El juez Pablo Llarena ha requerido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe a la mayor brevedad posible sobre el soporte objetivo concreto de sus declaraciones en las que supuestamente expresó tener certeza de la ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O en Catalunya, algo que el magistrado destaca que contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa.

En una providencia dictada este miércoles, el instructor señala que se ha objetado por varios de los procesados, en las declaraciones indagatorias celebradas los días 17 y 18 de abril de 2018, “la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros”, fundando sus alegatos “en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Catalunya el 1 de octubre de 2017, lo que contradice las fuentes de prueba recogida en esta instrucción”. Por ello, requiere al ministro de Hacienda “a fin de que informe a la mayor brevedad posible sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones”.

Hacienda, personada en el TS

Los procesados, entre ellos Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull fundamentan sus alegatos “en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O, lo que contradice las fuentes de prueba recogida en esta instrucción”.

Por ello, requiere al ministro de Hacienda “a fin de que informe a la mayor brevedad posible sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones”. Montoro aseguró en una entrevista en el diario El Mundo que no se han gastado fondos públicos ni en la compra de urnas para el referéndum del 1-O ni en la manutención del expresidente catalán, Carles Puigdemont, que estuvo desde finales de octubre en Bruselas y ahora se encuentra en Berlín.

De la causa se desprende una malversación de 1,6 millones

No obstante, de la causa se desprende que habrían malversado al menos 1,6 millones de euros en campañas de publicidad por el referéndum a pesar de su prohibición o por el pago de los observadores internacionales, entre otros gastos.

Precisamente, el Ministerio de Hacienda está personado como acusación particular en la causa por rebelión y malversación de caudales públicos seguida en el Tribunal Supremo a través de la Abogacía del Estado, al considerar que hay indicios de que ha habido malversación de fondos públicos que incluso podrían haber afectado al Estado.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha comunicado que valora positivamente el requerimiento del Juzgado y anuncia que aportará toda la documentación donde se detalla el control de la Ejecución presupuestaria en Catalunya desde los diversos controles que se iniciaron en 2015.

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