Mariano Rajoy nos ha sorprendido con unas manifestaciones bien extrañas, a propósito del juicio contra el Partido Popular, la gerente Carmen Navarro, el representante legal y abogado de la formación Alberto Durán y el técnico de informática que destruyó el disco duro de uno de los ordenadores utilizados por Bárcenas y se deshizo del otro.

Nos dice Mariano Rajoy, secretario general del partido político que se sentará en el banquillo de los acusados, que “los acusados actuaron de forma habitual”. Claro, debe ser muy habitual que, siendo pública y notoria una investigación contra el tesorero y gerente del Partido Popular, quien llevaba la contabilidad B del partido, se acometiera la destrucción del disco duro del ordenador utilizado por Luis Bárcenas, formateando y aplicando 35 sobreescrituras; una vez que fueron destruidos los archivos, el disco duro fue rayado a conciencia, antes de deshacerse de él.

Debe ser de lo más normal que una vez que el Juez que está investigando, requiere al Partido Popular para que entregue los ordenadores que utilizaba Luis Bárcenas, éstos se entreguen, pero se aclare que uno de los discos duros está destruido -dice el requerido “borrado”- y el otro se ha hecho desaparecer.

Así mismo, entra en la más absoluta normalidad que dicho partido político, personado como acusador popular en la Gürtel, hubiera sido expulsado del procedimiento, porque “las maniobras del Partido Popular en el procedimiento” “vienen en la práctica a contradecir” el planteamiento de que el partido “no tiene otra intención que colaborar activamente con la investigación”. Así mismo, se describen varias actuaciones que acreditan que el Partido Popular, supuesto acusador, actúa a favor de, entre otros, el extesorero Luis Bárcenas. Todo ello, según el auto judicial de 26 de abril de 2013.

El Partido Popular ya había intentado personarse como acusación popular en el denominado procedimiento “Papeles Bárcenas”, aunque no tuvo éxito, pues, según argumentó el juez, el partido se hallaba incurso en la investigación. Precisamente, se estaban investigando los asientos contables de una cuenta B, los registrados en los llamados “papeles Bárcenas”. Ya ven, todo muy habitual.

Debe ser lo más corriente del mundo que el juez que está investigando la contabilidad B o caja B del Partido Popular, denuncie mediante un auto extensamente argumentado que se han podido cometer los delitos de daños informáticos y encubrimiento: es decir, el Juez Pablo Ruz dedujo prolijo testimonio – a instancia de la asociación Observatori DESC, como acusación popular-  y lo envió a los Juzgados de Madrid -con sede en Plaza de Castilla- por la destrucción y desaparición de pruebas requeridas en una investigación en curso.

Obsérvese lo ordinario y normal que supone que esta denuncia del Juez Pablo Ruz, una vez recae en el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, se archiva, sin más, sin practicar ni una sola diligencia de instrucción, en contra de lo indicado por abundante jurisprudencia. Al menos, tendría que haberse practicado la declaración de los denunciados y realizar una mínima investigación. Contra la decisión de sobreseer y archivar, las acusaciones populares personadas presentamos recurso de apelación.

¿Qué sucedió? Algo también súper normal: el mismo día en que la funcionaria que tramitaba el procedimiento envió éste y los recursos de apelación a la Audiencia Provincial, ese día, la causa completa se extravió. Según la funcionaria, ella dejó el procedimiento en la oficina de Reparto (1ª planta) y según esta oficina, nunca se recibió el mencionado procedimiento desde el Juzgado de Instrucción nº 32 (8ª planta). Sí, como diría Rajoy, es muy “habitual” que un procedimiento -éste contra su propio partido- se perdiera entre las plantas 8ª y 1ª del edificio de Plaza de Castilla.

