El juez instructor de la localidad siciliana de Ragusa, Giovanni Giampiccolo, que ha ordenado hoy liberar el barco de Proactiva Open Arms, incautado en Pozzallo, ha justificado que el comportamiento de la ONG española “fue motivado por el estado de necesidad”.

El barco de la ONG había sido inmovilizado de manera cautelar el pasado 17 de marzo tras atracar en el puerto de Pozzallo (Sicilia, sur) para desembarcar a 216 inmigrantes y se abrió una investigación por haber favorecido presuntamente la inmigración ilegal a la jefa de misión, Anabel Montes, y al capitán, Marc Reig.

El barco había sido inmovilizado tras atracar para desembarcar a 216 inmigrantes por haber favorecido presuntamente la inmigración ilegal

En el auto de 16 páginas, al que ha tenido acceso Efe, se explica que respecto a lo que ocurrió tanto en la zona de rescate de Libia como después en la de Matla hubo “desobediencia a las directivas impartidas por las autoridades dispuestas para la coordinación de los rescates, pero que esto no impide (…) que sea a causa de una justificación del estado de necesidad”.

El juez de Ragusa describe todo lo que ocurrió durante y tras el rescate de los 218 inmigrantes y en la posterior petición a Malta para evacuar a una mujer con su bebé en graves condiciones y cómo la ONG no quiso entregar a los libios a los inmigrantes socorridos, ni atracar en un puerto maltés.

Circunstancias por las que la fiscalía de Catania (Sicilia) abrió una investigación que posteriormente pasó a la de Ragusa.

Pero para el juez de Ragusa, “las operaciones de rescate de inmigrantes no se limitan a la recuperación en el mar sino que deben completarse y concluirse con el desembarco en un ‘lugar seguro’ (POS, place of Safety, en sus siglas en inglés) como está previsto en el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR) firmado en Hamburgo (Alemania) en 1979”.

Considera además que “falta la prueba de que existan POS en territorio libio, por ejemplo bajo el control de instituciones internacionales, capaces de acoger a los inmigrantes en aguas de competencia y que respeten sus derechos fundamentales”.

El auto recuerda que Malta no ha ratificado las Convenios de SAR y aquellos para proporcionar un “lugar seguro”, aduciendo a que su territorio es reducido.

También cita un informe de la Guardia Costera italiana de 2017, adjuntado por la defensa, en la que se afirma que la praxis de las autoridades maltesas es de no “responder o cooperar en las peticiones de ayuda”.

El juez también explica que durante el rescate de un tercera lancha, Italia se declaró dispuesta a dar un “puesto seguro” de desembarcó si la petición venía del Estado de bandera de la embarcación (es decir, España), como así ocurrió.

Por todo ello, concluye el auto, no se ha cometido delito y se ordena la liberación del barco.

Mientras continuará por otro lado la investigación penal, que puede durar al menos un año, como explicó en su momento a Efe el también abogado de la ONG, Alessandro Gamberini.

Gamberini destacó a Efe que la decisión de hoy se traduce en “la poca seriedad de la imputación” y afirmó que se trata “de un duro golpe” pero que el fiscal podrá impugnar esta decisión y aún queda “una larga guerra judicial”, pues “se ha ganado solo una batalla”.

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