El polémico comisario José Manuel Villarejo ha comenzado a arrastrar con él a sus primeras víctimas. Conocido por formar parte de las conocidas como ‘cloacas del Estado’, era de sobra conocido que guardaba numerosas grabaciones de personas con las que se reunía y en las que en ocasiones le hacían encargos de dudosa legalidad. Esos audios fueron todos ellos incautados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía cuando Villarejo fue detenido el pasado 3 de noviembre y enviado a prisión en el marco de la ‘Operación Tándem’.

Desde entonces, los agentes encargados de la investigación están escuchando y analizando cada uno de esos audios. Fue en uno de esos análisis cuando descubrieron que Villarejo -a pesar de estar jubilado desde hacía meses- siguió grabando a conocidos y amigos hasta su misma detención. Concretamente, el día anterior, tan sólo pocas horas antes de que la Fiscalía Anticorrupción ordenara su arresto por formar parte de una organización criminal, este comisario grabó a un inspector jefe de Policía que ya se encontraba inmerso en una investigación judicial.

De ‘Tándem’ a ‘Grapa’

Manuel Guillén había sido detenido el pasado 25 de noviembre en el marco de la ‘Operación Grapa’ también desarrollada por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción y por la que hubo una docena de detenciones. En ese operativo, se registró el domicilio de este inspector jefe en el transcurso de una investigación sobre las sospechas de la existencia de una organización criminal en el seno de la Policía, con varios funcionarios implicados, por amañar diversos contratos, como servicios de cafetería, confección de uniformes, obras o material a cambio de comisiones ilegales y prebendas de distinta índole. Entre los investigados hay varios responsables policiales de la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía, así como de la Dirección General de Tráfico.

Confesiones descubiertas a Villarejo

Guillén, que prestaba su servicio en Tráfico, fue puesto en libertad tras la operación tutelada por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid. Y unas semanas después, el 2 de noviembre, se reunió con Villarejo, ambos vecinos de la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Según ha podido saber La Vanguardia de fuentes de la investigación, en aquel encuentro Guillén confesó a Villarejo que los agentes no le habían encontrado una importante cantidad de dinero que tenía escondida en casa de su hija.

También le reconoció que guardaba dos armas que en su día pertenecieron a miembros de ETA y que tampoco se las habían encontrado. Durante aquella conversación, el inspector jefe relató a Villarejo que la causa contra él y otros funcionarios arrancó por la denuncia de un empresario, también con problemas judiciales, que había confesado los amaños. Según estas fuentes, en la grabación Villarejo se ofrece a Guillén a mandar un ‘recado’ al denunciante.

37.000 euros en el huerto

Tras escuchar el audio, a los agentes les saltaron todas las alarmas. Fue entonces cuando lo pusieron en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción y ésta solicitó al juez de la Audiencia Nacional que tiene encarcelado a Villarejo, Diego de Egea, que remitiera esa grabación al Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid a los efectos oportunos.

Y efectivamente, ese audio sirvió para que este juez, previa solicitud de Anticorrupción y Asuntos Internos, acordara de nuevo un registro al domicilio de Guillén y del de su hija. Estos registros se produjeron el pasado 6 de abril. Los agentes, guiados por la grabación, fueron hasta el huerto del domicilio de su hija. Bajo las hortalizas ahí plantadas, un detector de metales sonó. Una caja, envuelta, y dentro 37.000 euros. No era todo lo que había dicho a su ‘compañero’, pero venía a constatar la certeza de ese audio.

Dos días después de aquel registro, la juez de guardia envió a Guillén a prisión incondicional, y ahí sigue por ahora. Acudió a su ‘amigo’, éste le grabó, la Policía encontró el audio, y ahora ambos están en la cárcel. Otra consecuencia de este último registro es que el juez de Madrid podría remitir a la Audiencia Nacional el resultado de ese registro para fortalecer las acusaciones contra Villarejo, en prisión incondicional por el “elevadísimo” riesgo de fuga y de destrucción de pruebas que pesa sobre él, según ratificó la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

González, Pinto y el ‘pequeño Nicolás’ como antecedentes

Que Villarejo grababa sus reuniones era un secreto a voces. Y no tan secreto. Ya salió a la luz pública -tras salir publicado en el diario El Mundo– que había grabado al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en una cafetería madrileña en el año 2011. En esa conversación el político -años después encarcelado- pedía al comisario que tapara la investigación que tenía abierta por la compra de un ático en Estepona (Málaga).

Además, hay otra grabación entre la doctora Elisa Pinto y el exconsejero delegado de OHL, Javier López Madrid, quienes están inmersos en una causa de amenazas, intento de asesinato y acoso sexual. Ambos se acusan mutuamente y la propia Pinto identificó a Villarejo como la persona que le apuñaló supuestamente contratado por López Madrid, yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir.

En aquel encuentro grabado en 2013 y publicado por El Español, López Madrid habría acudido con el abogado de Villarejo, Rafael Redondo, quien también está investigado en la ‘Operación Tándem’ y encarcelado en prisión preventiva junto al comisario desde noviembre. En aquel encuentro no estaba Villarejo pero sí su abogado y socio y todo apunta a que fue grabado con su conocimiento e incluso sería una de las grabaciones que guardaba bajo llave en su casa hasta que la Policía se lo llevó.

La tercera grabación que se ha vinculado a Villarejo es la realizada a otro comisario de Policía, ya jubilado, Marcelino Martín Blas, junto a dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para hablar del joven investigado por varios delitos, Francisco Nicolás Gómez Iglesias. Villarejo está investigado por organizar esa grabación ilegal y hacérsela llegar al ‘pequeño Nicolás’ para intentar conseguir la nulidad de la causa contra él.

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