En la región de Kivu del Norte, al este de la República Democrática del Congo, más de 70 grupos armados se disputan el control del territorio, de las personas y, sobre todo, de los abundantes yacimientos de recursos naturales. Minerales como el coltán, el cobalto, el oro o el tungsteno que, tras atravesar las fronteras congoleñas hacia Ruanda, Uganda y otros países colindantes, viajarán por el mundo hasta convertirse en teléfonos móviles, tablets y ordenadores, aparatos electrónicos sin los que ya no sabemos vivir. “Minerales de sangre”, porque su tráfico permite perpetuar el conflicto, financiar el expolio y mantener la explotación y la miseria de los habitantes de la zona.

Dentro de este “ciclo infernal”, la sociedad civil congoleña apuesta por el optimismo como herramienta de lucha. Esto es, al menos, lo que se desprende al hablar con el abad Aurélien Rukwata, director de la comisión diocesana de Justicia y Paz en Butembo (Kivu del Norte) y activista de derechos humanos. El sacerdote se niega a aceptar esta situación como una realidad inmutable. “Podemos cambiar las cosas”, afirma sin un ápice de duda. Rotundo, explica a Público que presentar los problemas del Congo como inevitables “es pereza e hipocresía, es una forma de justificar el status quo” para que nada cambie.

Presentar los problemas del Congo como inevitables “es pereza e hipocresía, es una forma de justificar el status quo”

Rukwata, coordinador del Observatorio de Recursos Naturales, se dedica, en sus propias palabras, “a la mediación de conflictos etnoterritoriales y a la gestión de los recursos naturales para que su explotación sea beneficiosa para la población del país al que estos pertenecen”. De visita en España para colaborar en la campaña #ConflictMinerals de Justícia i Pau Barcelona, el activista denuncia a Público que, en su país, “la población vive en una pobreza extrema, marginalizada”, en paralelo a sus dirigentes y a las fortunas que se extraen de su suelo. “No podemos construir las riquezas sobre la espalda de la gente”, sentencia.

Al menos 7,7 millones de personas sufren hambre en República Democrática del Congo, según el último informe de la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, que también señala que el conflicto ha obligado a 3,7 millones de congoleños a desplazarse de sus hogares. Los civiles en territorio de grupos armados son constantemente objeto de agresiones, secuestros y violencia sexual. Según un estudio de Unicef de 2014, alrededor de 40.000 niños trabajan en las minas sólo en el sur del país.

“El Gobierno es responsable”

El sacerdote rechaza echar balones fuera e insiste en que, ante todo, es responsabilidad del Estado asegurar el respeto a los derechos humanos en la explotación de los recursos naturales. “Las multinacionales intentan sacar provecho”, asume, pero “es la mala gobernanza del Estado lo que permite que los minerales alimenten el conflicto”. Para él, el Gobierno congoleño falla a sus obligaciones en tres ejes principales: “No hacen respetar la ley, no protegen los recursos congoleños fuera de sus fronteras y no entregan a la población los impuestos derivados del comercio de minerales”.

“Las multinacionales intentan sacar provecho, pero es la mala gobernanza del Estado lo que permite que los minerales alimenten el conflicto”

“El Estado ignora al pueblo, está mal conectado a él”, apunta Rukwata, que señala la corrupción como piedra angular del problema: “esto hace que las riquezas acaben en los bolsillos de los dirigentes”, afirma. Es también un Estado “débil, cuyas instituciones no consiguen hacer lo que tienen que hacer”, sostiene Rukwata, pero considera que esto no se debe a la falta de madurez que a veces se atribuye desde Occidente a los estados africanos, sino a una falta de voluntad política.

Rukwata defiende una solución a nivel local y nacional, basada en la gobernanza y en la concienciación de la población, para que “reclamen sus derechos”. “Trabajar sobre el Gobierno, los gobernados y las multinacionales, todos tienen algo que ganar” de la resolución del conflicto, confía.

La cadena del conflicto

“El conflicto no se puede ver de manera unilateral”, advierte el párroco, “es una cadena”. Un largo circuito de vendedores, países limítrofes, traficantes, funcionarios corruptos, intermediarios, compradores… Con tres flujos continuos: Armas, dinero y minerales.

Tampoco hay una única dicotomía de civiles víctimas y grupos armados agresores. La realidad es más compleja: “La población, que ha sido llevada a la miseria, a veces recurre a los grupos armados, trata de ganar algo por esta vía”, explica Rukwata. “Frustrados, a la mínima ocasión se pasan a la otra vía”, subraya, “hay un clima explosivo, con crisis sociales constantes”.

Abbé Aurélien Rukwata, sobre los minerales de sangre: “Los congoleños se ven obligados a consumir los productos que causan su sufrimiento”. Sandra Rodríguez/Justícia i Pau Barcelona

Abbé Aurélien Rukwata, sobre los minerales de sangre: “Los congoleños se ven obligados a consumir los productos que causan su sufrimiento”. Sandra Rodríguez/Justícia i Pau Barcelona

Frecuentemente se olvida que algunos de estos minerales de contrabando vuelven al país, transformados en productos elaborados que se venden en el mercado interno. “Los congoleños se ven obligados a consumir los productos que causan su sufrimiento”, se lamenta el sacerdote. “Me gustaría que algún día el Congo pudiese fabricar sus propios productos tecnológicos para su consumo. Un sacerdote puede soñar”, añade.

“Producto libre de minerales de sangre”

“Cuando un hombre sufre, hace falta ser verdaderamente sádico para alegrarse”, reflexiona el sacerdote, que no pierde la fe en la humanidad e insiste en que se pueden cambiar las cosas de una manera que beneficie a los grupos de interés y también a la población. “Hay empresas que tratan de hacer las cosas diferentes, de poner al hombre en el centro de su actividad”, argumenta. Sin embargo, no pretende dejarlo todo a la buena voluntad del poder, sino que exige una regulación comercial internacional que verdaderamente impida el uso de minerales de conflicto y devuelva a los congoleños la soberanía sobre sus recursos.

Cuando una multinacional dice que sus productos están libres de minerales de sangre, “¡no son ellos los que lo tienen que confirmar!”, exclama. “Hace falta trazabilidad”, reclama, que se documente de dónde vienen realmente los materiales. “Ellos lo saben perfectamente, no lo ignoran, ¿por qué si no lo van a ocultar?”, cuestiona. “Estáis miopes”, nos dice a los medios y a los consumidores occidentales, “vosotros sois los que estáis cerca, los que tenéis que hacerles preguntas. Vosotros sois los que nos podéis ayudar”.

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