“Lo que está diciendo Vox en Andalucía está dentro de la Constitución”. Con estas palabras, Pablo Casado salía al paso de las críticas recibidas esta semana por su pacto con la ultraderecha para gobernar en Andalucía. En la misma entrevista en Onda Cero, el líder del PP también aprovechaba para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Es lo más radical de izquierdas que nunca ha habido en el PSOE”.

No es la primera vez que Casado, licenciado en Derecho – superó el 70% de las asignaturas en solo dos años–, hace declaraciones públicas sobre la constitucionalidad de sus adversarios políticos. Hace unos semanas acusó a Sánchez de gobernar “en contra la Constitución” por no aplicar el artículo 155 en Catalunya. ” Podemos lleva fuera de la Constitución varios años y lleva diciendo desde que hay que favorecer la nación catalana, pasando porque hay que acabar con la monarquía parlamentaria y pedir la república”, dijo a principios de diciembre sobre la formación encabezada por Pablo Iglesias. “Y nadie ha dicho nada”, añadió, dejando en el aire un supuesto contraste con la acogida de Vox, aunque lo cierto es que muchas de las medidas defendidas por el partido morado –como las relativas a la jefatura de Estado– han sido señaladas por sus críticos: necesitarían una reforma de la Carta Magna. 

Cabe destacar que la Constitución de 1978 ha sido reformada en dos ocasiones tras su promulgación, ambas por exigencias de la Unión Europea. La última modificación fue aprobada por PSOE, PP y UPN en 2011 y el objetivo era reformar el artículo 135: una decisión no exenta de polémica, ya que establecía como prioridad del pago de la deuda frente al gasto social.

“Todo lo que quepa en la Constitución se puede hablar, todo lo que esté fuera de la Constitución no se puede hablar”, ha sentenciado también Casado como declaración de intenciones. Además de los 19 puntos propuestos para el Gobierno andaluz, Vox presentó en octubre un centenar de propuestas bajo el título 100 medidas para la España Viva, que ellos mismos referencian como programa electoral: buena parte de estas políticas necesitaría una revisión de la Carta Magna.

Adiós al Estado autonómico

“Transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario (…) Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España”, propone el partido de Santiago Abascal en el sexto punto del documento. En el mismo apartado, añade que “como paso previo”, las distintas Comunidades Autónomas tendrían que devolver de forma “inmediata” las competencias en materia de Educación, Sanidad, Seguridad –”supresión de las policías autonómicas”, añaden en un otro punto– y Justicia, “limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica”. 

En el caso de las  exigencias para la negociación con el PP en Andalucía -una parte sustancial no quedó plasmada en el acuerdo final-, Vox pedía “una declaración institucional de la presidencia de la Junta a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias” que apuntaban en su programa (aunque aquí cambiaron ‘Seguridad’ por ‘Orden público’). También pedía una reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía -que a su vez necesita el visto bueno del Congreso- para que desapareciera de su redacción el término “realidad nacional”. De hecho, en otro punto del documento piden que el Día de Andalucía dejara de ser el 28 de febrero [ fecha en la que se aprobó la autonomía de la región] para ser el 2 de enero, conmemorando así la conocida como Reconquista: la expulsión de los musulmanes por parte de los Reyes Católicos en 1492.

Sería el fin de lo que en la Transición -y también años después- se llamó el ‘café para todos’. Ya en su artículo 2, la Constitución se establece que el texto “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, pero acto seguido también “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

El texto también aclara que “el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses” (artículo 137).

No obstante, las competencias cedidas a las autonomías están recogidas como posibilidad a lo largo de la Carta Magna; es decir, no se establece qué administración tiene que hacerse cargo de Sanidad o Educación, ni tampoco se insta a que existan policías o tribunales regionales. Todo ello se desarrolló posteriormente en los distintos estatutos de autonomía, donde las distintas regiones adoptaron estas tareas.

Eso sí, la Constitución no recoge mecanismo alguno para la disolución de las comunidades autónomas, extremo que tampoco se establece en las mencionadas legislaciones regionales. Lo más parecido al respecto es el ya conocido artículo 155 que, aunque ya ha sido aplicado, no tiene desarrollo legislativo posterior. En este punto, se da al Gobierno central la posibilidad de “adoptar las medidas necesarias para obligar” a las autonomías a cumplir, si no lo hicieran, con “las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan” o actuara “de forma que atente gravemente al interés general de España”.

Las lenguas cooficiales, en cuestión

En su artículo 3, la Constitución determina la cooficialidad de las lenguas en determinadas regiones, pero deja su desarrollo legislativo en manos de los estatutos. “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”, añade en el mismo apartado. En el caso de la enseñanza en estas lenguas, también se incluye la posibilidad de que las regiones asuman esta competencia en sus estatutos, cosa ya ocurre en Catalunya, Euskadi y Galicia.

