El caso Palau ya tiene sentencia. Las penas más altas son, como se esperaba, Para Fèlix Millet y Jordi Montull. Además, Convergència Democràtica de Catalunya deberá devolver los 6,6 millones que obtuvo de forma ilícita a través de las mordidas de Ferrovial, que luego se benefciaba con la adjudicación de contratos públicos.

La sentencia no es firme y todavía cabe recurso contra ella. Varias partes ya han anunciado que acudirán al tribunal de instancia superior al calificar de injusto el fallo de los tres magistrados de la sección décima de la Audiencia Provincial de Barcelona. Estos son los principales acusados y los hechos que se les atribuyen en el documento de más de 500 páginas que se ha hecho público este lunes.

Fèlix Millet

Fèlix Millet, expresidente del Palau de la Música, tiene una condena de nueve años y ocho meses de prisión, la más alta de la sentencia. Según el fallo de la sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, es autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, de un delito de falsedad contable y de falsedad en documento mercantil cometido por funcionario público, de un delito de continuado de tráfico de influencias, de un delito de blanqueo de capitales y de un delito contra la Hacienda Pública. Deberá devolver 2,8 millones de euros. Su mujer, Marta Vallès Guarro, y su hija, Laila Millet Vallès, han sido declaradas partícipes a título lucrativo.

El fiscal exigía 14 años y 9 meses de prisión y el pago de una multa de 22 millones de euros para él.Ya reconoció que se había apropiado de fondos de la entidad que presidía en beneficio propio y que desvió comisiones a CDC. Antes de que acordara su confesión, la fiscalía solicitaba para él 27 años de cárcel.

Jordi Montull

Era la mano derecha de Millet en el Palau. Ha sido condenado a 7 años y seis meses de prisión. El fallo lo señala como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por funcionario público y delito de falsedad contable, de un delito de tráfico de influencias, de un delito de blanqueo de capitales y de un delito contra la Hacienda Pública, como Millet.Tiene que devolver 701.179 euros. Su mujer ha sido declarada partícipe a título lucrativo.

La Fiscalía reclamaba para él 10 años y 10 meses años de cárcel y 22 millones de euros. Antes de su confesión, la petición del ministerio público ascendía a los 27 años de cárcel.

Gemma Montull

Hija de Jordi Montull, era la era la responsable financiera del Palau de la Música. Fue quién desató la ola de confesiones. Ha sido condenada a cuatro años y seis meses de prisión por un delito de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, por un delito de falsedad en documento mercantil cometido por funcionario público y un delito de falsedad contable y un delito continuado de tráfico de influencias y de blanqueo de capitales, como Millet y su padre. También tiene una multa de 2,6 millones de euros.

La petición de cárcel en su caso es de 2 años de prisión y diez millones de euros, por lo que evitaría entrar en prisión. La otra opción que planteó la fiscalía era tres años de cárcel. Antes de la confesión afrontaba 26 años de cárcel.

Daniel Osàcar

Era el tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya y gerente de la fundación CatDem, que tomó ese nombre tras el estallido del caso Palau, antes era la fundación Trias Fargas. Ha sido condenado a cuatro años y cinco meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, de blanqueo de capitales, y falsedad contable y documental. Tiene una multa de 3,7 millones de euros.

El fiscal solicitaba para él 8 años y una multa de 20 millones de euros. Estaba acusado de cobrar mordidas de Ferrovial a través de la institución. En el juicio negó la presunta trama de pago de comisiones de Ferrovial para que el Govern adjudicara a la constructora obras públicas como la Ciutat de la Justicia o la línea 9 del Metro. Afirmó que los convenios de CDC y el Palau a través de los cuales sospecha la Fiscalía que se canalizaban parte de las mordidas de la constructora eran legales y buscaban fomentar la cultura catalana.

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)

Convergència Democràtica de Catalunya, el partido que fundó Jordi Pujol y que ahora está en fase de liquidación tras su refundación en el PDeCAT. El ha sido condenado por las comisiones que cobraba por el tráfico de influencias y deberá devolver los 6 millones de euros que obtuvo gracias al desvió de dinero. Quien debe responder económicamente es el PDeCAT. Tiene embargadas 15 de sus sedes por el caso Palau.

La sentencia confirma las comisiones del 4% de Ferrovial a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública. CDC se quedaba el 2,5% y el 1,5% restante iba a parar a Millet y Montull (el 80% se lo quedaba el presidente del Palau y el 20% el director general)

Directivos de Ferrovial

Los directivos de Ferrovial que habían sido acusados por la Fiscalía por el pago de las comisiones han sido absueltos al haber prescrito el delito societario de administración desleal y la acusación de tráfico de influencias. Pedro Buenaventura fue director general de Ferrovial y ahora no está en la compañía. Juan Elízaga es el director de relaciones institucionales de la empresa. Para ambos la Fiscalía pedía, tras la confesión de Millet y Montull, una pena de 5 años de cárcel y 10 millones de euros de multa. El ministerio público elevó tras el juicio su petición de condena para ellos tras las confesiones.

Otros acusados

Raimón Bergós Civit y Santiago Llopart, abogados del Bufet Bergós, han sido condenados a dos años de prisión y una multa de 7.500 euros y un año y nueve meses de prisión y una multa de 2.700 euros respectivamente, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. Ambos han sido absueltos de los delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Los empresarios Pedro Luis Rodríguez ASilvestre, Vicente Muñoz García y Juan Antonio Menchén Alarcón acumulan una pena de prisión de un año y nueve meses y multas de 2.700 euros por delito de falsedad en documento mercantil.

El asesor fiscal Edmundo Quintana ha sido condenado a ocho meses de prisión y una multa de 274.874 euros -la mitad del importe defraudado- por un delito contra la Hacienda Pública. Ha sido absuelto del delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil cometido por particular.

Los empresarios Miguel Giménez-Salinas Lerín y Juan Manuel Parra González han sido condenados a ocho meses de prisión y una multa de 900 euros por un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular . Acumulan las penas más bajas.

El empresario Marc Martí Ramón ha sido absuelto del delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular al haber prescrito los hechos que se le imputaban. Rosa Garicano Rojas, del equipo directivo de Millet en el Palau de la Música, ha sido absuelta de todos los delitos que se le imputaban.

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