La patronal que agrupa a las grandes constructoras y concesionarias, Seopan, apuntó ayer que España arrastra un déficit de inversión en infraestructuras “prioritarias con un gran impacto social” de 114.000 millones de euros.

Por tipo de infraestructura, considera que las relacionadas con la movilidad y el transporte son las que sufren mayor falta de inversión: 84.546 millones. También detectan retrasos en obras relacionadas con el ciclo integral del agua (12.000 millones), segmento en el que España se arriesga a recibir una sanción de la Unión Europea por importe de 113 millones de euros debido a los retrasos. Pero hay más. También faltan hospitales, ambulatorios, institutos y colegios, cuyo importe deficitario se ha cuantificado en 10.500 millones. Las actuaciones medioambientales (valoración y tratamiento de residuos) pendientes de construir ascienden a 6.522 millones, mientras que las carencias en logística se elevan a 699 millones.

La patronal calcula que hace falta más de un siglo para paliar la brecha en obra pública

Según el presidente de Seopan, Julián Núñez, la inversión prevista en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, 8.500 millones, “es insuficiente”, pese a crecer un 12%. Núñez apuntó que “es un punto de inflexión” frente a los mínimos de los últimos años, pero que se está en niveles del año 1999. Además, aseguró que “se amplía la brecha con las cuatro grandes economías europeas, al tener previsto invertir un 63% menos en el periodo 2018-2019”.

En este sentido, destacó que la inversión pública realizada en la última década en el Reino Unido se ha elevado un 26%, en Alemania, un 18% y en Francia un 3%, mientras que en España en ese periodo ha retrocedido un 35%.

Si esto se traslada a la media por habitante, se invierte en infraestructuras de salud un 30% menos que la media europea (46 euros frente a 66 euros/habitante). En centros de educación se invierte un 71% menos que la media (27 frente a 93 euros/habitante) o en obras relacionadas con el medio ambiente, un 62% menos (20 frente a 53 euros/habitante).

De esta forma, Seopan calcula que con el actual ritmo inversor se tardará más de un siglo en superar la actual brecha. Para paliar esta situación, Núñez abogó por la colaboración público-privada, una modalidad que “no lastra los presupuestos, ni el gasto en partidas como las pensiones, la educación o la sanidad”.

Se necesita un pacto de infraestructuras a largo plazo con criterios de rentabilidad

De ahí, que la patronal vuelva a reclamar un pacto nacional de infraestructuras a largo plazo entre los distintos grupos políticos “basado en estrictos criterios de rentabilidad económica y social”, argumentó Núñez.

A lo largo del año pasado, las licitaciones crecieron un 38%, hasta 8.309 millones y la contratación pública se elevó un 32%, hasta 4.755 millones, pero ambas cifras representan la tercera parte del volumen del año 2007 y continúan en niveles próximos a mínimos históricos.

Para el presidente de la patronal, “no paliar estos déficit repercute en la pérdida de competitividad, ya que se verán afectados sectores que sustentan la recuperación económica, como son el turismo y las exportaciones”. También puso algunas otras cifras sobre la mesa. Recordó que, pese a que el Gobierno insiste en el cambio de modelo productivo, “se trata del segundo sector económico que mayor generación de empleo directo e indirecto genera, con 15 empleos por millón invertido. O que las infraestructuras proporcionan un 49% de retorno de impuestos por cada euro invertido”. Y pese a que las licitaciones y la contratación se elevó el año pasado, el empleo se redujo un 7,2%, lo que equivale a la supresión de 18.199 puestos de trabajo.

Las empresas de la patronal, entre las que destacan ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, OHL o Sacyr, incrementaron sus ventas en España un 0,3% por el auge de la edificación residencial (+45%) porque la obra civil aún se anotó tasas negativas del 2%.

Suprimir peajes: 450 millones al año

La supresión de los peajes en media docena de autopistas cuyas concesiones finalizan los próximos años supone un coste de unos 450 millones al año para las arcas públicas, según los cálculos de la patronal. La primera autopista cuyo plazo concesional concluye el próximo 30 de noviembre es la AP-1 Burgos-Armiñón. Pero el 2019 vendrán otros tramos, como el de la AP- 7 entre Tarragona y Alicante o el de la AP-4 (Sevilla-Cádiz). Y ya en el 2021 vence el plazo del tramo que une Barcelona con la Jonquera y Tarragona y el de la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo. En cualquier caso, el Gobierno tiene que decidir si alarga las concesiones –posibilidad que ya ha manifestado que no pretende llevar a cabo, pese a que países como Francia lo están haciendo–, las vuelve a licitar o las gestiona de forma directa.

Sobre las radiales, Seopan señaló ayer que, según sus cálculos, la RPA (responsabilidad patrimonial de la administración) se eleva a 4.000 millones de euros, cifra que el Gobierno reduce a 2.000 millones. No obstante, las autopistas de peaje van a generar un agujero en la Administración central que está sin cuantificar y que irá a un fondo de contingencia. El objetivo del Ejecutivo es volver a licitarlas en función de cuando vuelvan a caer bajo su órbita, a lo largo del presente ejercicio.

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