haber hecho caso de las órdenes que le daba el Constitucional para que vetase ciertos debates parlamentarios.

El líder kurdo Demirtaş contra Turquía

«Demirtaş tiene que ver con el silenciamiento de la disidencia política y sobre cómo se puede utilizar la prisión provisional para afectar a la agenda política», ha citado el letrado Andreu Van den Eynde, que defiende a Oriol Junqueras y a Raül Romeva.

El hombre a quien se refería, Selahattin Demirtaş, es uno de los líderes del HDP (Partido Democrático de los Pueblos), con el que en el 2015 el movimiento independentista kurdo entró en la Asamblea turca superando la barrera histórica del 10% de los votos en el conjunto del país. En 2016, el secretario general del partido, y varios diputados y dirigentes fueron detenidos por cargos relacionados con el terrorismo. Gracias a ese encierro se le impidió hacer campaña en las elecciones presidenciales.

En noviembre de 2018 el TEDH dio la razón al líder kurdo y dictó su liberación, al considerar que, siendo un diputado, su detención preventiva es «una violación injustificada de su derecho a ejercer su mandato parlamentario». Turquía no cumplió la sentencia de Estrasburgo, pero el caso de Demirtaş ha generado recientemente quebraderos de cabeza en el Constitucional español, al considerar que deben aplicar ahora esa doctrina a los presos independentistas. Los magistrados finalmente han preferido dejar esa resolución para después del juicio. 

Pussy Riot

Las Pussy Riot son un colectivo ruso que realizan performances musicales. Han mostrado su oposición a la presidencia Vladímir Putin y han denunciado reiteradamente las violaciones a la libertad de expresión que se producen en su país. En febrero de 2012 fueron detenidas por una actuación en la catedral de Moscú, de la Iglesias Ortodoxa. Tres activistas fueron condenadas a dos años de prisión por aquella protesta, algo que acabó siendo revocado en el TEDH.

El tribunal de Estrasburgo consideró que el sistema judicial ruso les había dado un trato «degradante y excepcionalmente severo», además de considerar que había violado su derecho a la libre expresión al prohibir la difusión del vídeoclip en el que recogieron su actuación en la catedral moscovita.

Falange, expulsada de la acusación contra Garzón

El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue apartado de la carrera judicial en febrero de 2012, por las prácticas «irregulares» y «arbitrarias» cometidas durante la investigación del caso Gürtel. La razón por la que el nombre del exjuez ha aparecido este martes en la sala donde se juzgan a los líderes independentistas no está relacionado con aquel caso sino con otro que se siguió contra él casi en paralelo, por haber investigado los crímenes del franquismo y por el que fue absuelto.

El ejemplo al que se agarrado el abogado de Cuixart ocurrió en 2010, cuando el magistrado Luciano Varela, instructor de la causa, expulsó de la acusación a Falange Española de las JONS. El juez lo hizo gracias a una interpretación restrictiva de los requisitos que deben cumplir los escritos de las acusaciones populares y que, por tanto, no tienen por qué estar estrictamente perjudicadas o relacionadas por los hechos enjuiciados. Lo mismo que hizo Varela con Falange es lo que ahora reclama el presidente de Òmnium Cultural para Vox, quien ha sido una de las partes más activas de la calma.

Quema de fotos del rey

También por boca de Benet Salellas, abogado de Cuixart, ha sido citado en la vista de este martes el caso de Jaume Roura y Enric Stern, dos activistas catalanes que fueron condenados en 2008 a 15 meses de prisión. Su delito, para la Audiencia Nacional, era el de injurias a la Corona. Pero el TEDH consideró en marzo de 2018 que quemar la foto del rey debe considerarse una acción de protesta que entra dentro de la libertad de expresión. Al parecer de la Gran Sala, una acción así es propia del debate político, siempre que no signifique una llamada a la violencia contra el criticado, en este caso el rey emérito Juan Carlos I.



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