Las reformas económicas que quedan frustradas con el adelanto electoral

[ad_1]

El anticipo electoral deja al Congreso sin desmontar la reforma laboral, sin un nuevo régimen para autónomos, sin una nueva ley de morosidad o la despenalización de los piquetes de huelga

La disolución de las Cortes Generales por la convocatoria anticipada de elecciones generales el próximo 28 de abril acabará con iniciativas parlamentarias en curso, como el desmontaje parcial de la reforma laboral, la flexibilización de la regla de gasto o los cambios en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Y es que la disolución de las Cortes Generales, prevista para el 5 de marzo por el adelanto electoral, impedirá la aprobación de todas las normas que no hayan concluido su tramitación, incluidas aquellas que aun habiendo sido aprobadas, no han concluido su tramitación en el Senado.

En el caso de la reforma laboral, pese a reclamar su derogación en sucesivas ocasiones, el Congreso concluirá su legislatura incapaz de sacar un acuerdo adelante que desmonte, siquiera parcialmente esta reforma. La iniciativa que más avanzada tenía su tramitación, que buscaba que una subcontrata pudiera empeorar las condiciones laborales, se quedará en fase de ponencia pese a haber entrado a la Cámara en 2016.

En ella el PSOE había buscado incluir la prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa, la recuperación de la ultraactividad en la negociación colectiva y el registro horario, pero aunque lograra aprobarla ‘in extremis’ en la Cámara Baja, el PP no aceptaría tramitarla de forma ‘exprés’ y sin cambios en el Senado.

Ni Ley de Morosidad ni reforma del RETA

Pendiente quedará, por ejemplo, la reforma del régimen de autónomos, pese a que la constitución de esta subcomisión para abordar esta tarea fuera aprobada en diciembre de 2016. La intención de muchos grupos era traducir estas conclusiones en una proposición de ley.

Otra de las iniciativas que no podrán ponerse en marcha son las referidas a combatir la morosidad, ya que los grupos no han conseguido un acuerdo para sacar adelante en ponencia dos iniciativas, una de Ciudadanos y otra del PDeCAT procedente del Senado, que ampliaban la regulación en esta materia, incluyendo un régimen sancionador.

El desarrollo de MIFID II queda en suspenso

También quedará en suspenso el desarrollo de la reforma de los mercados de valores, la nueva arquitectura financiera propuesta desde Bruselas con su MiFID II, que tanto el Gobierno de Mariano Rajoy como el de Pedro Sánchez han ido llevando al Congreso durante esta legislatura en forma de decretos ley.

En vigor queda las trasposiciones de mínimos realizadas vía decretos ley, pero no así la ampliación de las normas que buscaba el Congreso, que había optado por tramitar todos los decretos como proyectos de ley para poder introducir cambios. De hecho, los grupos habían optado por fusionar en una única ponencia el desarrollo de estas normas, que incluyen desde la reforma de los sistemas de pago como modificaciones del régimen de supervisión y solvencia a las entidades de crédito.

La última norma en sumarse a este ‘paquete’ de reformas contemplaba la creación de la nueva autoridad de supervisión macroprudencial llevada al Congreso por la ministra Nadia Calviño, que asistirá al fracaso de uno de sus proyectos ley, el de distribución de seguros y reaseguros de privados.

Sin reformar la regla de gasto

Asimismo, la legislatura acabará sin que el Congreso haya podido reformar la regla de gasto y dar un mayor margen a los ayuntamientos y las comunidades autónomas para emplear sus superávit, tal y como reclamaban una mayoría de grupos.

Esta reforma se ha quedado bloqueada en la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, en sucesivas ampliaciones de enmiendas, al igual como la impulsada para acabar con el veto del Senado a la senda de déficit y de deuda, que afecta también a la Ley de estabilidad presupuestaria.

Tampoco la Ley de la PAH ni la renta mínima

Otras iniciativas que aún no han salido de la Mesa del Congreso y continúan en prórrogas de plazos para presentar enmiendas son la reforma de Código Penal para despenalizar las acciones de los piquetes en una huelga, la subida del salario mínimo o la ley de la PAH sobre emergencia habitacional.

Tampoco se aprobará la iniciativa legislativa popular (ILP) para fijar una renta de ingresos mínimos para toda persona desempleada, impulsada por los sindicatos, y que en principio se encontraba en barbecho a la espera de recibir el Gobierno un informe de la AIReF para medir su impacto en términos presupuestarios y sociales.

Por otro lado, la Comisión de Hacienda del Congreso busca poder aprobar este jueves ‘in extremis’ una iniciativa ya acordada en ponencia, el proyecto de ley que regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, una trasposición de directiva europea llevada al Congreso por el entonces ministro Cristóbal Montoro en 2016.

Sin embargo, aunque sea aprobada por el Congreso y remitida al Senado –la Comisión de Hacienda tiene competencia legislativa plena–, sólo una tramitación ‘exprés’ en la Cámara Alta permitiría su aprobación definitiva antes de la disolución de las Cortes.

Para ello, tras ser aprobada por el Congreso en comisión, la norma tendría que ser calificada por la Mesa del Senado el lunes de la semana siguiente y, o bien tramitarla por la vía de urgencia y en lectura única en un sólo Pleno esa semana, o acelerar su aprobación en comisión en un Pleno la última semana de mes o el lunes día 4, antes de la disolución de las Cortes.

En todo caso, sin cambio alguno, ya que de lo contrario toda modificación tendría que volver a ser debatido y votado en el Pleno del Congreso. Sin embargo, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el Senado no prevé por el momento convocar ningún Pleno más allá del de la próxima semana, que sería el último de la legislatura en esta Cámara.

[ad_2]

Source link

Deja un comentario