Tras la reconstrucción del procedimiento, hubo cambio de juez en el Juzgado de Instrucción nº 32 y asumió la titularidad la Juez Rosa María Freire. Una vez que la Audiencia Provincial decidió que la decisión de sobreseimiento y archivo no estaba fundamentada, por cuanto que aparecían elementos de la comisión de delitos de daños informáticos y de encubrimiento, la nueva juez practicó sin más dilación las diligencias de investigación y le dio un nuevo impulso: admitió documentación, tomó declaración a investigados y a testigos. Tras entender que la investigación estaba agotada, impulsó el siguiente paso legalmente establecido para que las partes acusadoras pudiéramos realizar escrito de acusación contra los investigados, entre ellos el PP. Y fíjense, qué normal todo: fue recusada dos veces y objeto de durísimos ataques. Es más, se la llegó a vincular muy “estrechamente” con un alto cargo del PSOE, incluso, veladamente, se insinuó que podría estar prevaricando.

Evidentemente, estas dos recusaciones no podían prosperar, pero debieron causar verdaderos estragos: en el evidente retraso que sufrió la tramitación de las recusaciones -más de un año- y, suponemos, en el ánimo de la juez -sí, aviso para navegantes-. Lo más normal, oigan.

El último de los recursos contra el auto de imputación formal -auto de transformación en Procedimiento Abreviado- también llevó su tiempo. Sin embargo, lo verdaderamente importante es que cuando la Audiencia Provincial resolvió este recurso -el último de los numerosos recursos presentados por los investigados, incluido el PP- la juez Rosa María Freire abrió juicio oral contra ellos.

Esta última decisión no la adoptó la juez porque quiso, sin más, sino a petición de las acusaciones populares, que no del Ministerio Fiscal; éste nunca quiso que el procedimiento naciera, continuara y culminara en juicio oral. El Ministerio Fiscal, órgano fuertemente jerarquizado, cuyo jefe máximo es designado por el gobierno, nunca vio la comisión de estos delitos, pese al parecer del Juez denunciante -Pablo Ruz-, de la juez instructora -Rosa María Freire- y de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid. Pues ya ven, todo muy aceptable y corriente.

Por último, el Partido Popular pretende eludir el banquillo de los acusados, mediante la aplicación de la doctrina Botín, que gran beneficio obtuvo para el banquero, basándose en que la Fiscalía no acusa y que el perjudicado por el delito -Luis Bárcenas- tampoco lo hace. Por lo tanto, el acusador popular no estaría legitimado para sentar en el banquillo, en solitario, al PP.

Dicha doctrina Botín, fue modulada por la doctrina Atutxa -esta sí llevó al banquillo al político vasco, por delito de desobediencia- y estableció que, aunque el Fiscal no acuse, tampoco es posible excluir a la acusación popular cuando el delito protege un interés público, cuyo perjudicado no es posible concretar en una persona determinada. Evidentemente, el delito de daños informáticos, en un principio, sería un delito privado -afectaría únicamente a Luis Bárcenas- pero en este caso concreto, es un delito “medial” para cometer el delito de encubrimiento o destrucción de pruebas. Es un delito instrumental, tan íntimamente conectado con el delito de encubrimiento que el uno sin el otro no podrían existir, en el presente caso. Y, claro, a ver quién va a poner en duda que el delito de encubrimiento es un delito de carácter general, que protege un interés público, pues el bien jurídico protegido es el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, que, en este caso concreto, fue frustrado por la acción destructiva del PP y el resto de acusados.

Esa es la tesis que hemos defendido desde la acusación popular Observatori Desc, quien impulsó la denuncia del Juez Pablo Ruz por estos delitos. Sería absurdo que se tratara de expulsar a ésta y al resto de acusaciones populares; y es que no es lógico que se nos haya permitido actuar desde el primer momento y que, ahora, por estrategias combinadas de unos y otros, no pudiéramos culminar nuestro necesario trabajo de acusar y sentar en el banquillo al partido político más afectado de la historia de nuestro país por múltiples causas de corrupción, quien no habría vacilado en burlar una de las más importantes causas judiciales, destruyendo relevantes pruebas.

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