PP y Ciudadanos han prometido que bajarán el IRPF si gobiernan, mientras que el PSOE y Unidas Podemos han coincidido en todo lo contrario, en subir los impuestos a grandes rentas y a grandes corporaciones.

Estas son algunas de las promesas fiscales que han anunciado los cuatro partidos ante las elecciones generales del 28 de abril y entre las que también se cuelan ayudas a familias y exenciones fiscales a los autónomos.

En este sentido, mientras el PP aboga por incentivos a las empresas que contraten mujeres después de la maternidad, Ciudadanos promete deducciones de hasta 2.400 euros anuales a las familias numerosas especiales.

Por su parte, el PSOE ha anunciado que creará una unidad para grandes patrimonios y prohibirá las amnistías fiscales, al tiempo que la gran promesa de Unidas Podemos se centra en un nuevo impuesto de entre el 2 % y el 3,5 % para las grandes fortunas y patrimonios superiores al millón de euros.

Estas son las principales propuestas fiscales de estas cuatro formaciones políticas según su representación parlamentaria.

PP:

– Reducir el tipo máximo del IRPF por debajo del 40 %, deducciones para menores de 35 años y familias con al menos un hijo y exenciones para los trabajadores que continúen su vida laboral más allá de la edad de jubilación sin cobrar pensión.

– Reducir el impuesto de sociedades por debajo del 20 % y suprimir el impuesto sobre el patrimonio, el de sucesiones y donaciones y el de actos jurídicos documentados.

– Extender a la vivienda habitual y a los planes de ahorro los beneficios fiscales que actualmente disfrutan los planes de pensiones y reducir el IBI progresivamente hasta el mínimo legal.

– Los parados de larga duración que inicien un negocio no pagarán impuestos por los beneficios obtenidos durante los dos primeros años, reducción de cotizaciones sociales para jóvenes e incentivos fiscales para las empresas que contraten mujeres después de la maternidad.

– Mejorar las condiciones de la devolución del IVA a turistas extracomunitarios e incentivos para aquellas empresas que incorporen tecnología “blockchain”.

PSOE:

– Subida de 2 puntos del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros anuales y de 4 puntos para las superiores a 300.000 euros, así como un tipo mínimo del 15 % del impuesto de sociedades para grandes empresas y del 18 % para la banca y petroleras y reducción del tipo al 23 % para empresas con facturación inferior a 1 millón de euros.

– Reducción del 100 % al 95 % de la exención sobre dividendos y plusvalías en el impuesto de sociedades, recargo a las socimis, e implantación del impuesto a los servicios digitales, a las transacciones financieras y a la fiscalidad verde.

– Incremento del 1 % en el impuesto de patrimonio para las fortunas de más de 10 millones de euros y bajada del IVA para productos de higiene femenina, libros, periódicos y revistas en formato electrónico al tipo del 4 % y para los servicios veterinarios al tipo del 10 %.

– Crear una unidad para grandes patrimonios, prohibir nuevas amnistías fiscales, y aumentar los activos de la Inspección de Hacienda para luchar contra el fraude.

– Premiar a las empresas que cuenten con planes de prevención del fraude en los procesos de licitación pública e incentivos fiscales para promocionar las startups.

– Reforzar el régimen fiscal de las cooperativas y sociedades laborales para fomentar este tipo de empresas.

UNIDAS PODEMOS:

– Elevar al 47 % el IRPF a las rentas que superen los 100.000 euros anuales y al 55 % las que superen los 300.000 euros y reducir el tipo del tramo más bajo del IRPF al 18 % desde el 19 % actual.

– Impuesto progresivo de entre el 2 % y el 3,5 % a las grandes fortunas con patrimonios superiores al millón de euros, contemplando un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros.

– Establecer un tipo efectivo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades para grandes empresas y del 20 % para la banca y petroleras, un impuesto para las compañías digitales que facturen más de 500 millones y eliminar la exención del IBI de la Iglesia.

– Impuesto a las transacciones financieras que gravaría las ventas brutas en lugar de las netas y un impuesto a la banca que aumente 10 puntos el tipo de sociedades a las entidades financieras.

– Bajar al tipo del 4 % el IVA de más alimentos y bebidas no alcohólicas, el de la alimentación animal y productos de higiene íntima femenina y situar en el 10 % el de los suministros básicos -calefacción, gas y electricidad- y los servicios veterinarios, así como subir al 25 % el IVA de los artículos de lujo.

CIUDADANOS:

– Bajar el IRPF del tramo máximo un punto hasta el 44 % para rentas de más de 60.000 euros anuales y deducciones fiscales de 1.200 euros anuales para familias con dos hijos y monoparentales con 1 hijo, y de 2.400 euros para familias numerosas con 3 hijos y monoparentales con 2 hijos.

– Bajar el 60 % el IRPF para los contribuyentes de los municipios que hayan tenido pérdidas de población en los últimos 10 años, que tengan menos de 5.000 habitantes, una densidad inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado y con una renta inferior al 75 % de la renta nacional, han añadido.

– Eliminar deducciones fiscales en el impuesto de sociedades, liberar de este impuesto a las “startups” durante los dos primeros años de su creación, suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones y reformar el impuesto de sociedades para “cerrar agujeros”. Hacer que las pymes no paguen tipos efectivos superiores a los de las grandes empresas.

– Establecer un régimen sancionador para los deudores morosos y flexibilizar los requisitos para condonar las deudas con Hacienda y la Seguridad Social a todos los deudores de buena fe.

– Restringir el pago en efectivo entre empresas y entre particulares y empresas a 1.000 euros y mantener el límite de 2.500 euros en los pagos realizados entre particulares. Garantizar el derecho de los consumidores a pagar cualquier bien o servicio con tarjeta de crédito.

– Extender la lista de morosos con Hacienda, reduciendo su umbral a 600.000 euros y endurecer las penas del delito fiscal y limitar los supuestos en los que se pueda rebajar la pena del delito mediante el pago.


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