En su programa electoral, Vox insta a cumplir “estrictamente el mandato constitucional de que todos los españoles tienen el derecho a utilizar el español” para, acto seguido, añadir la eliminación del “requisito del conocimiento de la lengua cooficial en el acceso a la función pública”. En cuanto a Educación, proponen que “el español debe ser lengua vehicular obligatoria y las lenguas cooficiales como opcionales”, lo que podría suponer la pérdida en la práctica de la cooficialidad.

En el caso de las exigencias al PP para apoyar su llegada a la Junta, el partido de extrema derecha hablaba directamente de “evitar la discriminación de los andaluces
que viven en otras regiones”. Así, se pedía “asistencia legal y económica de la Junta para que los andaluces que residan en otras comunidades no se vean obligados a escolarizar a sus hijos en una lengua regional”.

Ley electoral: distrito único para “una parte”

La formación de Abascal también pide un cambio de la ley electoral, aunque no entra en detalles sobre esta. “Reforma del sistema electoral para que valgan lo mismo el voto de todos los españoles y los diputados respondan ante los electores y no tanto ante los partidos políticos”, reza el programa de Vox, que también añade que “una parte” de los representantes serán elegidos en distrito único para toda España.

Aunque para una reforma electoral no necesita de una reforma constitucional -por ejemplo, hace poco se hizo un cambio-, la Carta Magna sí estableció un pequeño marco para lo que después sería la Ley Orgánica 5/1985 del régimen electoral general. “La circunscripción electoral es la provincia”, se apunta en el artículo 68.2.

Cerco al islam y libertad religiosa

A nivel estatal, el programa de Vox no incluye propuestas que mencionen expresamente el cristianismo o la religión católica, aunque sus dirigentes sí han hecho gala de esta. La doctrina que sí aparece en varios puntos es el islam. Entre otras cosas, se pide su “exclusión de la enseñanza” en la escuela pública.

En el punto 23 del programa electoral de la formación de ultraderecha se pide el “cierre de mezquitas fundamentalistas” y la “expulsión de los imanes que propaguen el integrismo, el menosprecio a la mujer o la yihad”. En la siguiente propuesta, se destaca la “prohibición de erigir mezquitas promovidas por el wahabismo, el salafismo o cualquier interpretación fundamentalista del islam”.

Esta religión también aparece en el caso de las propuestas presentadas inicialmente para llegar a un acuerdo con el PP en Andalucía. En concreto, pedían la “supresión de subvenciones a asociaciones islámicas”.

La Constitución tiene un total de tres referencias a la religión. La primera (artículo 14), para dictaminar la igualdad ante la ley con independencia de las creencias religiosas de cada persona. Después, en el artículo 16, se “garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. Es decir, los límites para las creencias son los actos, no las religiones.

“Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”, añade otro punto del mismo artículo, que se completa con lo siguiente: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

La última referencia a esta cuestión se encuentra en el artículo 27, dedicado a la enseñanza: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

“Supresión de organismos feministas radicales”

La “drástica reducción del gasto político” es otra de las bazas de Vox, que pide la “eliminación de cargos y organismo duplicados, ideológicos o por cualquier razón prescindibles” y la “supresión de organismos feministas radicales subvencionados”. En el caso de Andalucía, pedían en concreto la eliminación de las subvenciones a asociaciones y ONG “ideológicas” -“aquellas dedicadas a la promoción de determinada visión ideológica”, explican.

Cabe recordar que la Constitución también promulgó la libertad ideológica (artículo 16, el mismo que establece la libertad de culto).

Reforma del CGPJ y eliminación del Constitucional

La formación liderada por Abascal también propone una “reforma judicial para una independencia real del poder político”. Que “la totalidad de los miembros del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por concursos de méritos por y entre quienes son parte de la comunidad de la Justicia” es una de las medidas al respecto.

Se trata de una propuesta que entraría en conflicto con el artículo 122, en el que se indica que entre los veinte miembros del CGPJ, se elegirán “doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.

El otro punto es el la eliminación tanto del Tribunal Constitucional -“sus funciones las asumirá una sala sexta del Tribunal Supremo”- como del Jurado. Solo el Tribunal Constitucional tiene un título propio -el IX- en la Carta Magna de 1978 para explicar sus planteamientos básicos. En su artículo 125, se establece la figura del Jurado: “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado”.

Los “privilegios” penitenciarios

Vox apunta a la “eliminación de los privilegios penitenciarios (salarios, seguridad social) a los presos condenados por terrorismo y a inmigrantes ilegales” entre las 100 medidas para la España Viva.

En el artículo 25 -dentro del Capítulo segundo, del Título I, el de mayor protección jurídica- se aclara que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”. También que “el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria”.

A esto añade que “en todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”. En otras palabras: lo que Vox describe como “privilegios penitenciarios” son derechos consagrados con el máximo respaldo constitucional.




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